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El nuevo gobierno de Donald Trump lleva poco más de cuatro meses en el poder, y las decisiones que ha tomado en materia migratoria son cada vez más duras. Esto se evidencia en varias imágenes como la militarización de Los Ángeles durante redadas contra indocumentados, en la separación familiar, las deportaciones y el visto bueno que recibió la Corte Suprema para eliminar la protección temporal a los venezolanos. A esto se sumaría una nueva medida: un impuesto del 3,5 % a las remesas enviadas por migrantes que no tienen ciudadanía ni residencia permanente, incluida en el proyecto fiscal del republicano, al que todavía le queda pendiente una votación en el Senado.
En caso de ser aprobado, sería la primera vez en la historia moderna de Estados Unidos que se adopta una medida de este tipo, la cual se convertiría en una estrategia más para desincentivar la migración hacia ese país. Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara de Representantes, donde la iniciativa ya fue aprobada, lo expresó en estas palabras: “Este proyecto es un ataque frontal a las comunidades migrantes (...). También les cobra por ayudar a sus familias”. La medida podría afectar a cerca de 40 millones de personas, según el Centro para el Desarrollo Global, si se incluye a quienes tienen green card y a los trabajadores temporales.
Detrás de esta propuesta se esconde el mismo argumento de siempre: el miedo a los pobres, lo que Adela Cortina, filósofa española, denominó “aporofobia”, palabra reconocida desde 2017 por la Real Academia Española (RAE). Tomás Páez, sociólogo y director del Observatorio de la Diáspora Venezolana, pensó en este término para explicar la estigmatización que pesa sobre las personas migrantes, que se refleja, entre otras cosas, en la intención de cobrar por el envío de remesas, en un país donde viven cerca de 13 millones de indocumentados. El 80 % de ellos lleva al menos 12 años en esa situación de irregularidad; algunos incluso suman tres décadas.
Aunque Páez considera que ese gravamen también impactaría la economía local, el golpe más fuerte se sentiría en países con mayor presencia de su diáspora en Estados Unidos. Este es un momento particularmente crítico para que entre en vigencia una medida así, pues en 2024 los migrantes enviaron más de US$160.000 millones a América Latina y el Caribe, siendo México el principal receptor (US$64.700 millones), seguido por Guatemala (US$21.500 millones), de acuerdo con los datos recopilados por el Banco Interamericano de Desarrollo. Además, si se tiene en cuenta que las remesas representan del 20 % al 30 % del producto interno bruto (PIB) de países como Honduras, El Salvador, Nicaragua y Haití, aumentar el costo de enviarlas desincentivaría ese esfuerzo.
Las remesas elevan el nivel de vida de las familias receptoras, previenen su caída en la pobreza y contribuyen al sostenimiento de las economías locales. Además, son fundamentales para cubrir las necesidades básicas, como manutención, salud y educación. En menor medida, aportan para el ahorro, los emprendimientos, el pago de deudas o la adquisición de inmuebles. Sin embargo, Páez duda que el impuesto logre frenar el envío de ese dinero, porque, en su opinión, “las personas lo van a seguir haciendo”. Él recordó que cuando los españoles que migraron durante el franquismo recurrieron a terceros o incluso al sistema postal para hacer llegar las remesas a sus allegados. En el caso de Estados Unidos, esto podría derivar en la creación de canales informales de transferencia, a través de individuos u organizaciones, lo que pondría en riesgo la seguridad financiera.
Andrew Selee, presidente del Instituto de Políticas Migratorias, aseguró que esta propuesta de Trump de gravar el dinero enviado por los migrantes a sus países de origen ya había sido discutida en debates estatales, por lo que no le sorprendió que fuera incluida en el presupuesto federal republicano. “Si bien es un tema más debatido en la política local, la sorpresa fue que se incluyera ahí a los migrantes legalizados”, añadió. Con esta medida, los países más afectados serían India y México, seguidos de El Salvador, Honduras, Guatemala y Haití. En Colombia y Venezuela, por su parte, el impacto sería menor, lo que se explica, según Páez, porque sus diásporas están más regadas por el mundo y no se concentran solo en Estados Unidos.
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