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Fuentes de la Casa de Nariño le confirmaron a este diario que los expedientes disciplinarios y penales que pesan sobre Daniel Garcés Carabalí, exembajador de Colombia en Ghana, habrían derivado en un desgaste para la labor que se planeaba encomendarle en la Agencia Nacional de Tierras (ANT), como director técnico en el área de Asuntos Étnicos. Así las cosas, el proceso se frenó aún cuando contaba con el aval del presidente Gustavo Petro.
De acuerdo con las fuentes, este miércoles se hará pública la decisión del revés para ese nombramiento en una entidad clave para la reforma agraria del Gobierno. De hecho, cabe resaltar que en la noche de este miércoles, en la Casa de Nariño, el presidente Petro reunió a sus ministros y altos funcionarios para tocar el tema del a la tierra para campesinos y otras comunidades.
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Si bien Garcés Carabalí siempre ha dicho que es inocente de los cargos que se le endilgan, la expareja del exdiplomático de la actual istración fue reconocida como víctima dentro de un proceso disciplinario y, por lo mismo, las indagaciones siguen adelante, esto por los señalamientos de presunta violencia intrafamiliar.
Garcés es abogado y de empresas, con un máster en Derechos Humanos, Interculturalidad y un doctorado en Ciencias Jurídicas y Políticas. Tiene experiencia en la Defensoría del Pueblo, en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de la OMI, en WWF Colombia y en el Ministerio del Interior.
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El escándalo que habría frenado su nombramiento se conoció en febrero pasado, cuando la Procuraduría abrió una investigación luego de que se conocieran denuncias que señalaban que Garcés Carabalí no solo habría incumplido el acuerdo sobre la tenencia de sus hijos, sino que además habría ejercido actos de violencia contra su expareja.
Tras la determinación del Ministerio Público, la Cancillería solicitó la renuncia de Garcés. El 11 de marzo pasado, presentó su renuncia al cargo diplomático. En su carta, el funcionario aseguró sobre el caso en cuestión que “he obrado en estricto derecho y he recurrido a las normas colombianas que protegen los derechos de mis hijos que han sido maltratados”. Y agregó que “busqué directamente (...) dialogar con la madre de mis hijos, cosa que no fue posible toda vez que se negó a dialogar y conocer lo que sus hijos estaban refiriendo como profundas agresiones de su parte”.
La Procuraduría reconoció a la expareja del embajador como víctima y subrayó la importancia de aplicar el enfoque de género en este tipo de casos, a fin de garantizar una protección efectiva a las víctimas. El organismo de control recordó que, de acuerdo con las leyes nacionales y los tratados internacionales ratificados por Colombia, las mujeres tienen derecho a no ser sometidas a tratos crueles y degradantes, a la igualdad real y efectiva, a la seguridad personal y a vivir libres de cualquier forma de discriminación o violencia.
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