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En una carta de cuatro páginas, el expresidente César Gaviria le notificó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) lo que para él son “los preocupantes ataques, amenazas y actos de persecución” en contra de los senadores de la Comisión Séptima que firmaron ponencia negativa de la reforma laboral y posiblemente buscarían repetir la jugada en el debate de la reforma a la salud.
La denuncia está relacionada con la puja que se desató entre el Gobierno y el Congreso por esa decisión, la cual, de hecho, llevó al presidente Gustavo Petro a hablar una vez más de “bloqueo institucional” y a convocar una consulta popular para preguntarles a los colombianos si quieren las reformas. Desde el Congreso, varias figuras señalaron que se trata de una violación a la separación de poderes y que la reacción del presidente y su bancada pone en riesgo la vida de varios opositores.
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“Las acciones de intimidación han escalado hasta niveles inaceptables, poniendo en riesgo la vida, la seguridad y la reputación de los congresistas y sus familias. En particular, nuestro senador Miguel Ángel Pinto”, dijo Gaviria en la misiva, en la que también recordó que la hija del congresista, Silvia Pinto, fue despedida arbitrariamente del Fondo Nacional del Ahorro tras la radicación de la ponencia.
“Lamentablemente, la persecución no se limita a él. Otros senadores que también participaron en la firma de la ponencia de archivo han recibido amenazas y presiones similares. Honorio Henríquez, Alirio Barrera, Esperanza Andrade, Nadia Blel, Berenice Bedoya, Lorena Ríos y Ana Paola Agudelo han sido señalados y atacados por ejercer su derecho constitucional a deliberar y votar en el Congreso”, agregó el expresidente.
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Según el jefe liberal, lo más preocupante es que las amenazas no son de sectores aislados, sino impulsadas por el gobierno. “Con ello, han abierto la puerta a un clima de hostilidad que ha derivado en amenazas de violencia, atentando contra su derecho a ejercer su labor legislativa sin presiones ni coacciones”, agregó.
Por otra parte, en la carta habló del “desacato” del Ejecutivo a las órdenes de la Corte Constitucional en temas de salud, esto relacionado con los dineros de la UPC. De acuerdo con Gaviria, es “inaceptable” que, en un Estado de derecho, el poder Ejecutivo ignore los mandatos judiciales y busque imponer su agenda.
“Es imperativo que se adopten medidas de protección inmediatas para evitar cualquier tipo de agresión contra ellos y que se investiguen de manera rigurosa las amenazas y actos de persecución que han sufrido (...) Esperamos que la CIDH actúe con la celeridad que este caso amerita, en defensa de los derechos humanos y de los principios democráticos que deben regir a toda sociedad que aspire a la justicia y a la libertad”, concluyó Gaviria.
Esta es la denuncia de César Gaviria ante la CIDH
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