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Este sábado, la Procuraduría General de la Nación, encabezada por Gregorio Eljach, le pidió al Consejo de Estado negar la solicitud de un ciudadano que busca suspender los efectos de la votación del Senado que rechazó la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro.
El Ministerio Público afirmó que, en este punto del proceso, no se evidencia una violación al orden jurídico en el acta que consolidó los resultados de la sesión del 14 de mayo, cuando la plenaria del Senado negó la convocatoria al mecanismo de participación ciudadana con 49 votos contra 47.
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“Lo que se advierte son consideraciones e interpretaciones particulares, no pruebas claras de una irregularidad”, indicó la Procuraduría. Por eso, añadió, no se justifica aplicar la medida cautelar solicitada.
La petición de la Procuraduría llega en medio de otra polémica por un fallo judicial relacionado con lo que sucedió en el Salón del Senado ese 14 de mayo. Este viernes, el Juzgado Sexto Civil de Bogotá ordenó al presidente del Senado, Efraín Cepeda, resolver en 48 horas la apelación interpuesta por la senadora María José Pizarro. Cepeda respondió que dicha apelación de la congresista del Pacto Histórico ya fue contestada en un oficio del 21 de mayo.
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Sin embargo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que “solo la plenaria del Senado es quien puede resolver una apelación, y no con una carta de Cepeda, que levantó la sesión para impedir la apelación”.
Por el momento, ha trascendido que todos los ministros fueron ados desde la Casa de Nariño para que firmen lo antes posible el decreto que ha sido tan cuestionado por los poderes Legislativo y Judicial y que, una vez cuente con todas las firmas, será remitido a la Corte Constitucional.
Incluso, en medio de las especulaciones sobre lo que podría suceder con los ministros que firmen el documento, incluyendo eventuales denuncias por prevaricato, el presidente le hizo una advertencia clara a su gabinete: “Ministro que no firme el decreto presidencial de inmediato se va”.
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