Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Ya pasado el remezón de su salida y las declaraciones de un lado y otro, ¿se siente tranquila con sus ejecuciones en el ministerio y, también, con su retiro pese al desagradable contrapunteo que surgió en ese momento?
Me siento muy tranquila porque fui coherente conmigo misma y porque cumplí, a cabalidad, mis funciones dentro de la Constitución y la ley. Mi retiro tuvo mucha reflexión de mi parte porque me gustaba la actividad que estaba desarrollando en el ministerio: la hice con agrado y disposición, además del conocimiento que pude aportar. Sin embargo, era necesario que me apartara del cargo debido a que no podía tomar decisiones oficiales mediando razones de terceros en asuntos de importancia que merecían ser sopesados con el presidente y asumidos con su acuerdo y decisión. Renuncié de manera irrevocable porque siempre tuve claridad en el sentido de que la función del ministerio de Justicia y mi estatus como delegada del presidente de la República para los temas de competencia de la cartera, debían ser jurídicos, legales y constitucionales.
Cuando usted habla de “razones de terceros”, se refiere, como ya lo ha dicho, a los mensajes y llamadas de la directora del Departamento istrativo de la Presidencia (DAPRE) y del ministro del Interior ¿Por qué la molestaron tanto esos mensajes?
Primero, porque se presentó la mediación de esos terceros sin que yo supiera cuál era la posición del presidente. Segundo, porque siempre que tomaba decisiones de carácter oficial, lo hacía teniendo en cuenta las reglas jurídicas y las disposiciones legales sin que incidieran intereses personales o de los intermediarios. No tengo ningún problema en asumir situaciones complejas como las que referencié en las denuncias que he hecho públicas pero, siempre, actuando con transparencia y en el marco de la ley. Las indicaciones que enviaba por WhatsApp la directora del DAPRE, eran poco claras y, por ejemplo, contrarias a los manuales como cuando solicitó nombrar a una persona que no tenía los requisitos para el cargo.
Para poner en contexto lo que ha dicho, si las mismas indicaciones que le transmitieron Rodríguez y Benedetti se las hubiera dado el propio presidente ¿cuál habría sido su posición: de rechazo o de aceptación?
Le hubiera explicado que es imposible, jurídicamente hablando, que la ministra de Justicia haga ciertas cosas. Le doy otro ejemplo: yo no podía suspender una licitación de una entidad adscrita al ministerio como el INPEC, porque no tengo la facultad legal de hacerlo. No hubiera dejado de cumplir los requisitos de ley aunque me lo hubiera exigido el presidente. El INPEC es un ente autónomo y, fuera de ese hecho, detener un proceso licitatorio tiene connotaciones legales y responsabilidades. No se trataba, simplemente, de mandar un mensaje – en este caso, de la directora del DAPRE – que decía: “porfa suspender la contratación de trajes del INPEC me dice el JM”.
¿Quién es “el JM”?
No lo sé. No lo identifico en la estructura del Ejecutivo.
Pese a que insista en que usted no tuvo ningún conflicto interno, parece que algunos funcionarios se molestaron con usted debido a sus declaraciones ¿La inquieta esta posibilidad?
No, para nada. Para pelear se necesitan dos y yo no estoy en ello.
Usted ha dicho que venía pensando en su retiro desde marzo pasado ¿Por qué? ¿Por qué estaba cómoda en su cargo antes de ese mes y qué la incomodó después?
Cuando empecé, en julio de 2024, desempeñé mi cargo de manera autónoma y nunca tuve una orden contraria del presidente. Con él no tuvimos ninguna discusión por alguna decisión que yo hubiera tomado o por una posición que hubiera asumido. No obstante, a partir de marzo - abril, empecé a recibir injerencias sobre cambios de funcionarios que contaban con toda la capacidad y el conocimiento para desempeñar sus cargos y que venían trabajando, en cada una de las direcciones, de manera adecuada. Ocurrió con la Dirección de Política de Drogas en donde querían nombrar a una persona que no tenía los requisitos. Una posición de esa envergadura no puede depender de los amigos ni de los favores que se quieran hacer. Debe ser asignado a quien tenga la posibilidad real de materializar las funciones que queden bajo su responsabilidad. Las capacidades y competencias no pueden ser simplemente ignoradas.
Con su experiencia de ministra antes y después de la presencia de Benedetti en la Casa de Nariño, ¿se puede decir que el ministro del Interior influye tanto que cambió las relaciones del presidente con los demás del alto gobierno?
Solamente digo lo que me consta. La verdad, sobre ese aspecto en particular no puedo decir nada. Lo que sí puedo afirmar es que cada vez que yo solicitaba una reunión, el año pasado, para temas importantes con el presidente, obtenía los espacios necesarios. A partir de febrero o marzo de este año fue muy difícil hablar con él, salvo la reunión que tuvimos en Acacías en abril pasado.
Febrero y marzo fueron los meses en que se afianzaron Benedetti y Rodríguez en la Casa de Nariño. Entonces, ese par de funcionarios sí ha incidido en las relaciones internas del alto gobierno ¿Algún comentario sobre este tema?
No, ninguno.
Benedetti ha insistido en que nunca le pidió nombrar a alguien pero usted lo mencionó como uno de los funcionarios que trató de interferir en sus competencias. Exactamente ¿cómo fue la intromisión del ministro del Interior en el ministerio de Justicia?
Nunca afirmé, en ningún medio, que Armando Benedetti me pidió puestos. Conté que me llamó después de Angie Rodríguez (directora del DAPRE) para pedirme que hiciera renunciar al director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC. Luego me volvió a llamar para preguntarme por qué no había salido ese funcionario. En primer término, le expliqué que el director de esa entidad era una persona competente; y, en segundo lugar, le informé que su nominador era el presidente y que, por tanto, yo no podía arrogarme la facultad de aceptar una renuncia que no dependía de mi despacho.
Por lo que me he enterado, no solo usted sino los ministros de Justicia de varios gobiernos, se han enfrentado al mismo lío con el manejo de la USPEC. Esa entidad es muy apetecida por los políticos poco transparentes, debido a su enorme presupuesto (casi $2 billones) y a la cantidad de contratos que ejecuta. Cuando usted se posesionó, ¿le sugirió al presidente nombrar al director que un año después Benedetti quería sacar?
No. Cuando yo llegué, el director de la USPEC ya estaba en su oficina. Empecé a trabajar con él y me di cuenta de sus capacidades y competencias, además de que estaba disponible 24 horas para un trabajo que requiere toda la disposición por los requerimientos permanentes en las cárceles de todo el país, entre otros, la alimentación, la salud de las personas privadas de la libertad (PPL), los trabajos urgentes de infraestructura, etc. Pero le pidieron la renuncia y su retiro se concretó poco después.
Si no fue usted, ¿quién le pidió la renuncia al director de la USPEC?
Según él me dijo, se la exigió Angie Rodríguez.
¿El DAPRE tiene facultades para pedirle la renuncia al director de la USPEC?
No.
Entonces, ignoraron su posición ¿Cuáles condiciones debe tener, a su juicio, la persona que maneje una entidad con semejante presupuesto y con tareas tan complejas de ejecutar y controlar?
Al frente de esa entidad tiene que estar una persona que conozca el campo carcelario y que se someta a controles permanentes puesto que es una de las entidades adscritas que mayores recursos tiene para la contratación. Precisamente por lo que ya se sabía desde las épocas de istraciones anteriores, yo no quería arriesgarme a que la USPEC fuera manejada de manera indebida o inadecuada. Cuando entré al ministerio de Justicia, se comentaba que en la Unidad de Servicios Penitenciarios había muchos funcionarios nombrados por padrinazgos políticos. Recuerdo que en una de las llamadas que me hicieron en ese momento, 11 de abril, cuando me informaron que querían sacar al director de la USPEC porque este “era de Pinto” y que por eso se tenía que ir, no entendí por qué tenía que desconocer el trabajo eficiente y adecuado de alguien en un cargo debido al comportamiento de otra persona de apellido Pinto. No me cabe en la cabeza la responsabilidad en cuerpo ajeno.
Precisamente se ha publicado que el exdirector de la USPEC, Ludwig Valero, a quien, en efecto, sacaron sin su consentimiento, era una “cuota” del senador liberal Miguel Ángel Pinto quien, a su vez, fue uno de los congresistas que hundió la reforma laboral y uno de los más agresivos opositores del gobierno ¿Usted desconocía el presunto vínculo entre Valero y Pinto?
Nunca supe de la afiliación política del director de la USPEC. Como ese no es el punto que me lleva a calificar a un funcionario sino su eficiencia, su conocimiento y su capacidad laboral, realmente no me interesó averiguar por sus relaciones políticas.
En los corrillos del Congreso se sabe que, en varios gobiernos, los liberales “piden” la USPEC lo cual, ciertamente, despierta sospechas. En su opinión conocedora de lo que ahí se cocina, ¿la corrupción puede permear esa entidad fácilmente por el presupuesto y los contratos?
Pienso que uno tiene que ser muy transparente para nombrar a una persona en un cargo donde se maneja tanta plata, tanta contratación y tanto poder. Y también creo que es importante enfatizar en que son las investigaciones penales y sus resultados, los que deben dar la certeza sobre si existe corrupción o si se utilizan, de manera indebida, las entidades por presiones políticas o por presiones para adjudicar algunos contratos. Yo misma denuncié unos hechos en diciembre del año pasado ante la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía solamente porque había rumores. La Contraloría me contestó que los procesos contractuales de ese mes no tenían ninguna anotación y que, además, ese organismo había estado presente en el proceso de adjudicación. Fuera de la percepción que ya tenía de eficiencia en el trabajo, esa respuesta me permitió tener tranquilidad sobre las competencias del hoy exdirector de la USPEC.
Benedetti ha dicho algo chocante pero cierto: ministro o funcionario que no se identifique con el Gobierno y con el presidente, debe irse. Hasta el momento de su renuncia, ¿usted se identificaba con la istración y el mandatario, y cambió de opinión o la historia no es tan simple?
A ver, yo creo que uno puede hacer parte de una istración sin hacer parte de su partido político. Pero sí debe compartir elementos que se trazan en el proyecto, como el Plan Nacional de Desarrollo y el plan de Gobierno. Me identifico con varias líneas de pensamiento del presidente Gustavo Petro. Creo que hablar de seguridad humana con dignidad, con humanización, sin corrupción, con protección de los derechos humanos, es una línea que siempre he seguido como abogada, como fiscal, como persona y, obviamente, como ministra. Pero también es necesario decir que el ministro o funcionario de un gobierno no puede ser simplemente una foca que todo lo aplaude ni un perrito de taxi que dice sí a todo. Por el contrario, pienso que parte de las obligaciones de los funcionarios consiste en advertir a sus compañeros o al propio presidente sobre los elementos que puedan ser negativos o que sean contrarios a derecho. Cuando uno es abogado, siempre tiene la responsabilidad de informar a su jefe o colegas de las conductas que no considera acordes a derecho. Lo hice mientras fui la ministra de Justicia y mis conceptos produjeron debates útiles y, en su mayoría, fueron acogidos.
¿Usted expresaba sus disensos en el Gobierno?
Tenga la seguridad de que siempre expresé las razones jurídicas que me impedían transitar por algunas ideas en algunos decretos o en los elementos que contenían esos decretos como sucedió, incluso, en la declaratoria de conmoción interior.
¿Cuál fue su posición respecto de la declaratoria de conmoción interior? ¿Fue escuchada o ignorada?
Que era procedente y fue escuchada. Incluso yo trabajé en la redacción del decreto.
Otra parte interesante de la disputa por las diferentes versiones sobre su retiro, es su supuesto desacuerdo con las políticas de paz de Petro ¿Usted interfirió en la presunta intención del Gobierno de no extraditar a alias HH, miembro de un movimiento armado (Comuneros del Sur) que está en negociaciones con el Ejecutivo?
Mi posición sobre la política de paz siempre ha sido clara: soy su partidaria. Acompaño los propósitos de paz aunque también entiendo que hay unas obligaciones para que sea una realidad. Estas obligaciones, que se encuentran en la ley 2272 del 2022 (normas para dejación de armas) y en la sentencia constitucional 523 del 2023, fueron las razones que me llevaron a insistir, desde el año pasado, en que se deben cumplir unos requisitos para adelantar las mesas de diálogo, para poder verificar las acciones y para tomar las decisiones sobre con quién se negocia y con quién no. Esto lo he dicho públicamente, al presidente de la República, al comisionado de Paz e, incluso, a la secretaría Jurídica de presidencia en marzo pasado.
¿El presidente habló con usted sobre las negociaciones de paz?
En abril, cuando fuimos a Acacías (Meta) a lanzar el programa de cárceles productivas (P) según la Ley 2446 de 2025, y a firmar el decreto de acompañamiento de posegresados de las cárceles, hablamos del marco jurídico. Le dije que el camino es la justicia ordinaria con algunas ventajas y con algunas disminuciones punitivas. El me discutió algunos aspectos que yo entendí claramente: él quería explorar si era factible otro modelo jurídico. Yo le expuse mis posiciones, le hablé de las órdenes internacionales, de las órdenes internas de los procedimientos, etc., y nunca me dijo no diga, no hable, no mencione. Si bien es cierto hoy el presidente dice que había unos puntos en los que no coincidíamos lo cual respeto, también lo es que él conoció esos puntos desde el principio.
Si le entiendo bien, usted no estaba del todo de acuerdo con la posición del presidente en cuanto a facilitar las rutas para negociar con los grupos armados. Pero es claro que la política de paz es enteramente del resorte presidencial y que si él se equivoca, es su responsabilidad, no la de su ministra de Justicia ¿No se le fue la mano en ese debate con el jefe de Estado?
No. No se trata de que yo no estuviera de acuerdo con el presidente sino que el marco legal para las negociaciones exige una reglamentación que no existe. Y esa reglamentación es obligatoria para el sometimiento de los grupos armados y para su desmantelamiento. Considero que era mi obligación advertírselo y entregarle el borrador del proyecto de ley, tal como lo hice en marzo.
“Tengo claro que no me podía quedar por las interferencias”
En su paso por la cartera de Justicia, ¿pudo cumplir unas metas o fue un ejercicio frustrante?
En cuanto correspondía al ministerio de Justicia, se establecieron unos indicadores en el Plan Nacional de Desarrollo que, para mi satisfacción, se cumplieron siendo proyectos muy sensibles para la comunidad: entornos y redes de justicia, disminución del daño en drogadicción, proyectos de sustitución de cultivos, a la justicia e interlocución con las cortes y la JEP. No debo evaluar mi propio desempeño pero esos indicadores muestran que se cumplieron casi todos los parámetros y que se vienen desarrollando. Dejamos un proyecto para el 2025 que apenas estaba empezando pero aspiro a que se cumpla en cabeza de todos los funcionarios del ministerio.
Con toda franqueza, ¿se retira con el mal sabor de una despedida brusca? Se lo pregunto porque es difícil entender el trato presidencial…
No, Cecilia, me retiro feliz porque trabajé 24 horas todos los días mientras estuve en el ministerio y porque hice muchas tareas que redundarán en mejorar el área de la justicia. No me retiro con mal sabor. Tengo claro que no me hubiera quedado por las interferencias de la última etapa.
“No podía intervenir en asuntos que no fueran de mi competencia”
Aún en este gobierno en el que se han presentado tantos conflictos internos que se ventilan en público, es raro que una persona de su seriedad anuncie su renuncia irrevocable y que el presidente la contradiga afirmando que fue él quien le pidió retirarse ¿Cómo explica el desfase de esas dos versiones?
No tuve conflicto interno, animadversión o alguna clase de enemistad con ninguna de las personas que han estado en el Gobierno, que han hecho parte de los consejos de ministros o que han manejado las direcciones de departamentos. Mi renuncia se debe, únicamente, a los hechos que se presentaron mediante diferentes comunicaciones vía WhatsApp y llamadas que, en mi criterio, desconocían las disposiciones legales; y que también desconocían la jerarquía sobre quién puede y quién no puede dictar disposiciones en las actividades propias del ministerio y de sus entidades adscritas. Legalmente, yo hubiera podido solicitar revisiones, como se hizo en casos de incumplimiento; que se activaran las interventorías, que se revisaran los procesos o, incluso, como también lo hice, que se compulsaran copias para que los órganos de control investigaran. Pero no podía intervenir en asuntos que no fueran de mi competencia funcional.
