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En medio de las tensiones que se desataron por los señalamientos del viceministro de Juventudes, Pablo Zabala, a la Unión Temporal Territorio y Paz (UTTYP) por posibles “incumplimientos” en el convenio de Jóvenes en Paz, esta pidió un acompañamiento tanto de la Procuraduría como de la Contraloría para el cierre del convenio.
En el documento radicado al ente en cabeza de Gregorio Eljach, en manos de El Espectador, la organización indicó que hubo en el segundo desembolso unos “descuentos indebidos” por el valor $890.809.761 que “no han sido integrados por la fiduciaria a la fecha” y que afectaron previamente el flujo de caja del proyecto.
Además, apuntó que el monto con el que cuenta actualmente, sin el tercer desembolso aprobado, “resulta insuficiente para cubrir las obligaciones de la unión temporal en el marco de la ejecución del proyecto”. Por el momento, ninguno de los entes de control ha respondido a la solicitud.
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Como contó El Espectador en detalle, el convenio tiene un valor total de $175 mil millones. Sin embargo, el Ministerio de Igualdad y la UTTYP están enfrascadas en una pelea interna por alegatos de “incumplimientos” en uno de los programas estrella del presidente Gustavo Petro, que ya llegó a entes de control y que golpearía a los más de 28.000 beneficiarios, así como a los trabajadores encargados de su implementación.
Jóvenes en Paz ha estado bajo el escrutinio público desde que comenzó, bajo la premisa de “pagar para no matar”, con la meta de integrar a 100.000 jóvenes de 14 a 28 años en condiciones de vulnerabilidad en territorios afectados por la violencia y la guerra. Con más de un año en funcionamiento —en el que el Minigualdad ha tenido dos ministros, dos personas han estado a la cabeza del Viceministerio de Juventudes y al menos cuatro en la dirección del programa—, se ha logrado vincular a 28.886 jóvenes en 73 municipios.
Y en los últimos 11 meses, la UTTYP —integrada por la Fundación Universitaria Claretiana, la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello y la Promoción Claretiana para el Desarrollo (Proclade)— ha estado vinculada como la encargada de aportar la infraestructura, el personal, los alimentos, los materiales y el soporte istrativo necesarios para la implementación de este programa en todo el territorio colombiano. Ahora, el Ministerio de Igualdad alega unos “incumplimientos” por parte de esta unión temporal, con la que había renovado en marzo un convenio que tenía una duración inicial de ocho meses, para que funcionara hasta el 31 de julio de este mismo año.
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En las últimas semanas, el Ministerio de Igualdad anunció que frenaría esos pagos. En entrevista con este medio, el viceministro de Juventudes, Pablo Zabala, afirmó que “la comunidad religiosa” elegida para este convenio “no conocía” el reto operativo que presentaba la implementación de Jóvenes en Paz y anunció que se había tomado la decisión de iniciar un “trámite de un posible incumplimiento del convenio 062”, con lo que “no [podía] autorizar más desembolsos” por “las condiciones en las que está el [acuerdo]”.
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