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El Congreso de la República debe aprobar la convocatoria a una consulta popular que le presentará el Gobierno de Gustavo Petro. Más allá de las diferencias entre congresistas y la Casa de Nariño, de las críticas justas a la manera como se plantearon las preguntas, al hecho innegable de que el Pacto Histórico busca aprovechar esta coyuntura para que Presidencia pueda hacer campaña política anticipada, estamos ante una solicitud de convocar al pueblo a utilizar una herramienta pensada desde la Constitución. Por eso, sería inconveniente, infructuoso y francamente peligroso que se les negara a los colombianos la posibilidad de expresarse en las urnas.
Las pocas consultas populares que se han hecho en Colombia siempre han estado enmarcadas en un contexto de, a riesgo de sonar redundantes, populismo. La más reciente fue la consulta anticorrupción, impulsada por la entonces senadora Claudia López, y en efecto se trató, entre otras cosas, de una estrategia política para crecer el caudal electoral de la congresista y sus aliadas. En su momento se dijo que las preguntas que se les formularían a los colombianos tendrían pocos efectos y que otras incluso eran antitécnicas, pero, como dijimos en su momento también, eso no es motivo para negar la expresión popular en las urnas. Lo mismo ocurrió, por citar otro ejemplo contundente, con el referendo que convocó el recién estrenado presidente Álvaro Uribe con el objetivo de reformar la estructura del Estado. Las preguntas, de nuevo, eran muy generales, muy problemáticas y carentes de complejidad, pero fue valioso que los colombianos salieran a expresarse.
Entonces, pedirle a una consulta popular que no caiga en las trampas propias de su naturaleza es equivocado. En esta en particular, hay también una realidad ineludible: el Congreso tomó la decisión de hundir la reforma laboral. Sí, falló el Gobierno en su incapacidad de concertar, pero también irrespetaron al país los congresistas que no le dieron mayor discusión a un proyecto tan importante. Por eso, es natural que se busque una refrendación popular. El Legislativo no se puede oponer a convocar a las urnas a menos que haya razones de peso y que estas se discutan de manera amplia y transparente. Conociendo el clima político, no obstante, dudamos que esa vaya a ser la situación. Ya que el Gobierno nacional quiso meterse en este proceso, que ha fallado una y otra vez en el país, no lo deberían obstaculizar. Ya sabemos, además, que desde la Casa de Nariño aprovecharían esa oportunidad para seguir sembrando su fuego retórico. Lo advirtió, como amenaza poco disimulada, el ministro del Interior, al argumentar que negar la convocatoria sería “una conspiración contra la clase obrera y el presidente de la República”.
Saldado lo anterior, no deja de ser decepcionante que el Gobierno renuncie a su posibilidad de gobernar aún con año y medio de Presidencia por delante. Ante su incapacidad de concertar, se lanza nuevamente a las calles, esperando un apoyo masivo que quizá lo termine decepcionando. Intervendrá de esa manera en política, mientras las elecciones al Congreso y a Presidencia avanzan a la par de su consulta. Por mucho que se habla de proteger los trabajadores, la consulta parece tener un objetivo menos loable: darle oxígeno al oficialismo. Con la pésima consecuencia, si fracasa la convocatoria, de que una necesidad imperante como la reforma laboral termine derrotada en las urnas, deslegitimada y en un gran limbo político.
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