Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El Gobierno de Gustavo Petro quiere solucionar sus problemas de caja creándoles un problema de caja a las empresas del país. El Decreto 0572 de 2025, emitido esta semana, que busca anticipar el recaudo del impuesto sobre la renta correspondiente a 2026, no solo muestra el lamentable estado de las finanzas públicas, sino que al mismo tiempo evidencia la hostilidad gubernamental contra las empresas formales. Pareciera que en la Casa de Nariño creen que una empresa, solo por existir, tiene la capacidad de imprimir dinero. En realidad, esta imposición va a llevar a más endeudamiento, menos inversión y, para las empresas más pequeñas, a problemas que pueden terminar incluso en su liquidación.
Si algo necesita una empresa es estabilidad jurídica y tributaria. Las inversiones se planean con antelación y el flujo de caja es esencial para cumplir dicha planificación. Es sencillo: si usted no sabe qué y cuándo va a tener que pagar, si de repente alguien le dice que tiene que pagar más y antes, es probable que tenga que endeudarse y que eso arruine todo su plan. Si eso ocurre además porque el Gobierno no supo manejar sus propias finanzas, no quiso modificar su presupuesto con recortes necesarios y antes bien se ha lanzado a la campaña política con miras a 2026 apalancado en una avalancha de contratos de prestación de servicios que suman solo este año $16 billones, la situación es de una injusticia abrumadora. No se trata de que las empresas no paguen impuestos, el punto aquí es que ya lo hacen, de manera amplia, y ahora el Gobierno Nacional las castiga por su propia negligencia. El hueco del Estado lo entran a llenar quienes sí están construyendo país y generando empleos.
La situación es paradójica, pues acabamos de celebrar un dato histórico: el desempleo en abril fue el más bajo en 20 años, con una tasa del 8,8 %. Eso quiere decir que solo en el último mes se generaron 711.000 puestos de trabajo y 454.000 personas salieron del desempleo. A todas luces un logro para Colombia, pero que viene con un enorme problema. De estos puestos de trabajo que se crearon, 528.000 son de trabajadores por cuenta propia (el 74 %). Es decir, que la informalidad, que a nivel nacional sigue en 55 %, es la norma. Personas que no tienen protecciones laborales, mientras las empresas que sí crean trabajos con todas las normativas de la ley ven que sus costos aumentan y aumentan. ¿En qué lógica tiene eso sentido?
María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo-Americana (AmCham Colombia), muestra lo caricaturesco de la situación: “Es como si le cobraran a una panadería los impuestos por los panes que espera vender el próximo mes... aunque hoy no haya vendido ni uno”. Eso genera deudas, incertidumbre y caos. “Sin caja no hay empresa. Sin empresa no hay empleo. Sin empleo no hay ingresos. Y sin ingresos, no hay país”, dijo, con razón. Todo esto, ¿para qué?
Si estuviéramos en una crisis inesperada se entenderían este tipo de sacrificios. No es el caso. El gobierno de Gustavo Petro es víctima de su propio desastre financiero: sabía de su incapacidad de recaudar lo que necesita, sabía que el presupuesto que presentó el año pasado iba desfinanciado y sabía que su ley de financiamiento tenía un paso difícil por el Congreso. Aun así, insistió. Este año el Ministerio de Hacienda, en medio de sus recambios y escándalos, no ha hecho recortes suficientes. Pretenden solucionar la asfixia trasfiriéndosela a las empresas del país. Es un acto de irresponsabilidad obscena.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a [email protected]
Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.
