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Más allá del histrionismo del ministro del Interior, Armando Benedetti, de los siempre elocuentes asesores de oficio en la Casa de Nariño y de lo que ha dicho el presidente de la República, Gustavo Petro, no podemos pasar por alto que en esencia el Gobierno nacional quiere que el país entre en un delirio colectivo. Todos vimos la votación de la propuesta de consulta popular en la plenaria del Senado, sabíamos qué se estaba votando y, con todo y sus “jugaditas” para conseguirlo, entendimos que la consulta se había hundido ese día. Aún así, el presidente y sus adláteres pretenden que creamos que eso nunca sucedió. El equilibrio de poderes está siendo reemplazado por actos de espiritismo jurídico, mientras la democracia sufre por la incapacidad de reconocer las derrotas.
La convocatoria por decreto de la consulta popular es una ofensa contra el Estado de derecho. Se sustenta en una vil “jugadita”, donde una de las partes involucradas, el Gobierno, decide por su cuenta que algo no ocurrió y que, por ende, tiene derecho a convocar a las urnas. También definió su juez natural, la Corte Constitucional, a pesar de que, por ser un acto istrativo, el llamado a resolver el asunto es el Consejo de Estado. No dejamos de imaginarnos qué pasaría si otro fuera el ocupante de la Casa de Nariño y el hoy presidente estuviera en la oposición presenciando lo que él hoy propone. Las críticas habrían sido recias y justificadas. Pero todo vale cuando se está en el poder. Suponemos que en eso consistía la promesa de cambio.
“Jamás hubo un concepto favorable en el Senado, hicieron trampa, y ojalá la Corte Constitucional nos ayude a reconstituir el concepto de Estado de derecho”, dijo el presidente. Nos asalta una duda. Si la Corte Constitucional concluye, como tantos otros juristas que no andan cazando los favores de la Casa de Nariño, que lo que está haciendo Presidencia es una extralimitación, ¿se acatará la decisión, sin usar la plaza pública para decir que los jueces están obstaculizando al pueblo soberano? ¿Sin caer en las ya conocidas estigmatizaciones a cualquier contrapeso?
Estamos en un gobierno que adoptó un mantra de corte infantil: “Todo el que no esté de acuerdo conmigo lo que quiere es destruir el país e irrespetar al pueblo”. Por eso mismo, la invocación que hace a la Corte Constitucional como árbitro suena postiza. En lugar de ser muestra de apego institucional, más parece la excusa para, en caso de una decisión contraria a los deseos del poderoso, atacar a la rama Judicial como lo ha hecho con la rama Legislativa.
Se invoca al pueblo. Que se manifieste, dicen. Y sí, hemos apoyado en este espacio el uso de las herramientas de participación que dispone la Constitución. Pero nuestro equilibrio de poderes existe también para proteger al pueblo, porque Colombia ha sido una república que no responde a reyes ni a caprichos de caudillos autoritarios. Ese equilibrio de poderes sirvió en su momento para evitar, por ejemplo, el adefesio de una segunda reelección presidencial impulsada por un líder que también se creía la encarnación de la voluntad popular. En las normas que hemos adoptado, en los pesos y contrapesos, en la necesidad de encontrarnos en el Congreso para evitar los abusos también está el pueblo. Que eso resulte frustrante para quienes desean cambios notariados, por supuesto. Que ha sido un sistema imperfecto, también, lastimosamente. Empero, nada justifica que nos quieran convencer de que lo que vieron nuestros ojos no sucedió. Colombia, el país de votaciones públicas que dizque nunca existieron.
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