Prevaricato presidencial

La trapacería que han tejido en la Casa de Nariño para que Petro supuestamente pueda convocar la consulta es construir con artificios la tesis de que hubo irregularidades el día de la votación en el Senado y que, por tanto, esa decisión que rechazó la convocatoria es inexistente y ni siquiera nula. El ardid está cantado: la supuesta inexistencia no es demandable ante los jueces; la nulidad sí.

Las supuestas irregularidades atribuidas al presidente del Senado, Efraín Cepeda, solo sucedieron en la mente paranoica de Petro y por ignorancia de sus asesores. Veamos:

• No es cierto que la ley 5 de 1992 obligue a leer el texto de la consulta popular para someterla a votación en el Senado, porque eso es en el trámite de una ley, pero no cuando se trata del ejercicio del control político.
• Tampoco es cierto que se hubiere cerrado la votación antes de tiempo.
• Ni es verdad que se hubiera contado inicialmente como voto en favor de la consulta el del senador Edgar Diaz, a quien vimos gritando que no la aprobaba.

Pero, aun suponiendo que efectivamente tales desaciertos hubieren tenido lugar, el único que no está autorizado para declararlos es Petro, pues el competente sería el Consejo de Estado.

Petro se dejó convencer de que, como su arbitrariedad no es demandable porque los jueces solo declaran la nulidad de un acto pero jamás su inexistencia, entonces optó por arroparse en el peligroso talante bonapartista. En el precario constitucionalismo de Petro, se cree que el pueblo sanea la pretendida inexistencia y que sobran la Constitución y el Consejo de Estado.

Es imposible explicarle al ciudadano que el Senado no rechazó la consulta, cuando todos recordamos al tempestuoso ministro del Interior, Armando Benedetti, protestándole en tono airado al secretario del Congreso precisamente cuando fueron derrotados por 49 votos frente a 47. No puede ser inexistente lo que presenció la Nación en vivo y en directo, incluidos Benedetti y el propio Petro, quien ante ese traspiés legislativo furioso promovió la huelga general que fue un rotundo fracaso.

Y como para que no queden dudas de la filigrana perversa con la que se ha orquestado este prevaricato, Petro, en su alocución del martes, pidió a la Corte Constitucional que le “ayude”, obviamente para que no tumbe su decreto. ¿Y por qué la Corte Constitucional, si no se dan los presupuestos del numeral 3 del art 241 de la Carta que la harían competente? Este “decretazo” es demandable y revisable solo por el Consejo de Estado, por ser un acto emanado de la istración.

El pez por su boca muere. Tal parece que Petro ya hace cálculos de que tiene mayorías en la Corte Constitucional, y por eso se fue de bruces invitándola a que “ayude” en ese prevaricato. En eso también anda equivocado severamente, pues en esta ocasión la palabra la tiene el Consejo de Estado que, por el bien de la Nación, tiene la inmensa responsabilidad de suspender inmediatamente un decreto que llenará de vergüenza la tradición jurídica de Colombia y deshonrará para siempre a Petro.

Petro, Benedetti, Jaramillo, Palma, la nefasta Clara López —quien auxilió no solo a Samuel Moreno, sino al hoy presidente cuando ganó la Alcaldía y se extravió en un fiesto—, entre otros indeseables, se frotan las manos porque les tiene sin cuidado la justicia, pues creen que puede ser sustituida por un pueblo que no es representativo de la sociedad colombiana.

No puede ser que este decreto convocando la consulta popular supere el juicio sereno de la jurisprudencia y la sociedad colombiana. ¿Dónde están los partidos, las organizaciones cívicas, las universidades, los estudiantes, etc.?

Peor todavía si resulta verdad el vaticinio que empieza a coger fuerza, de que Petro sabe que es ilegal convocar por decreto su consulta popular y que su verdadero plan es ir tras las altas cortes, para que cuando hagan respetar la Constitución acusarlas de que no lo dejaron gobernar y entonces impulsar una constituyente vengativa para cambiar todo el sistema. Por esa vía lograría su cometido siniestro de desestabilizar las elecciones en 2026. Algo así como la segunda toma del Palacio de Justicia.

Adenda. No conozco a la doctora Lina Escobar, nueva magistrada de la Corte Constitucional, pero que su recorrido, prestigio y ponderación sean reconocidos en respetados sectores académicos tranquiliza al país. Llegó la que era y a donde era.