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“¿Qué quiere que haga? ¿Ir a nadar?”, fue la macabra broma del presidente norteamericano ante la pregunta de rigor en una rueda de prensa: si iría a visitar el sitio del accidente aéreo con 67 muertos.
Aunque de inmediato anotó que planeaba reunirse con familias afectadas, el daño estaba hecho. Fue otra manifestación de su carácter disparatado e irredimible. Mucho más se espera del presidente de un país tan influyente, cuyo rol sobrepasa las funciones ejecutivas en el gobierno. Es su deber “actuar como voz emocional y empática de la nación ante acontecimientos trágicos inesperados. Expresar dolor y consolar. Revelar humildad y demostrar gracia. Servir como modelo de comportamiento estoico, articular valores y defender normas”.
Michael Whitaker, exdirector de la istración Federal de Aviación (FAA), renunció a su cargo el día de la posesión de Trump. Su dimisión habría sido provocada por Elon Musk, al criticarlo públicamente y exigirle renunciar. La FAA había anunciado multas superiores a 600 mil dólares contra SpaceX, la empresa aeroespacial de Musk, por infracciones de seguridad. Cuando ocurrió el accidente, la FAA estaba acéfala. Además, con los ajustes al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Trump eliminó el Comité Asesor de Seguridad de la Aviación (ASAC) que asesoraba a la instancia responsable (TSA).
Nadie se atrevería a insinuar que estas medidas de poda burocrática pudieron contribuir al infortunio sobre el Potomac. Pero sí son reveladoras de la manera como Trump achacó, delirante y cínicamente, la responsabilidad a las decisiones políticas de sus antecesores, y en particular a los programas de diversidad e inclusión emprendidos, según él, por las istraciones Obama y Biden. Su evaluación del impacto de ciertas políticas es tan rigurosa como su análisis de las causas técnicas y humanas del accidente sobre las que ite tener “opiniones fuertes”. El piloto del avión, según el nuevo jefe Caja Negra, “estaba haciendo todo bien pero por alguna razón había un helicóptero a la misma altura y volando en ángulo. Fue increíblemente torpe… Simplemente siguió su camino. Hizo un pequeño giro, pero ya era demasiado tarde. No debería haber estado a la misma altura porque si no lo estuviera, podría haber pasado por debajo o por encima”.
La tensión entre la aparente necesidad de aumentar el número de controladores aéreos y la obsesión por recortar la nómina del gobierno federal liderada por Elon Musk ya abrió una grieta en la primera línea de colaboradores del presidente. Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca y pieza clave para la victoria de Trump, logró limitar el directo de Musk, desterrándolo con su equipo lejos de la Oficina Oval y filtrando los informes provenientes de su despacho.
Sobre la seguridad en la aviación civil persiste un serio problema, con mayores repercusiones, costos e incomodidades para el resto del mundo, y es su relación con la supuesta prevención del terrorismo que, a su vez, está estrechamente asociada con la visceral aversión trumpista a la inmigración. En 2017, Washington hizo un llamado para “el compromiso compartido de elevar el nivel de seguridad de la aviación mundial”. En el DHS estaban convencidos de que varios grupos terroristas tenían como objetivo los aviones que volaban hacia EEUU. Apenas dos meses después de su posesión, Trump decidió repentinamente prohibir el uso de portátiles y otros dispositivos más grandes que un celular en vuelos desde 10 aeropuertos de Oriente Medio y el norte de África. El Reino Unido imitó la medida. Hacia el verano era claro que Washington extendería el veto electrónico a todos los vuelos que llegaran al país. La Unión Europea lideró esfuerzos para argumentar que la medida era peligrosa por el gran número de baterías de litio potencialmente inestables en la bodega de equipajes. Las autoridades norteamericanas cedieron a cambio de hacer controles adicionales en el último punto de salida en los aeropuertos.
Es imposible saber si estas medidas han servido para prevenir ataques pero son frecuentes las críticas que es más teatro que sustancia. De hecho, la istración de Seguridad del Transporte (TSA) no ha impedido ningún ataque terrorista deteniendo armas o elementos peligrosos en los puestos de control. Además, según el Washington Post, “mientras las fuerzas de seguridad no desarrollen la capacidad de reaccionar ante los terroristas en cuestión de segundos, los aeropuertos seguirán siendo vulnerables a ataques como el de Estambul”: en 2016 un atentado con armas y bombas en el aeropuerto Atarturk dejó 41 personas muertas y 230 heridas. Falta que alguna agencia trumpista evalúe si solo importa la seguridad de las víctimas con US port y que el staff de Musk minimice el costo de super agentes siempre alertas. Y privados, por supuesto.
