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La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación formal, a cargo de la Tercera Delegada para la contratación Estatal, contra cuatro EPS intervenidas sobre posibles desviaciones de recursos públicos: Coosalud, Servicio Occidental de Salud, Asmet Salud EPS y Emssanar EPS.
La investigación referencia desde el inicio del documento la denuncia del anterior superintendente de salud, Luis Carlos Leal, del 22 de octubre de 2024, ante la Fiscalía y la Contraloría por los hallazgos del manejo irregular de los recursos de la salud de las EPS mencionadas y “destaca la posible participación de Mario Andrés Urán, antiguo asesor de Coosalud y figura cercana al gobierno de Gustavo Petro, en la istración de los recursos”.
Ahonda la Procuraduría en el informe de la Superintendencia de Salud: “las diligencias se llevaron a cabo el 25 de septiembre en las sedes istrativas de las entidades mencionadas. La auditoría reveló que fondos destinados a la salud podrían haber sido desviados hacia paraísos fiscales”.
Que la procuradora Tercera Delegada recabe en las denuncias del exsuperintendente Leal (2024), en su reciente publicación de la apertura de investigación por los mismo hechos, significa que la Fiscalía no actuó oportunamente sobre delitos tan graves contra la salud de la población, ni contra funcionarios gubernamentales aludidos en diversos medios. En columna del 21 de diciembre (“Blindar la reforma a la salud contra la corrupción persistente”) se citó al periodista Santiago Ángel de La República: “¿A Urán quién lo protege?, señalando que, en el pulso con el exsuperintendente Leal, se favoreció al lobista”.
En medio de la incertidumbre que se cierne sobre la decisión de la Comisión Séptima del Senado por el debate de la reforma a la salud tramitada desde la Plenaria de la Cámara, el silencio sobre si el señor Urán, (apodado el “lobista de la salud”), es realmente “cercano al gobierno y está siendo protegido”, resulta incomprensible. Para la sociedad civil, que ha acompañado y defendido la necesaria e inaplazable reforma a la salud, basada en la Ley Estatutaria de 2015, dicho mutismo es frustrante y desconcertante. Precisa la procuradora delegada que los interventores designados por la Superintendencia Nacional de Salud para las EPS comprometidas en la investigación, son particulares que cumplen funciones públicas transitorias, y por consiguiente, son sujetos disciplinables por parte del ente de control. Agrega que las EPS, que istran los recursos de la salud, no los pueden derivar para acrecentar su patrimonio, ni utilizarlos para fines distintos a los establecidos en la Ley.
Señala que por visitas técnicas y análisis financieros, se documentaron hallazgos que comprueban que los recursos fueron girados, pero no ejecutados en los servicios contractuales, sino redirigidos a pagos sin soporte o justificación, como lo ha sostenido el director Martínez de la Adres. Puntualiza, sobre Coosalud, los pagos realizados a organizaciones clínicas y las transferencias a terceros. Anuncia que investigará si hubo una relación directa entre los interventores y firmas vinculadas al señor Mario Urán.
Esta investigación de la Procuraduría, unida a las de la Contraloría, a las denuncias de la Adres y a las de la Superintendencia Nacional de Salud, son los insumos documentales para que el Senado de la República cumpla con su función legisladora y debata a profundidad la reforma pendiente de los dos debates, para que, finalmente, los ciudadanos puedan disfrutar del derecho fundamental a la salud, sin la corrupción que ha caracterizado al sistema de la intermediación en los pasados 32 años.
