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El director de la ADRES informó que “desde el pasado 13 de noviembre de 2024, por solicitud del ministro de Salud, con su grupo Analítica dio inicio al ejercicio de contrastación de las bases de datos de suficiencia que se utilizan para el cálculo de la UPC”. Organizaciones y agremiaciones del sector, como se esperaba, arreciaron sus críticas contra el informe. El director Martínez aclaró que la entidad no define el valor en el sistema de salud.
Indicó que en los cálculos del Ministerio se observó un incremento inusual en la cantidad de servicios prestados y en sus costos, que parecieran no corresponder a la “realidad epidemiológica y social del país y se desvían de cualquier tendencia de consumo de servicios y capacidad instalada. La cantidad de afiliados para las ocho EPS del estudio, con datos de 2023, incrementó en 63 % frente a los registros de las cuatro EPS del estudio anterior de 2022, mientras que la cantidad de registros se incrementan en 79 % y los valores ejecutados en 119 %. La severidad incrementó un 22 %, las frecuencias un 10 % y el gasto per cápita un 34 %. Se esperaría que las EPS, entidades que manejan por delegación del Estado cerca de 90 billones de pesos al año, presentaran cuentas detalladas, exactas y precisas al gobierno y al país sobre los servicios prestados y los gastos incurridos”.
Recalcó que “nunca ha sido así, pues esta información detallada que permite observar graves inconsistencias y francas irregularidades ha sido manejada con gran sigilo por gobiernos anteriores desde que, en 2011, la Universidad Nacional, asesorando a la Comisión de Regulación en Salud-CRES, encontrara sobrefacturación por $500.000 millones en medicamentos en la información presentada por las tres EPS del grupo Saludcoop”.
Es oportuno señalar que dicha sobrefacturación sucedió en el gobierno Santos y su ministro Alejandro Gaviria, que emula en arrogancia a los críticos de la ADRES y de la reforma propuesta por el gobierno actual. La percepción de superioridad que caracteriza al exministro para desacreditar a este gobierno le obnubila el juicio, porque fue en su ministerio durante el segundo gobierno de Santos que se creó la ADRES. (Ley 1753, artículo 66, 2015).
El director Martínez le replicó que las cifras contenidas en el informe “son ciertas y ADRES está lista a sustentarlas al detalle y también a remitirlas a la Contraloría General de la República”. Agregó que “el señor presidente ha replicado nuestras cifras correctamente y ”la locura", como señala un exministro, no procede de la Presidencia de la República sino de esta operación del sistema que él patrocinó, cuyas cifras siempre ocultó, operación irresponsable, donde la mayoría de las EPS, en lugar de presentar una rendición detallada y exacta de cuentas al Ministerio y al país, sobre billones que la sociedad les entrega, arruman con total irresponsabilidad y desparpajo cifras sin mayor consistencia ni credibilidad”.
Martínez acredita al funcionario público que ejerce sus funciones con la convicción de propender por el bien común de toda la sociedad, sin conflictos de interés, tan comunes en los intervinientes en el debate sobre el valor de la UPC, y coherente con la verdad de lo ocurrido por 32 años con el sistema de la intermediación de la Ley 100.
