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Si antes fumar era cosa de adultos en la esquina, ahora es una práctica común entre los adolescentes, que expelen bocanadas frutales en nubes exóticas. Los cigarrillos electrónicos se cuelan en los colegios, en las fiestas, en los bolsillos... y en los pulmones. Todo con sabor a menta, mango o caramelo. Y a engaño.
Aunque la ley en Colombia impone al cigarrillo electrónico las mismas obligaciones que al tradicional, con frecuencia esas medidas se diluyen como el humo y no son suficientes. Los mal llamados vapeadores ya se han metido en la vida, y en los pulmones, de una de cada cinco personas menores de 18 años. Y la poderosa industria de estos productos no piensa parar ahí. Va por más.
La Ley 2354 de 2024 prohíbe la venta de cigarrillos (electrónicos o no) a menores de edad, obliga el etiquetado con las advertencias sanitarias y la eliminación de cualquier forma de publicidad, promoción y patrocinio, así como veta su uso en espacios donde no está permitido fumar.
Si bien esta ley representa un avance fundamental para proteger el derecho a la salud, es necesario complementarla con medidas de eficacia demostrada, como el aumento de impuestos a estos productos. Se trata de una recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), pues incrementar los gravámenes no solo desincentiva el consumo, sino que también genera recursos para mitigar el daño sanitario asociado.
No es algo que alegre a la industria tabacalera y sus aliados, por supuesto. Saben que eso afecta sus bolsillos y ellos son expertos en priorizar sus intereses económicos sobre el bienestar colectivo. Tapan con el ruido de la caja registradora el de una tos crónica. Por eso han intensificado acciones para obstaculizar estas políticas. Sus prácticas, que incluyen interferencias prohibidas por el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (del cual Colombia es parte), reflejan una injerencia indebida y poco ética, que denunciamos oportunamente ante la opinión pública. Ceder ante estas presiones sería un retroceso inaceptable.
Antes de que termine esta legislatura, como mínimo, el Congreso tiene la responsabilidad de duplicar el impuesto al cigarrillo tradicional e incluir todos los productos de tabaco y nicotina dentro de los impuestos saludables, tal como lo recomienda la OMS.
Hagamos un frente común. No permitamos este renovado ataque. La salud de la niñez y la adolescencia es primero. Aunque estos productos son legales en el país, por su nocividad deben tener algunos controles; entre ellos, pagar unos impuestos que le permitan al erario público atender el daño a la salud de los ciudadanos y que alejen, mediante unos precios no tan accesibles, a los consumidores. Ello crea una distancia con los menores de 18 años, a quienes, como sociedad, debemos proteger especialmente.
Porque no se trata de demonizar productos, sino de priorizar vidas. Porque no es una cuestión de libertad de empresa; es responsabilidad pública. Porque la industria ya juega sucio, y no es isible que el Estado juegue a medias. Y porque si no protegemos hoy a los niñas, niños y adolescentes, mañana será demasiado tarde.
*Directora ejecutiva de Red PaPaz
Por Carolina Piñeros Ospina*
