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El 2025 comenzó con una profunda reconfiguración del escenario internacional. El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha sido un torbellino que sacudió la relación hemisférica con América Latina y está desafiando los estándares internacionales, tales como el multilateralismo, los derechos humanos y la democracia, establecidos luego de la segunda guerra mundial. Dos decisiones recientes del nuevo gobierno de EE. UU. ejemplifican esa ruptura y amenazan el trabajo por fortalecer las instituciones democráticas.
Primero, el Departamento de Estado de EE. UU. ha comenzado a notificar la terminación de más de 10.000 proyectos de cooperación internacional. Una medida más en la batalla que la istración Trump está librando contra USAID y seis décadas de política exterior de estado. USAID era la agencia de cooperación bilateral más grande del mundo, con un presupuesto de 43,8 billones de dólares (2023) y presencia en más de 170 países y 29 regiones. Si bien su trabajo estaba enfocado fundamentalmente en desarrollo económico, ayuda humanitaria, salud, seguridad y paz, también financiaba la promoción de la democracia y los derechos humanos.
El cierre de sus operaciones tendrá un impacto devastador no solo en países y organizaciones directamente involucradas, sino que en todo sistema de cooperación internacional. El ejemplo de EE. UU. puede ser emulado por otros regímenes y líderes afines, debilitando aún más la solidaridad y cooperación internacional. Ante esta inestabilidad geopolítica, la presión por aumentar gastos en defensa ya está llevando a países europeos en esa dirección.
En América Latina un retraimiento de estas proporciones de la cooperación y asistencia democrática abre la puerta abierta a que países no democráticos empoderen a populistas devenidos en autócratas y agendas antiderechos. Ello coincide con una década que ha sido particularmente desafiante en la región, caracterizada por un marcado deterioro democrático, avances del crimen organizado y debilitamiento de capacidades estatales y del estado de derecho. Como consecuencia, existen serios riesgos de que en el corto plazo aumente la inestabilidad, el radicalismo y la violencia política.
Segundo, otra decisión que ha causado estupor es la de pausar el programa FA (por sus siglas en inglés), “la ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero”, que investigaba casos de corrupción corporativa y entrada ilícita de dineros en la política. Tal como recomendamos en un reciente informe de IDEA Internacional con el Diálogo Interamericano, la cooperación entre agencias estatales es clave para detener la infiltración de dineros ilícitos en las campañas electorales y la política. Estados Unidos venía avanzando con varios países de la región en investigaciones judiciales sobre redes de tráfico de influencias y corrupción a gran escala. Esta abrupta decisión borra años de avances en materia de estado de derecho y acrecienta la vulnerabilidad de nuestras democracias.
En conclusión, estamos ante un cambio de paradigma en la relación hemisférica que propone clausurar décadas de promoción de los valores democráticos, asistencia humanitaria y cooperación anticorrupción, pasando a una visión estrecha que propone el enclaustramiento en el estado nación a complejos problemas globales. La arremetida antidemocrática cuestiona el sistema multilateral y las normas e instituciones que la humanidad ha ido construyendo para asegurar una convivencia pacífica y asegurar el respeto a libertades y derechos de todas las personas. Estos nuevos tiempos requieren comprometernos con la defensa de los principios universales y sus instituciones, y redoblar los esfuerzos por visibilizar los resultados positivos que conlleva la vida en democracia.
* Directora para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional.
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Por Marcela Ríos Tobar*
