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El Gobierno Petro presentó la nueva propuesta de sustitución de cultivos de uso ilícito para el Catatumbo, durante el segundo consejo de ministros transmitido por televisión. La propuesta llega después de un ejercicio concienzudo de formulación de la Política Nacional de Drogas 2023-2033 y de descartar otro sinnúmero de ideas que nunca lograron materializarse.
La istración Petro comprendió los enormes obstáculos existentes a la hora de diseñar proyectos en materia de coca campesina. Está limitada por un Congreso mayoritariamente prohibicionista, un marco normativo igualmente prohibicionista y rígido, unas capacidades institucionales frágiles y amenazas de descertificación por parte de Estados Unidos. Estas condiciones dejan poco espacio para la creatividad.
De manera que la nueva propuesta para el Catatumbo se asemeja más al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), concebido en el marco del Acuerdo Final de Paz, que a la lluvia de ideas con la cual se inauguró el Gobierno.
Vale la pena recordar que en el Encuentro Cocalero del Catatumbo de diciembre de 2022, Petro anunció la posibilidad de que los campesinos arrancaran las matas de coca a medida que la inversión estatal se hiciera efectiva —es decir, muy lentamente—. Esta idea buscaba deslindarse de los fracasos del desarrollo alternativo y de su exigencia de erradicar de un solo tajo toda la coca a cambio de beneficios inciertos. La gradualidad en la sustitución de coca era una demanda del campesinado cocalero, que las FARC llevaron a la mesa de negociación, pero que no fue incluida en el Acuerdo Final de Paz. Sin embargo, esta propuesta exigía un cambio normativo que solo el Congreso podía aprobar.
Luego vino la propuesta de crear 300 agroindustrias en los epicentros cocaleros del país. Pero era imposible crear agroindustrias donde no había ni energía eléctrica ni vías. La propuesta era buena, solo imposible de cumplir durante este cuatrienio. Luego aparecieron otras ideas más endebles, etéreas y problemáticas, que tampoco tenían piso jurídico, como la compra de coca.
Es así como, después de dar muchas vueltas, la istración Petro parece haberse devuelto a lo conocido y a lo posible (aunque no exento de retos). Ha retomado el esqueleto del PNIS, al privilegiar los pactos de erradicación voluntaria a cambio de pagos al agricultor, proyectos productivos y formalización de la propiedad de la tierra. Ciertamente, esta propuesta no se ajusta a las enormes expectativas de cambio, pero sin el apoyo del Poder Legislativo, es poco lo que el Ejecutivo puede hacer.
La pregunta entonces es ¿por qué esta istración no implementó el PNIS desde el principio, si iba a terminar inspirándose en ese modelo? El PNIS tiene muchas falencias, tal como lo evidenció la rigurosa evaluación realizada por la Universidad de los Andes, cuya lectura recomiendo. Pero es el programa de sustitución posible con el marco jurídico vigente. Además, por ser fruto del Acuerdo de Paz, su implementación no es opcional.
Así, entre tantos ires y venires, el periodo de gobierno se está agotando. Es probable que ya no haya tiempo suficiente para garantizar la asistencia técnica hasta que los cultivos de ciclo largo den los primeros rendimientos, ni para asegurar la comercialización. Es posible que solo se alcancen a suscribir acuerdos colectivos, erradicar y formalizar algunos predios. Eso, si el Gobierno cuida las relaciones con las organizaciones sociales del Catatumbo y si la guerra amaina.
Hasta ahora, la istración Petro ha sido renuente a lanzar campañas masivas de erradicación forzada. Punto a su favor. Habrá que seguir construyendo sobre lo construido. Esto significa avanzar en la Reforma Rural Integral del Acuerdo Final de Paz, consolidar los esfuerzos de esta istración por darle un tratamiento menos represivo al campesinado cocalero, salvaguardar la Política Nacional de Drogas 2023-2033 y concentrar la energía de los siguientes gobiernos en la reducción de la pobreza rural. El camino es largo e incierto.
* PhD. Investigadora en temas de coca campesina
Por María-Clara Torres*
