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Las bibliotecas y archivos desempeñan un papel fundamental en el a la cultura, la información y la preservación del patrimonio. Por ello, resulta crucial contar con un entorno jurídico que les permita cumplir con su misión. Cuando todos hablan de la Inteligencia Artificial generativa les propongo mirar otros retos que tienen las bibliotecas y archivos.
Les conté que en 2021 la Fundación Karisma y Datysoc publicaron el informe “Flexibilidades al derecho de autor en América Latina”, analizando el contexto legal de diez países -Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Panamá, Chile, Perú, México, Colombia y Ecuador- para concluir que, en términos generales, las leyes vigentes no ofrecen un marco adecuado para que bibliotecas y archivos puedan desarrollar sus funciones normales y enfrentan desafíos para el entorno digital.
Para ilustrar esto destaco tres temas del informe que son cruciales en el mundo físico que están limitadas por las regulaciones actuales:
1. Préstamo público: Aunque prestar obras al público y ofrecer temporal es actividad clave de estas entidades, solo algunos países, como Chile y Ecuador, reconocen legalmente el agotamiento del derecho de distribución tras la primera venta, lo que habilita el préstamo público, o como en Colombia, que tenemos una excepción específica desde 2018. Sin embargo, en general hay falta de claridad normativa.
2. Reproducción con fines de preservación: Copiar obras para conservarlas y garantizar su futuro es una función central de las instituciones patrimoniales. Sin embargo, muchas legislaciones de la región no contemplan excepciones que lo permitan sin infringir derechos de autor.
3. Uso de obras huérfanas o agotadas: Hay una carencia generalizada en la región de disposiciones que autoricen el uso de obras cuyos titulares de derechos son desconocidos o inubicables, esto limita significativamente el a estos materiales. Además, donde las hay tampoco sirven mucho, por ejemplo en Colombia, aunque existe una excepción desde 2018, sigue sin reglamentarse, lo que impide incluso evaluar su utilidad práctica.
El informe recomienda que los países de América Latina actualicen sus leyes de derecho de autor, incorporando excepciones y limitaciones que respondan a las necesidades reales de bibliotecas y archivos. Como mínimo, se sugiere adoptar las recomendaciones de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), con el fin de garantizar el equitativo al conocimiento y la cultura en la era digital.
Mientras en la región tenemos esta deuda, el informe “Unfair licensing practices: the library experience” -publicado recientemente por COMMUNIA y presentado en el ciclo de derecho de autor de la Biblioteca Nacional- revela nuevos desafíos de las bibliotecas públicas y académicas en Europa, esta vez vinculados a las prácticas contractuales impuestas por editoriales y proveedores de contenidos digitales.
Entre las amenazas identificadas, destaco tres:
1. Restricciones al uso de inteligencia artificial: Aunque en Europa existe una excepción que permite la minería de textos y datos (TDM) para fines científicos no comerciales, desde 2023 se han incorporado cláusulas contractuales que prohíben expresamente el uso de estas técnicas en libros electrónicos y revistas digitales. Son obstáculos para actividades fundamentales de investigación y análisis de datos. Entre nosotros la situación es peor porque no tenemos excepción.
2. Responsabilidad excesiva y cancelación unilateral del : Muchas licencias incluyen cláusulas de responsabilidad y cumplimiento excesivamente amplias que hacen responsables a las entidades por cualquier uso indebido de los recursos digitales por parte de sus s, incluso si no tienen conocimiento directo de dichas acciones. Otros contratos facultan a los editores para rescindir el a contenidos digitales si detectan, a su sola discreción, un supuesto incumplimiento por parte de la biblioteca o sus s. Esto puede llevar a la exageración de suspender el a toda una institución por la acción de un solo . El informe cuenta que en Finlandia el consorcio FinELib y la American Chemical Society (ACS) no lograron acuerdo para 2025 debido a “diferencias fundamentales en el tema de la responsabilidad”.
3. Condiciones contractuales restrictivas: Las bibliotecas tienen dificultades para obtener licencias que se ajusten a sus necesidades. En algunos casos, se les niega la posibilidad de licenciar ciertos contenidos o se les imponen modelos de licencia inadecuados para su funcionamiento.
El informe europeo subraya la necesidad de equilibrar los intereses de los titulares de derechos con los derechos fundamentales de a la información y la cultura. Para ello, propone medidas legislativas que prohíban cláusulas contractuales abusivas y aseguren la efectividad de las excepciones y limitaciones al derecho de autor en el entorno digital.
Aunque en América Latina seguimos lejos de enfrentar estos debates que ya están en Europa, es urgente comenzar a considerarlos. No basta con reflexionar sobre el impacto del derecho de autor en el entrenamiento o resultado de la inteligencia artificial generativa; también debemos abordar cómo el actual modelo afecta directamente el a la información, especialmente a través de nuestras bibliotecas y archivos.
