Estirar la ‘cuerda institucional’

La decisión del presidente Petro de convocar una consulta popular por decreto pondrá al país en un profundo debate jurídico, lo que agudizará la polarización y la inmovilidad.

Hasta el momento, el presidente Petro ha actuado dentro de los límites de la institucionalidad. A pesar de los enfrentamientos mediáticos con entidades como el Banco de la República, la Fiscalía, las altas cortes y el Congreso, el gobierno ha mantenido el respeto por la separación de poderes.

Por esta razón, su decisión de impulsar la consulta popular por decreto es preocupante. Como he mencionado en columnas anteriores, los colombianos necesitan recuperar los beneficios laborales que perdieron con la reforma laboral de Uribe en 2002. Sin embargo, el camino adecuado para lograrlo es una reforma laboral tramitada en el Congreso, para la cual el gobierno tiene más de un año si realmente quisiera sacarla adelante.

La intención de convocar la consulta popular a través de un decreto no es recuperar los derechos laborales, sino adelantar la campaña presidencial de 2026. Al saltarse al Congreso con este decreto, se enrarecerá el ambiente institucional y se sumirá al país en un complicado debate jurídico que profundizará tanto la polarización como la inmovilidad.

Como publicó El Espectador el pasado 4 de junio, “la Casa de Nariño no reconoció la certificación emitida por el Congreso y, por lo mismo, ahora será el Palacio de Justicia el que resuelva una apuesta con la que el presidente Petro quiere esquivar la falta de gobernabilidad en el Legislativo y demostrar, como él mismo lo ha dicho, que su proyecto tiene respaldo popular y que podría reelegirlo”.

Si a esto le sumamos que, desde que el círculo más petrista se ha ido cerrando con el más reciente remezón ministerial, sus escuderos han comenzado a lanzar propuestas francamente inconstitucionales que ponen en peligro el Estado de derecho.

“En el Congreso durante años se han robado la plata de los pobres. Presidente, escuche a su pueblo, cierre el Congreso de la República. El pueblo está de acuerdo con que el presidente sea reelegido”, dijo el pastor Alfredo Saade en la antesala del evento masivo en Barranquilla. Evento al que, además, el presidente Petro llamó erróneamente un ‘cabildo abierto’, estirando de nuevo la cuerda institucional.

Estas no son palabras menores. Lo que propone el pastor Saade, quien aparece en la foto junto al presidente Petro en sus eventos masivos, es nada más y nada menos que cerrar el mecanismo más importante de democracia representativa. La idea, tentadora para algunos incautos, significaría una crisis institucional que Colombia vivió solo una vez en el siglo XX con el presidente Mariano Ospina Pérez y que dio paso a la única dictadura militar del país.

En la misma línea, Isabel Zuleta sigue coqueteando con la idea jurídicamente imposible de la reelección, una figura descartada en el marco constitucional. “No es el presidente Petro el que está hablando de la reelección, somos muchos de los activistas. Nosotros sí queremos una reelección y lo decimos de frente y lo estamos promoviendo”.

Algunos podrían pensar que estas propuestas tienen objetivos más mediáticos que reales y que no representan una amenaza para la democracia. Sin embargo, considero que debemos poner la lupa sobre estas decisiones, que amenazan el pilar fundamental de la democracia: la separación de poderes.