Diálogo, deliberación y consensos

En respuesta al editorial del 7 de julio de 2024, titulado “Una constituyente no soluciona los problemas”.

Sea cual fuere el argumento que unos y otros tengamos sobre la pertinencia o no de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, lo indiscutible es la urgente necesidad que tiene esta sociedad por la deliberación y el diálogo educado, dirigido a buscar consensos. Si bien esta es la principal misión de los legisladores, ha sido evidente que el sectarismo político predomina sobre los intereses superiores de la patria. Esta ha sido, entre otras, una de las explicaciones de la crisis de la representación política, lo que sin duda ha vulnerado la legitimidad del sistema democrático.

Ni siquiera la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 fue precedida de un gran diálogo social. Esa coyuntura estuvo dominada por dos grandes actores sociales: por una parte, la tecnocracia que desde finales de los años ochenta ya había comenzado a implementar la receta del Consenso de Washington para América latina; y por otra, los constituyentes de 1991 crearon un marco jurídico y social dirigido a garantizar un amplio espectro de derechos fundamentales, económicos y sociales, dirigido a lograr una mayor equidad e igualdad de oportunidades para la población.

Fueron dos grupos de actores sociales y políticos distintos con objetivos contrapuestos, quienes con diferentes agendas realizaron las reformas sin nunca haber tenido un simple diálogo al respecto.

En Colombia nunca se han debatido de manera explícita los pros y contras de poner a convivir esas dos tendencias antagónicas, ni mucho menos ha intentado armonizarlas y hacerlas coherentes. Ante este panorama, era de esperarse lo que finalmente ha sucedido: una tensión y un desgaste institucional a lo largo de las tres últimas décadas, entre los magistrados que defienden la Constitución de 1991, y quienes permanentemente buscan contra-reformas para acotar la acción del Estado.

La tensión social, política e institucional se ha exacerbado por cuenta del régimen político clientelista y las relaciones de mutuo beneficio entre buena parte de estos sectores políticos y actores ilegales. El fin es la captura del Estado para viabilizar sus actividades electorales e ilegales. En ese escenario, se desdibuja la razón de ser del Estado ya que deja de ser prioritario solucionar los problemas de la población, aun los más apremiantes.

En esa desinstitucionalización del Estado, algunos sectores del empresariado también han jugado su rol. Las relaciones que se establecen entre esos grupos empresariales y los actores políticos, muestran que los primeros financian las campañas políticas de los segundos, para que más adelante los gobiernos que así se hacen elegir retribuyan los favores recibidos en términos de privilegios y beneficios del Estado. Los demás de la sociedad civil, si bien no participan directamente en esas conductas antiéticas, las toleran con su indiferencia.

Una de las virtudes del presidente Gustavo Petro es haber desmitificado el debate social sobre temas otrora intocables, lo que ha evidenciado una fuerte polarización entre quienes defienden el statu quo con todas sus consecuencias de inequidad, desigualdad y exclusión, y quienes luchan por rescatar lo público, el Estado y el interés general.