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México no podrá responsabilizar a los fabricantes de armas de Estados Unidos por la violencia del narcotráfico. La Corte Suprema desestimó por unanimidad la demanda que buscaba sancionar a empresas como Smith & Wesson por permitir, según el gobierno mexicano, que sus armas llegaran a los cárteles.
La decisión se basa en la poderosa Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), la cual protege a la industria armamentista en Estados Unidos de demandas por uso indebido de sus productos. El fallo echa por tierra un esfuerzo de años por parte de México para frenar el tráfico ilegal de armas, responsable, según sus cifras, de hasta el 90 % de las armas halladas en escenas del crimen.
🔑 Las claves sobre la pelea de México por las armas de Estados Unidos (por si tiene afán)
- La demanda, interpuesta en 2021, pedía US$10.000 millones en reparaciones y nuevas restricciones en la comercialización de armas estadounidenses.
- México alegaba que los fabricantes sabían que sus productos eran traficados ilegalmente hacia los cárteles.
- La Corte Suprema rechazó esa demanda, alegando que abrir esa puerta “vaciaría de contenido” la ley que protege a los fabricantes.
- Esta decisión cierra la puerta legal a futuras demandas internacionales contra la industria armamentista estadounidense bajo este argumento.
- La Corte refuerza la impunidad del mercado de armas frente a la crisis de violencia en América Latina.
- Es un revés político para México en medio de presiones de Estados Unidos, que, sin embargo, le pide frenar el narcotráfico.
¿Por qué importa el caso de armas de México contra Estados Unidos?
Desde 2006, más de 480.000 personas han muerto en México por violencia relacionada con el narcotráfico. Aunque en el país la venta de armas está estrictamente regulada, el flujo ilegal desde Estados Unidos, impulsado por la demanda de drogas y la laxitud legal armamentista, ha alimentado una guerra sin fin.
Varias organizaciones estadounidenses que se posicionan contra las armas, como March of our lives, mostraron su respaldo a la iniciativa mexicana. Sin embargo, el fallo reafirma que esa guerra se libra con armas que cruzan la frontera, pero las responsabilidades no lo hacen.
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En contexto: ¿qué queda para la pelea contra las armas?
El fallo no cierra todas las puertas. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum recordó que el país mantiene otra demanda abierta, presentada en 2022, contra tiendas y distribuidores de armas en Arizona, con un enfoque más directo sobre puntos de venta.
La demanda mencionada por Sheinbaum en 2022 es distinta en su estructura: va contra tiendas y distribuidores específicos en Arizona, no contra los fabricantes directamente. Esa estrategia apunta a un eslabón distinto de la cadena (el comercio minorista), y podría tratar de esquivar la PLCAA al enfocarse en supuestas violaciones directas de leyes locales o federales sobre venta de armas.
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Además, el debate legal sobre la responsabilidad de las empresas de armas podría reavivarse en otros casos dentro de Estados Unidos, como ocurrió con el histórico acuerdo de US$73 millones logrado por las familias de Sandy Hook.
Aunque la Corte Suprema limitó el alcance de esta demanda, la presión política y judicial sobre la industria armamentista seguirá creciendo, especialmente en contextos de violencia transnacional.
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