Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El Gobierno de Guatemala expresó su rechazo a la solicitud de detención emitida por una Sala de Apelaciones local en contra de los abogados colombianos ex de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) Iván Velásquez, actual embajador de Colombia en el Vaticano y Luz Adriana Camargo, la actual fiscal general del país sudamericano.
La orden de captura a nivel internacional fue emitida por el fiscal Rafael Curruchiche a los colombianos con la explicación de que “actuaron de forma ilegal”, según él.
No obstante, el guatemalteco también ha sido calificado como “corrupto por las Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea y el Gobierno de Canadá”, según Julio Sánchez Cristo en una entrevista telefónica que le hizo a Curruchiche el martes por la mañana.
Durante la conversación, Sánchez también comentó que está incluido en la Lista Engel (Informe de Actores Corruptos y Antidemocráticos), creada por el Departamento de Estado de EE. UU., que identifica a individuos y entidades de Centroamérica que, según ellos, han participado en actos de corrupción o han actuado de forma antidemocrática. Curruchinche respondió a ese recordatorio diciendo que los periodistas deben “investigar más y no caer en el activismo”.
El fiscal instó que el caso “lo había anunciado hace año y medio, que existía una investigación sólida y contundente. En un proceso penal primero se investigan hechos y luego personas. Es esa relación lo que nos llevó a establecer que, de forma corrupta e impune, el señor Iván Velásquez y la entonces jefe de Unidad de Investigación y Litigio de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, actuaron de forma ilegal”, afirmó en la entrevista.
Sin embargo, en un comunicado divulgado este lunes, el Gobierno de su propio país que preside Bernardo Arévalo de León, indicó que la decisión de la Sala de Apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco que emitió la orden de captura no cuenta “con respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional”, rechazando la orden.
“Estas medidas carecen de sustento legal y vulneran el acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig)”, expuso el Gobierno de Arévalo de León.
¿Qué dice Curruchiche sobre Odebrecht?
En otra entrevista realizada por Juan Lozano en La FM, este le pregunta en directo a Curruchiche si Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo habrían recibido algún tipo de beneficio por parte de Odebrecht o de sus ejecutivos.
Curruchiche responde que los colombianos habrían viajado a Brasil, a las instalaciones de la constructora, para firmar acuerdos que beneficiarían a los empresarios brasileños, y asegura que sus pruebas serían “una infinidad de correos electrónicos” entre los involucrados.
Sin embargo, al ser interrogado nuevamente sobre qué habrían recibido específicamente los colombianos como beneficio, afirma que “la investigación técnica es sólida y muy contundente”, pero que “no quisiera profundizar ahí… son aspectos ya muy profundos de la investigación (...) no quisiera entorpecerla ni manifestarme al respecto”.
Lo que sí considera “obvio” es que el caso Odebrecht constituye “un caso de Estado, en el que Guatemala perdió tres mil millones de quetzales”.
La orden de detención fue emitida por la cuestionada Sala Tercera de Apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco y obedece a supuestas irregularidades durante el trabajo de Velásquez y Camargo en la Cicig por el caso Odebrecht, según detallaron medios locales.
Los que hacen parte de la sala de apelación
Dicha Sala de Apelaciones ha sido señalada por diversos expertos en temas judiciales por sus resoluciones en contra de la libertad del periodista José Rubén Zamora Marroquín, encarcelado desde hace más de mil días sin cargos probados en su contra.
La sala, presidida por el abogado Alejandro Prado, también ha tenido a cargo dictámenes en contra del partido oficial, Movimiento Semilla, del exfiscal anticorrupción Stuardo Campo y de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral por las elecciones de 2023.
Zamora Marroquín y Campo son considerados como “presos políticos” por organizaciones sociales debido a su lucha contra la corrupción que los ha llevado a la cárcel.
El Gobierno de Arévalo de León añadió en el comunicado que “ya está en o con las autoridades del hermano país de Colombia” para las “aclaraciones diplomáticas que correspondan”.
Sin facultad de emitir órdenes de captura
La decisión de este lunes de la Sala de Apelaciones fue además criticada por el exfiscal anticorrupción guatemalteco Juan Francisco Sandoval, exiliado en Estados Unidos, quien recordó en sus redes sociales que los magistrados de apelaciones no cuentan con la facultad de emitir órdenes de aprehensión, de acuerdo con la ley guatemalteca.
La solicitud de detención fue planteada por el Ministerio Público, cuya cúpula se encuentra sancionada por Estados Unidos bajo señalamientos de corrupción y por intentar derribar los resultados electorales de 2023 que llevaron a la Presidencia a Bernardo Arévalo de León.
El rol de Velásquez y Camargo en Guatemala
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, bajo el mando de Velásquez y con la participación de Camargo, desmantelaron entre 2014 y 2019 más de un centenar de estructuras de corrupción dentro del Estado, en su mayoría comandadas por políticos, empresarios y funcionarios.
Velásquez fue también ministro de Defensa en el gobierno del presidente Gustavo Petro y ahora se desempeña como embajador de Colombia ante El Vaticano.
En 2024, la ONU recordó a las autoridades de Guatemala que los funcionarios extranjeros que formaron parte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) siguen gozando de inmunidad en virtud del acuerdo por el que se estableció ese órgano.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia había afirmado este lunes que la orden de captura “carece de sustento jurídico” y “constituye un atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional”.
Le recomendamos:
- Rusia y Ucrania acuerdan intercambiar prisioneros menores de 25 años y heridos
- Bukele: “Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños”
- Israel dispara contra palestinos “sospechosos” que buscaban comida
👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.
🌏📰🗽 Le puede interesar nuestro plan superprémium, que incluye total a El Espectador y a la suscripción digital de The New York Times. ¡Suscríbase!
📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea ar al equipo, puede hacerlo escribiendo a [email protected]
