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El presidente estadounidense, Donald Trump, cumple 100 días en el poder, tiempo en el que ha firmado más órdenes ejecutivas que cualquier otro mandatario en este período, ha llevado a cabo una cruzada en contra de la migración, se ha enfrentado a grandes universidades y ha minimizado escándalos de seguridad nacional, como lo ocurrido el mes pasado con la discusión de varios de sus funcionarios acerca de la ofensiva en Yemen a través de un chat de Signal. Algunos han calificado su presidencia de brutal y caótica, mientras él, desde Michigan, uno de los estados que le dio la victoria en noviembre, se llamó a sí mismo un “hombre de acción”.
Más de 130 órdenes ejecutivas firmadas
Desde que tomó posesión de su segundo mandato, el republicano se ha movido a un ritmo que no se veía desde Franklin Roosevelt y su manejo de la crisis por la Gran Depresión. Además, en este corto período de tiempo, Trump se está acercando al número de órdenes firmadas por su antecesor, Joe Biden, en sus cuatro años de gobierno: 162.
Ignorando el Congreso, el jefe de la Casa Blanca ha usado estas directrices para imponer cientos de miles de millones de dólares anuales en nuevos impuestos a las importaciones, en una guerra comercial que ha tenido como especial blanco a Canadá y China, y para reestructurar la burocracia federal, permitiendo los despidos masivos en distintas agencias federales, como USAID, impulsados por su aliado Elon Musk y el Departamento de Eficiencia Gubernamental.
En lo que va de su mandato, más de 120.000 empleados federales han sido despedidos o están bajo riesgo de serlo. Como informa CNN, con algunas variaciones, el número de trabajadores federales directamente contratados por el Gobierno se ha mantenido relativamente estable en torno a los dos millones durante décadas. Trump y Musk llegaron a cambiar eso: varios trabajadores en período de prueba han sido despedidos, mientras otros han sido objeto de “reducciones de personal” y de medidas de jubilación anticipada.
Una cruzada contra la migración
Aunque desde la istración de Biden se venía presentando una reducción en el número de encuentros fronterizos, Trump llegó para reforzar esa tendencia. De hecho, las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos muestran una disminución significativa en las cifras: en marzo se registraron alrededor de 7.180 cruces fronterizos del suroeste, una drástica disminución en comparación con el promedio mensual de 155.000 de los cuatro años anteriores. Además, se presentaron unas 230 detenciones diarias en la frontera suroeste, que equivale a una reducción del 95 % con respecto al promedio diario de 5.100 del Gobierno anterior.
Este es un tema prioritario en la agenda del republicano. De hecho, una de sus primeras acciones como presidente fue ordenar la movilización de tropas hacia la frontera y deportar masivamente migrantes a países como Colombia, Guatemala, Venezuela y El Salvador. En solo el primer mes, el Pentágono gastó aproximadamente US$250 millones en vuelos de deportación en aviones militares estadounidenses, el despliegue de miles de tropas adicionales y la expansión de las instalaciones de detención en la Bahía de Guantánamo, según fuentes citadas por CNN.
Como un pilar de su política exterior, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, hizo recientemente un viaje por Latinoamérica. Pero no solo eso, la relación entre Estados Unidos y El Salvador, liderado por Nayib Bukele, a quien recibió hace poco en la Casa Blanca, se ha estrechado alrededor de este asunto. De hecho, el gobierno de Trump deportó a un grupo de migrantes a la megacárcel contra el terrorismo del líder salvadoreño, bajo el argumento de que ellos pertenecen al Tren de Aragua, grupo venezolano que tiene tentáculos en varios países de la región, y la pandilla MS-13.
Esto le ha costado un enfrentamiento abierto con la Corte Suprema, además de que le han llovido críticas por la deportación errónea de Kilmar Abrego García, un salvadoreño que no tiene antecedentes penales en Estados Unidos y que, a pesar de contar con una protección que le impedía ser enviado de regreso a su país, fue enviado al Estado centroamericano.
Trump vs. Harvard
Esta es una de las más recientes tensiones dentro del gobierno del republicano. Tras no aceptar unas condiciones sobre cambios en su gestión, prácticas de contratación y política de isiones, que de fondo tienen las disputas alrededor del asedio israelí en la Franja de Gaza y las protestas estudiantiles alrededor de eso, así como la oposición a los recortes de programas y políticas de diversidad, Trump congeló US$2.200 millones en fondos a la Universidad de Harvard, que se ha mantenido firme en su postura de que ningún gobierno puede dictaminar qué se enseña, a quién se ite y a quién se contrata, apelando a la libertad de expresión.
A través de sus redes sociales, el republicano ha amenazado con quitarle a la institución educativa el estatus de exención de impuestos, del que gozan varias universidades por ofrecer un servicio público, y ha dicho que no merece recibir fondos federales. En respuesta, Harvard demandó al Gobierno, argumentando que “sus acciones son ilegales”. Recientemente, se supo que, en medio de esta disputa, la universidad optó por cambiar el nombre de su departamento de Diversidad, Equidad e Inclusión. Esta dependencia ahora se conoce como Vida en la Comunidad y en el Campus.
Todo esto ha ocurrido en medio de un contexto de detenciones y eliminación de visas a jóvenes simpatizantes con la causa palestina y críticos de Israel. Los casos de Mahmoud Khalil, graduado de Columbia, que puede ser deportado a pesar de ser residente permanente legal en Estados Unidos, y de Rumeysa Ozturk, mujer turca que estudiaba su doctorado en la Universidad de Tufts, son símbolo de ello.
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