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En octubre de 2023 la Fiscalía tomó una decisión de avanzada en la justicia para la población LGBTIQ+. Escuchó las peticiones de quienes fueron violentados y a los familiares de aquellos que, a causa de su sexualidad diversa, fueron asesinados, para crear una directiva sobre cómo investigar y procesar estos casos. Se trató de la primera decisión de un ente investigador en Latinoamérica de reconocer y hacer investigaciones con enfoque diferencial.
La publicación de la directiva 006 de la Fiscalía fue aplaudida por colectivos y organizaciones LGBTIQ+ que, para ese entonces, aseguraron sentirse a merced de la suerte o el azar para que el Estado los protegiera de ser amenazados y hostigados. La decisión fue importante, pues no solo reconoció que las agresiones contra esta población existían y eran demasiado frecuentes, sino que además obligaba al Estado a tomar cartas frente a las más de 1.000 muertes que se han presentado en la última década.
Pero el eco de los aplausos se ha ido perdiendo en el ambiente, pues la violencia contra esta población continúa y la justicia aún tiene pendientes. El Espectador habló con expertos, colectivos y organizaciones LGBTIQ+ para conocer qué ha pasado en ocho meses al interior de la Fiscalí.
Aprendizaje acelerado
Como toda política pública, la Fiscalía ha tenido durante ocho meses la tarea de estudiar la directiva y hacer que sus más de 20.000 funcionarios la conozcan y apliquen. Sin embargo, esa es una de las mayores preocupaciones para los expertos, pues mientras los fiscales, policía judicial e investigadores se capacitan en el tema, la vida LGBTIQ+ sigue estando en riesgo. Por ejemplo, Colombia aún sigue siendo el tercer país del continente, solo detrás de México y Brasil, en donde más vulneraciones se registran contra estas personas.
De acuerdo con Caribe Afirmativo, una ONG que vela por los derechos de la sexualidad diversa, cada día se registran entre nueve y 10 casos de agresiones y amenazas contra esta población. La mayoría de estos hechos consisten en agresiones leves o amenazas seguidas de violencias físicas y finalmente, los asesinatos. Pero todos son delitos y son castigados por el Código Penal precisamente por vulnerar derechos y por estar motivados por la homofobia.
Pero estos trabajos de socialización de la directiva no son sencillos, pues los funcionarios de la Fiscalía deben integrar en sus rutinas un nuevo enfoque de hacer justicia y de diferenciar cuándo, o no, hay un delito motivado por odio contra la sexualidad diversa. Además, esto es un reto tanto en las ciudades capitales como en los municipios alejados en los que una fiscalía seccional debe investigar y procesar cientos de delitos en promedio. Si bien la directiva pretende lograr una justicia más eficaz contra estos crímenes, podría llegar a tener efectos colaterales en el funcionamiento de los engranajes de la Fiscalía.
Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, asegura: “Hay que resaltar que el Ministerio del Interior, Usaid y las fiscalías seccionales han socializado la directiva. Pero se debe incluir en la discusión a la Policía Judicial que es la que realmente investiga de primera mano y recoge los elementos probatorios para procesar, o no, a quien comete el delito”.
Pero colectivos de sexualidad diversa consideran que un cambio real no depende únicamente de la Fiscalía, sino de una acción conjunta del Estado. De nada funciona una orden istrativa que busque justicia, dice el vocero de uno de las organizaciones, si hay funcionarios públicos que deslegitiman la violencia contra LGBTIQ+ o la sociedad permite que se siga perpetuando”.
A pesar de las críticas, la Fiscalía ha logrado hacer dos tareas que estaban pendientes: conformar un grupo especializado de fiscales que investiguen los delitos contra las personas de sexualidad diversas y, en segundo lugar, algo que Castañeda considera de máxima importancia: “que en cualquier crimen que se cometa contra LGBTIQ+ se tenga el supuesto de que fue en razón del prejuicio de su actividad sexual”. En otras palabras, se asume que una amenaza, golpiza o en casos más graves, como asesinatos, los fiscales deben hacer toda su investigación asumiendo que este se cometió, precisamente, por pertenecer a esa comunidad.
Solo en titulares
Pero Castañeda considera que aún faltan escalones importantes para que la directiva de la Fiscalía, y por ende sus funcionarios, apliquen este enfoque de justicia como se espera. Por ejemplo, Castañeda cuestiona que aún no se conoce cómo es la hoja de ruta que tiene el ente investigador en sus oficinas para implementar la directiva.
Sin este paso a paso, las organizaciones saben que existe una orden desde la cúpula de la Fiscalía para investigar con enfoque diferencial, sin embargo, no saben a ciencia cierta cómo será esa investigación.
Tanto Castañeda como los colectivos consultados aseguran que responder esto podría resultar ambiguo. El director de Caribe Afirmativo explica que hablar de justicia no depende únicamente de la Fiscalía: “es un gran paso para que se investiguen amenazas, hostilidades y asesinatos, pero se requiere una articulación y saber con quién se entenderá esta institución para coordinar esas investigaciones y finalmente, ofrecer justicia”.
Los colectivos, por su parte, se notan más mesurados al referirse a justicia. Sus integrantes son quienes son agredidos por su orientación sexual y, al momento de denunciarlo, manifiestan que la Fiscalía hace parte de una de las trabas institucionales para acceder a una decisión justa.
Pero hay que mencionar que en el ente investigador también hay otras directivas para investigar delitos a otros grupos, como por ejemplo niños, mujeres o personas en condición de discapacidad. Sin embargo, estas órdenes no se han traducido en más celeridad ni en menos violencias contra las personas. A pesar de las directivas para hacer justicia con enfoque de género, aún hay impunidad frente a los feminicidios y, según ONG de derechos infantiles, el 97 % de las agresiones sexuales contra los niños permanecen en impunidad.
Castañeda, a pesar de todos los pasos pendientes, considera que no solo la Fiscalía, sino todo el aparato estatal puede fortalecerse de esta directiva. La Rama Ejecutiva puede utilizar los datos que el ente investigador proporciona para crear políticas públicas de prevención y el Congreso por su parte puede tener protagonismo para aprobar leyes que estén orientadas en la inclusión de las personas con sexualidad diversa.
La tarea ahora recae en Luz Adriana Camargo, la fiscal electa durante los cuatro años y que deberá no solo cosechar los logros de anteriores funcionarios, sino hacer que la directiva se convierta en sinónimo de menos impunidad y dar el mensaje de que, cuando la sexualidad diversa es agredida, la justicia debe, y puede, castigar a quien lo haga.
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