Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Varios son los recuerdos que los habitantes más viejos de Córdoba tienen de su pasado: los primeros predios en los que sembraron para sobrevivir, la llegada de unos hombres armados en los 90 que empezaron a preocuparlos, y la historia de cómo la guerra les arrebató su familia, sus proyectos de vida, sus hogares o, en algunas ocasiones, todo lo anterior.
En el pasado, Córdoba fue un bastión paramilitar desde el cual se ordenaron masacres, asesinatos, despojos e incluso, tomas a sedes de salud e instituciones educativas. Uno de los casos que aún resuena entre las víctimas es la toma la Universidad de Córdoba en el 2000, que en busca de poderío al interior de la comunidad dejó varias cicatrices.
Hoy, casi dos décadas después de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, en Santa Fé de Ralito, sus habitantes siguen esperando por la justicia que quedó pendiente de sus antiguas violencias y añoran que la guerra deje de ensañarse contra campesinos, afros e indígenas.
Cronología de una herida
Las primeras pinceladas de guerra en Córdoba empezaron en la década de los 80 con las continuas extorsiones del EPL y las Farc. Pero no fue hasta inicios de los 90, cuando la presencia paramilitar llegó al territorio a convertirse en un fenómeno que cooptó todas las esferas de la vida de sus habitantes, desde el campo y las haciendas hasta las decisiones que tomaban altos políticos de la región.
El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) detalló que en 1990, Salvatore Mancuso, ya consolidado como terrateniente y aventurándose en el mundo de las autodefensas, se negó a continuar pagando “vacunas” y extorsiones a integrantes de las guerrillas. Desde ese momento, se organizó militarmente y con esa decisión empezó un efecto dominó que dejó también desapariciones, asesinatos y desplazamiento.
Córdoba vivió todas las expresiones del conflicto, de acuerdo con registros del Observatorio de Memoria y Conflicto, y del Registro Único de Víctimas, la violencia repercutió a tal punto que dos de cada 10 cordobeses han vivido la guerra de manera directa, sin embargo, el desplazamiento forzado se convirtió en una de las herramientas de guerra más recurrentes, como una forma de financiar las filas de grupos armados al margen de la ley.
Los datos del Observatorio aseguran que Córdoba fue escenario de más de 9.000 acciones de guerra, entre las que predominan los asesinatos selectivos, las masacres o la desaparición forzada, la mayoría cometidos contra campesinos que se negaban a obedecer las amenazas de las autodefensas o dirigidos ante líderes comunitarios y sociales que le plantaron frente a la guerra.
El CNMH explica, en un informe publicado en 2014, que una de las razones por las cuales Córdoba se convirtió en un epicentro de guerra se debe, en parte, a la inmensa presencia paramilitar en el departamento. De acuerdo con sus investigaciones y testimonios de “paras” desmovilizados, el Bloque Córdoba, llegó a estar compuesto por más de 2.000 hombres divididos en cinco bloques y tres frentes.
“Es posible atribuírsele mucha de la violencia letal del conflicto armado a la actuación de la Compañía de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y al Bloque Córdoba de las Autodefensas Unidas de Colombia”, concluyó el CNMH al encontrar que uno de cada tres crímenes cometidos en ese departamento, fueron ordenados, ejecutados o financiados por “paras”.
Gritos sordos
Marcelo Vega, director regional de Córdoba de la Unidad de Víctimas, aseguró a este diario que en los registros de esa entidad hay más de 370.000 víctimas registradas y acreditadas para ser atendidas por el Estado, ya sea con indemnizaciones u otras medidas de justicia, como restitución de tierras o atención psicosocial.
Sin embargo, Vega explica que “tenemos el 100% de certeza que no conocemos todas las víctimas y los hechos victimizantes del departamento, porque declarar estos hechos está relacionado con el temor que las personas han tenido y aún mantienen”. Este diario, por ejemplo, conoció el caso de una anciana de 87 años, desplazada en 2001 en Tierralta (Córdoba) y que, aún hoy, no ha recibido ninguna medida de justicia frente a la violencia que vivió.
“A veces creo que lo que me va a tocar a mí y a mis hijos es la justicia divina, porque después de veintitantos años, no sabemos ni siquiera cómo seguir pidiendo justicia”, dijo la mujer que prefiere reservar su nombre.
Estos pedidos se complican, dice Marcelo Vega, porque el Estado alertó hace meses que no hay suficiente dinero para reparar a todas las víctimas, lo que en otras palabras significa que un familiar de un desaparecido forzado, por ejemplo, por más que recoja el papeleo, cumpla los requisitos y sea acreditado como víctima, puede enfrentar un escenario en que una indemnización se vea pausada hasta nuevo aviso o, como sucede en cuanto a conocer la verdad, sus victimarios no reconocen o detallan exactamente qué fue lo que ocurrió con su allegado en realidad.
Luz en la sombra
Si bien el panorama de justicia ofrecido por Vega y las cifras de indemnización de la Unidad de Víctimas parezca crítico, hay algunas decisiones por parte del Estado y las organizaciones sociales que han aclarado un escenario que parece opaco especialmente cuando se habla de la restitución de tierras y sentencias que, aunque pequeñas, han resignificado décadas de dolor e historias de despojo.
En este especial le contaremos historias sobre cómo, luego del desplazamiento, la revictimización y años de espera, la justicia puede llegar, aunque sea tarde. Especialmente cuando se habla de grupos campesinos y grupos étnicos, que fueron quienes más sufrieron la guerra en Córdoba; y también cómo estos reclamos para grupos afros e indígenas, aunque no está satisfecho en su totalidad, va dando pasos significativos para saldar esa deuda.
Ana Cristina Muñoz, directora de la Unidad de Restitución de Tierras para Córdoba, aseguró para este especial que, si bien se ha intentado avanzar para solucionar despojos históricos en el departamento, hay una tarea que desde esa entidad se ha adoptado: “poner a la víctima y al campesino en el centro del proceso”.
¿Sabe qué es la justicia centrada en las personas? Visite Justicia Inclusiva de El Espectador
