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El presidente de la Corte Constitucional y ponente del expediente que define el futuro de la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, buscar revisar los testimonios y demás pruebas sobre la corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd). La razón: los dineros saqueados de la entidad aparentemente habrían sido empleados en coimas para que congresistas ayudaran a aprobar iniciativas del gobierno de Gustavo Petro en su paso por el Legislativo. Una de ellas, la reforma pensional.
Mediante un comunicado, el magistrado Ibáñez se comunicó con la presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Sala de Especial de Instrucción, la fiscal general Luz Adriana Camargo, así como al Juzgado Décimo Penal Especializado del Circuito de Bogotá y al Centro de Servicios Judiciales. En ella, pide que a su despacho le remitan “copia de los siguientes elementos o medios de prueba recaudados dentro de los procesos adelantados por actos de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y sus derivados”.
Específicamente, el magistrado Ibáñez solicitó copia de las declaraciones e interrogatorios “rendidos por el Exdirector y Subdirector General de la Unidad de Gestión del Riesgo Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez”. También, la copia de la medida de aseguramiento impuesta en contra de la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz, así como las distintas declaraciones que ha rendido en la Fiscalía y su solicitud de ser escuchada por la Sala Especial de Instrucción.
Igualmente, pidió copia de las declaraciones de los congresistas y de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público Julián Peinado, Liliana Bitar, Wadith Manzur, Karen Manrique, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz. Asimismo, de las declaraciones de las exasesoras del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, María Alejandra Benavidez y Andrea Carolina Ramírez Olivera.
El magistrado Ibáñez también solicitó copia de las declaraciones de Jaime Ramírez Cobo (exasesor del Departamento istrativo de la Presidencia de la República - DAPRE), Carlos Ramón González (exdirector del DAPRE y de la Agencia Nacional de Inteligencia - ANI), Luis Fernando Velasco (exministro del Interior). Igualmente la del exsenador Pedro José Castro Espinosa.
Dentro de otros documentos que pidió el presidente de la Corte Constitucional está la decisión con la que el Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, con la que se condenó a cinco años, ocho meses y un día de prisión a Sneyder Pinilla. Por último, la decisión con la que se dictó órden de captura en contra de los expresidentes del Congreso Iván Leónidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas.
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