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El futuro de la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro está cada vez más cerca de resolverse. La nueva ponencia que presentó el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, apunta a que la iniciativa debe caerse, es decir, declararse inexequible. Esta es la segunda vez que el togado tiene que presentar un proyecto de fallo y las razones que expuso en el nuevo documento son muy similares a las que expuso en febrero pasado, antes de que un despiste revelado por este diario obligara al alto tribunal a echar para atrás el caso y perder casi seis meses de trabajo.
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La nueva ponencia del magistrado resalta lo mismo que la primera: que la reforma pensional fue mal tramitada durante su paso por el Congreso y que no se llevó a cabo la publicidad y ni el de debate requerido para una iniciativa tan relevante.
En esta ocasión, el magistrado revisó el concepto emitido por la Procuraduría, ahora liderada por Gregorio Eljach Pacheco, exsecretario general del Senado, y quien estuvo presente en el desarrollo de los debates para sacar adelante la reforma. El Ministerio Público pidió que la iniciativa quedara en firme, porque, según el propio Eljach, el paso del proyecto para volverse ley se hizo con todas las garantías de la Ley.
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Aun así, el magistrado Ibáñez se mantuvo firme en lo que consideró la primera vez y que fue respaldado por la misma Procuraduría, que en noviembre del año pasado, cuando era liderada por Margarita Cabello: que la reforma laboral tuvo vicios de trámite. La nueva ponencia fue radicada por el presidente de la Corte el pasado 15 de mayo, tres meses después de haber radicado la primera y que quedó sin valor por haber tenido que reversar el proceso y perder el trabajo de casi seis meses.
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La razón, como lo contó El Espectador en ese momento, fue que no se había resuelto un impedimento que presentó la magistrada Diana Fajardo desde septiembre de 2024, quien se benefició de la reforma pensional de Petro. La togada adelantó un proceso para pasarse de un fondo privado a Colpensiones, el fondo público. Por ahora, la ponencia está siendo estudiada solamente por siete magistrados, porque Fajardo no participa y la magistrada Cristina Pardo dejó el alto tribunal el jueves de la semana pasada.
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