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La situación de protección a los firmantes del acuerdo de paz de 2016 es crítica. Este lunes, en la Corte Constitucional se llevó a cabo una audiencia pública de seguimiento a la Sentencia SU-020 de 2022 que declaró la grave violación de a las garantías de seguridad para la población firmante de paz. En ese escenario, se conoció que el primer trimestre de 2025 ha sido el periodo más violento para estas personas y que hay una falla en la ruta de protección para ellas.
El encuentro fue liderado por la magistrada Cristina Pardo, quien en primer momento “lamentablemente, de acuerdo con la más reciente información suministrada por la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el primer trimestre de 2025 ha sido el periodo más violento contra la población firmante del acuerdo de paz, desde la suscripción del acuerdo”.
Según la información que se presentó en el alto tribunal, “se presenta un incremento del 67% en los homicidios, un 300 % los casos de desplazamiento forzados masivos y un 900 % en los casos de desaparición”, según explicó la magistrada Pardo. Adicionalmente, sostuvo “es claro la intervención urgente del Sistema de Prevención, la coyuntura actual demuestra que existen problemas estructurales en varios componentes de las garantías de seguridad, entre estos en el funcionamiento del sistema de prevención y la alerta para la prevención rápida”.
Dentro de lo mencionado por el alto tribunal, “estas fallas impiden que este sistema sea lo que el Acuerdo de Paz buscó, que fuera una herramienta para identificar, advertir, mitigar y eliminar de forma oportuna riesgos a los derechos de los firmantes”.
Por otra parte, el alto tribunal se refirió a la situación de orden público en el Catatumbo “la Sala ha documentado el homicidio de seis firmantes de paz durante el mes de enero del 2025 en Norte de Santander, así como la desaparición de al menos siete firmantes”. También, el más reciente de la misión de verificación de la ONU dejó ver que “las más de 54,800 personas desplazadas forzosamente, 180 corresponden a firmantes de paz”.
Dentro de los asistentes, el jefe de la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Raúl Rosende, resaltó que hay falta de presencia estatal, especialmente en los departamentos del Cauca, Norte de Santander, Arauca, Putumayo y Meta. El funcionario resaltó ante el alto tribunal la importancia de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Según Rosende, estos lugares “son la punta de lanza de la llegada del Estado a zonas periféricas donde, históricamente, nunca estuvo presente y la violencia ha sido alta”.
El vocero de la ONU le dio a la Corte que “el asesinato de 464 excombatientes es el principal obstáculos para la implementación del acuerdo. Hablamos de personas que dejaron voluntariamente sus armas y que en su gran mayoría estaban aportando en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”. De acuerdo con lo dicho por Rosende, “estamos hablando de territorios donde convergen economías ilegales y la propia ausencia del Estado determina la presencia de actores armados. No hay proceso de paz efectivo, sin que la reincorporación de excombatientes”.
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