Los delicados casos que quedaron huérfanos con la crisis en la Agencia de Defensa

César Palomino Cortés, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, junto a Diana Sofía Morales, secretaria general.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Colombia se defiende de demandas multimillonarias en dólares a través de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje). Un caso ejemplo es el del Galeón San José, cuyo contenido y su presunto descubrimiento es demandado por el inversionista estadounidense Sea Search Armada, que reclama hasta US$1.000 millones. Para atender este tipo de delicados procesos, 25 en total, la Agencia cuenta con el Grupo Interno de Arbitrajes de Inversión. O bueno, contaba, porque hace dos semanas todo el equipo de trabajo, conformado por ocho funcionarios, presentaron su renuncia de manera irrevocable. Dos ya fueron aceptadas por el director César Palomino.

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La raíz de la renuncia está en las alertas del exsenador Jorge Robledo, fortalecidas con investigaciones de medios de comunicación, sobre los procesos de contratación en la Agencia. En especifico sobre las dudas que despertó la posible contratación de la empresa Astrea SAS, sin ninguna experiencia en litigios internacionales, como parte del equipo de trabajo de la firma estadounidense Hughes Hubbard & Reed (HHR). Un reputado bufete de abogados que está listo para defender al Estado en una demanda de US$430 millones que el inversionista canadiense Zijin Continental Gold presentó contra Colombia, ante la toma del Clan del Golfo a su concesión en Buriticá (Antioquia).

Según conoció El Espectador, todo el grupo de trabajo renunció ante las sospechas que pesan sobre las cabezas de la Agencia, entre ellos su jefe directo, Yebrail Haddad Linero. Este último es el director de defensa internacional y ha ocupado diversos cargos políticos en Norte de Santander, justo la región de la cual son los abogados de Astrea SAS, quienes todavía no explican cómo llegaron al delicado proceso de Zijin. El director Palomino ha insistido en que el grupo renunció por miedo a represalias en el cerrado mundo del arbitraje de inversión y dispuso de funcionarios de otras dependencias para que, después de un empalme que lleva hasta ahora una semana, maniobren las funciones de quienes se van.

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Este diario indagó en los procesos que llevaba el grupo que presentó su renuncia y encontró que, solo en la información que se da a conocer al público, en sus manos tenían la gestión de procesos con los que se le solicita al Estado colombiano hasta US$13.500 millones. Es decir, más de 50 billones de pesos en moneda nacional. Tras consultar en diversas entidades públicas y medios de comunicación, es posible establecer que con ese dinero se pueden construir más de 2.000 kilómetros de autopistas de alta calidad, hasta 100 hospitales modernos, cubrir 10 años de educación gratuita en universidades públicas y financiar dos veces la Primera Línea del Metro de Bogotá.

Estos son los procesos que están en juicio o a punto de iniciar fase de juicio, en organismos de justicia internacional como la Corte Permanente de Arbitraje o el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI):

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Estos expedientes, además de la cuantía, son delicados porque con ellos Colombia se juega la noción que los inversionistas extranjeros pueden tener de la seguridad jurídica del país para traer sus negocios. Por ello, y ante la cantidad de trabajo que debe responderse con la más alta calidad, la Agencia suele contratar firmas internacionales, como HHR, que se apropien de los expedientes, con el seguimiento del Grupo Interno de Arbitrajes de Inversión. Estos funcionarios, cabe aclarar, se encargaban de conocer las primeras fases de los pleitos, gestionar toda la documentación para entrar a las disputas, participar técnicamente del proceso de selección de la firma internacional y tener una comunicación constante con el bufete contratado para los fines de la defensa nacional.

Fuentes que conocen los procesos de arbitraje de inversión advierten que, entre las pérdidas más profundas con las solicitud de renuncias, es el conocimiento específico que tenía el grupo sobre estos casos. Todos tenían un promedio de año y medio trabajando para la Agencia, siendo los abogados más competentes y empapados de los problemas por inversión de Colombia en el extranjero. Tal era su nivel que ya habían tomado algunas fases iniciales de algunos procesos, como en el caso Galeón San José, que finalmente se le cedió al bufete GBS Disputes. El Grupo Interno fue capaz, incluso, de defender a Colombia por su propia cuenta en la más reciente fase del caso Eco Oro, un inversionista canadiense que reclamó expropiada su inversión cuando las autoridades nacionales prohibieron la minería en el Páramo de Santurbán.

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Ahora, el nuevo grupo de empalme deberá estudiar 25 litigios del más alto nivel, que tienen términos contando para presentar las respectivas estrategia de defensa. Nueve de ellos están en etapa arbitral, es decir, de juicio, incluyendo el caso Zijin Continental Gold, el megacaso del Galeón San José y el expediente iniciado por los inversionistas españoles dueños de Sanitas EPS, que demandan la intervención del gobierno en sus negocios. Además, el nuevo grupo de empalme deberá atender seis casos ya finalizados, en los que hay procesos donde el país se juega una segunda instancia para evitar pagos multimillonarios. Entre ellos, el del español Telefónica, al que se le adeudan $1,7 billones. Por si fuera poco, hay 10 notificaciones de demanda que están a punto de llegar a juicio, si Colombia no logra llegar a un acuerdo previo. Ello nunca pasó, pero al nuevo grupo de empalme le toca intentarlo.

El seguimiento de la justicia

Tal ha sido la controversia generada que el director de la Agencia, Palomino, despachó una solicitud masiva de renuncias en la entidad y no tuvo de otra que aceptar la renuncia irrevocable de todo el Grupo Interno de Arbitraje de Inversión. Palomino solicitó la intervención de la Fiscalía, por lo que considera una filtración de datos sensibles, con implicaciones penales. Además, solicitó el acompañamiento de la Contraloría y de la Fiscalía, para determinar responsabilidades fiscales y disciplinarias. La primera se negó a actuar y la segunda ya puso la lupa en el caso, a través de la delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, a cargo de Marcio Melgosa Torrado.

La Procuraduría le hizo una serie de solicitudes a la Agencia. La primera, que realice y envíe un informe ejecutivo que dé cuenta del estado actual de la selección del contratista. También deberá indicar cuál es la modalidad de selección del contratista y su fundamento. Además, deberá indicar cuál es la finalidad de la invitación a cotizar dentro de la selección al contratista. Esto último está relacionado con, como explican las fuentes oficiales de la Agencia, el cambio que quisieron implementar: pasar de la contratación directa a una contratación más parecida a una licitación pública. No obstante, el cambio resultó extraño, pues los procesos no cuentan con puntajes a evaluar explícitos y, aunque se crea una lista corta de posibles contratistas, a la final el Consejo Directivo de la Agencia termina escogiendo a dedo a su favorita.

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