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El teniente coronel (r) Fabián Eduardo Sarmiento Valbuena, el sargento (r) Jaime Luis Olivera Arrieta y el subteniente (r) Gustavo Alberto Parada Cuéllar fueron imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Esta decisión se da en el marco de las investigaciones en el subcaso Casanare, parte del macrocaso 03, que investiga ejecuciones extrajudiciales cometidas por del Ejército. Solo en ese departamento, las pesquisas judiciales apuntan a que fueron 303 falsos positivos.
Según determinó la Sala de Reconocimiento de Verdad, los tres militares serían coautores de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, como parte de una estructura criminal al interior de la Brigada 16 del Ejército, que operó en Casanare entre 2005 y 2008. Durante ese periodo, habrían participado en un patrón sistemático de asesinatos de civiles, quienes luego eran presentados falsamente como guerrilleros muertos en combate.
Con esta decisión, ya son 29 los máximos responsables identificados en este subcaso, donde anteriormente se habían imputado cargos a 26 personas —23 militares, un funcionario del extinto DAS y dos civiles— por su rol en estas ejecuciones extrajudiciales. De ellos, 24 aceptaron responsabilidad durante la Audiencia de Reconocimiento celebrada en septiembre de 2023.
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Los tres nuevos comparecientes tienen ahora un plazo de 30 días para aceptar o rechazar la imputación. En caso de no asumir su responsabilidad, sus expedientes serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, donde se iniciará un proceso adversarial ordinario.
De acuerdo con la JEP, Fabián Eduardo Sarmiento Valbuena se desempeñó como oficial de inteligencia de la Brigada 16 y habría facilitado el uso de información del DAS para planear operaciones ilegales, además de autorizar pagos por resultados que, en realidad, eran ejecuciones de civiles. También se le señala por supuestamente promover registros falsos en bases de datos institucionales para justificar operativos simulados.
Por su parte, Jaime Luis Olivera Arrieta, quien integraba la misma oficina de inteligencia, habría elaborado informes que sirvieron de base para operaciones que terminaron en asesinatos y desapariciones. Además, se le atribuye el intercambio de información con otras entidades como el Gaula y el DAS en Casanare, que fue clave en la construcción del falso escenario de combate.
El subteniente Gustavo Alberto Parada Cuéllar, quien comandaba el pelotón Cobra 4, habría participado directamente en la captura ilegal, retención y posterior asesinato de víctimas. Según la jurisdicción, usó su conocimiento del terreno para facilitar la ejecución de estos crímenes y permitió que se infiltrara personal de inteligencia con fines de reclutamiento y engaño.
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La imputación se da luego de que la JEP resolviera recursos de reposición presentados por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la Procuraduría. Ambos pidieron revisar una decisión previa de la Sala de Reconocimiento que había remitido el análisis de 301 comparecientes a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. En este contexto, la magistratura consideró que había suficientes elementos para atribuir responsabilidades penales graves a estos tres militares.
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