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“La gravedad de los hechos ocurridos exige acciones que trasciendan los protocolos tradicionales. Como órgano de control, insistimos en que las medidas deben ser proactivas, medibles y ajustadas a la realidad operativa actual, garantizando no solo la seguridad de los uniformados, sino la confianza ciudadana en las instituciones”.
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Esa es una de las consideraciones que el procurador Samuel Arrieta, delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, le allegó al ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez. En un oficio de tres páginas, el funcionario del Ministerio Público le reprochó al Ministerio la capacidad de respuesta ante el plan pistola de los grupos armados contra policías y soldados, que ya deja alrededor de 25 uniformados muertos.
El procurador Arrieta explicó que las medidas no han sido suficientes, a pesar de que el Ministerio ha ordenado controles istrativos y operativos, entre los que se encuentran patrullajes conjuntos y la disposición de mayores capacidades de inteligencia. Para Arrieta, es necesaria una revisión urgente y técnica de las actuales estrategias frente a los hechos de violencia que se presentan.
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Por tanto, el procurador invitó al ministro Sánchez a que revise técnicamente los protocolos de autoprotección, especialmente aquellos dirigidos a de la Fuerza Pública de niveles operativo y básico. Asimismo, evaluar la creación de un grupo especial, unificado y permanente de reacción inmediata, con participación articulada de la Fiscalía, Policía y Ejército, orientada a la investigación de los responsables del plan pistola.
“Contemplar el despliegue de unidades móviles de seguridad y control territorial en los municipios donde se ha confirmado la presencia del Clan del Golfo o de estructuras armadas similares, priorizando aquellos con antecedentes de ataques sistemáticos o señalados en alertas tempranas de riesgo. Esta medida busca fortalecer la presencia institucional y prevenir nuevas afectaciones a la seguridad y los derechos de la población”. se lee en los exhortos.
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De otro lado, el procurador Arrieta le solicitó a Sánchez que remitiera, en un plazo no mayor a tres días, un plan de acción específico que incluya metas verificables y un cronograma detallado de implementación, que tenga por objetivo evidenciar avances concretos en la protección de la vida e integridad del personal de la Fuerza Pública. Asimismo, se le pidió al Ministerio de Defensa que envíe informes mensuales relacionados con ese plan de acción.
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