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En la mañana de este lunes 19 de mayo, el Ejército Nacional informó sobre el avance de un operativo en contra de las disidencias de las Farc en el municipio de Cumbitara (Nariño). Las autoridades desmantelaron el que es, tal vez, el laboratorio de procesamiento de drogas más grande de ese grupo armado en la zona cercana a la frontera con Ecuador.
Según fuentes del Ejército, el laboratorio, que fue destruido de forma controlada, estaba ubicado en una zona estratégica del corredor de narcotráfico entre Colombia y Ecuador. Las autoridades señalaron que la estructura Franco Benavides, de las disidencias de las Farc, estaría a cargo de ese laboratorio de drogas.
Las autoridades señalaron que durante el operativo, que se mantiene desde finales de la semana pasada, hubo enfrentamientos entre tropas del Ejército e integrantes de las disidencias de las Farc. Estos últimos, intentando evitar la destrucción de sus laboratorios de drogas.
En medio de esos combates, el pasado sábado 17 de mayo, sobre las 2:55 de la tarde, integrantes de las disidencias impactaron un helicóptero BlackHawk del Ejército que era usado en la operación. El ataque ocurrió en la vereda La Espiga, de Cumbitara. La aeronave sufrió siete impactos; por fortuna no hubo personas heridas.
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Crisis en la región
Durante el último mes, ha sido compleja la situación de seguridad y orden público en Nariño y Putumayo, zona cercana a la frontera con Ecuador, ha sido difícil. Las disidencias de las Farc han sostenido enfrentamientos con grupos al margen de la ley, tanto colombianos como ecuatorianos, por el control de las rutas del narcotráfico y las rentas de la minería ilegal.
El 2 de abril se presentaron los primeros enfrentamientos entre los Comandos de Frontera y Los Choneros, en el corregimiento de Jardines de Sucumbíos (Ipiales, Nariño). Los hechos afectaron a los habitantes de los consejos comunitarios Nueva Esperanza, Nuevo Renacer, Liberación y Futuro. También a comunidades de los pueblos indígenas Nasa, Awá, Inga y Kofán.
La situación se extendió hasta la frontera con el departamento del Putumayo, donde la Defensoría del Pueblo reportó desplazamientos masivos, confinamientos y “alto riesgo de vulneraciones a los derechos humanos de comunidades negras, indígenas y campesinas” de los municipios de Valle del Guamuez y Orito.
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La entidad también advirtió sobre la desaparición de al menos ocho personas, una denuncia que luego fue reafirmada por las organizaciones Pensamiento y Acción Social (PAS) y la Asociación de Consejos Comunitarios Afro-amazónicos de las Riberas del río San Miguel (Asoccafrain).
Por medio de un comunicado, esta última corporación señaló que los combates en los territorios colectivos afrodescendientes de Ipiales ya dejan a dos personas muertas, y ocho desaparecidas; otras 189 se han desplazado. Datos entregados por las autoridades del Putumayo a la Defensoría del Pueblo señalaban que en ese departamento había 113 personas desplazadas: 93 en Valle del Guamuez y 20 en Orito.
El general Federico Mejía, comandante de la Tercera División del Ejército, reafirmó que allí hay una disputa de los Comandos de Frontera, especialmente por la minería ilegal. “Están en búsqueda de lo que produzca el oro. Sobre todo que esa área de cordillera produce por lo menos 40 toneladas de oro al año; por eso es el enfrentamiento y esas son las posiciones que tienen estas estructuras, ligadas a las economías ilícitas”, dijo en diálogo con El Espectador.
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Luego, en la tarde del 9 de mayo, la Fiscalía de Ecuador y fuentes de las Fuerzas Militares de Colombia confirmaron la muerte de 11 uniformados ecuatorianos, a manos de las disidencias de las Farc. Específicamente de los Comandos de Frontera, que operan en los límites entre Colombia y Ecuador, en los departamentos de Nariño y Putumayo.
Según la información entregada por las autoridades, la emboscada ocurrió en una zona conocida como Alto Punino, en el distrito de Orellana-Loreto. Sobre las 2:15 de la tarde, un grupo de militares de las Fuerzas Armadas de Ecuador llegaban al sitio por vía aérea para adelantar una operación, cuando fueron atacados.
Expertos e investigadores aseguran que lo que sucede en la frontera hace parte de las consecuencias de la crisis de la coca, que empezó a finales de 2022 y que ha hecho que organizaciones ilegales como las disidencias de las Farc migren al control de las rentas de la minería ilegal.
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