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Este 31 de enero se realizó en la Corte Constitucional una audiencia de seguimiento a la Sentencia SU-020 de 2022 sobre el Estado de Cosas Inconstitucional por la falta de seguridad para firmantes del Acuerdo de Paz. Durante la diligencia, la defensora del Pueblo, Iris Marín, aseguró que este es uno de los momentos más críticos para los firmantes de paz en materia de seguridad.
La defensora Marín explicó que el mes de enero de 2024 ha sido la temporada más violenta para los exintegrantes de las antiguas Farc, desde que iniciaron su proceso de reincorporación a la sociedad civil en el año 2017. La crisis de seguridad y orden público en la región del Catatumbo (Norte de Santander) es una de las principales razones de la escalada de inseguridad para los firmantes de paz.
Desde que empezaron los enfrentamientos entre el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente 33 de las disidencias de las Farc, el pasado 16 de enero, seis firmantes de paz han sido asesinados. Otros diez están desaparecidos, según registros del Ministerio de Defensa y de las entidades que le siguen la pista a situación de orden público en esa región.
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La defensora Marín describió la forma selectiva en la que se ha atentado en contra de los firmantes del acuerdo de paz en el Catatumbo. Explicó como muchos exintegrantes de las antiguas Farc fueron perfilados, sacados de sus casas forzosamente, secuestrados y asesinados. Una situación que ya había sido advertida por la entidad desde el 15 de diciembre de 2024, por medio de una alerta temprana que había emitido.
“La Defensoría del Pueblo realiza actualmente seguimiento a 77 alertas tempranas que están relacionadas con riesgos para los y las firmantes de paz. La mayor amenaza se encuentra en los departamentos de Cauca, Antioquia, Caquetá, Chocó, Norte de Santander, Huila, Valle, Putumayo, Meta, Bogotá y Nariño”, explicó la jefe de la entidad durante la audiencia.
A la escalada violenta en el Catatumbo, que aumenta los riesgos para la seguridad de los firmantes de paz, la defensora Marín sumó los efectos de la evidente fragmentación de los grupos armados en distintos sitios del país. Muestra de ello son los enfrentamientos entre las dos facciones disidentes de las Farc en el departamento del Guaviare.
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“Esto está acompañado de la fragmentación de los grupos ilegales, lo que genera un dinamismo que dificulta seguir los riesgos y la capacidad del Estado para responder a ellos”, señaló Marín.
La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior coincidió en que el Gobierno Nacional se ha quedado corto para atender las luces de alerta emitidas por entidades como la Defensoría del Pueblo, actuar de forma anticipada y proteger a los firmantes de paz, como sucedió en el Catatumbo.
Tanto la Defensoría del Pueblo como la Corte Constitucional, hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que atienda de forma anticipada los riesgos para la seguridad que enfrentan los firmantes de paz.
“Hoy registramos los homicidios de al menos siete excombatientes de las extintas Farc-EP que estaban en proceso de reincorporación y que en su momento habían hecho parte del ETCR Caño Indio, en el municipio de Tibú norte de Santander (...). Estos crímenes son inaceptables y nos recuerdan dolorosamente la necesidad de una intervención institucional enfocada en el subcomponente de prevención y reacción de las garantías de seguridad para esta población”, dijo la magistrada Cristina Pardo, presidenta de la Sala Especial de Seguimiento de ese alto tribunal.
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“Es urgente una acción conjunta y eficaz entre las autoridades para garantizar que las víctimas del Catatumbo reciban la atención necesaria y sean incluidas en el Registro Único de Víctimas, facilitando así su a los derechos que les corresponden”, concluyó la Defensoría por medio de un comunicado.
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