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Continúa la crisis de seguridad y orden público en la región del Catatumbo (Norte de Santander). Los enfrentamientos entre el Frente de Guerra Oriental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc ya dejan una cifra de 52.630 personas desplazadas y 5.974 alojadas en albergues temporales. A la crisis humanitaria se suman las recientes denuncias de la Procuraduría General de la Nación sobre irregularidades en la entrega de las ayudas humanitarias para atender la situación.
El procurador delegado para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, Javier Sarmiento, dijo a medios de comunicación que en el municipio de Ocaña las ayudas humanitarias no habían sido entregadas a las víctimas de la crisis en la región. Así lo evidenció una comisión del Ministerio Público que viajó hasta la zona para hacer seguimiento del tratamiento que se le está dando a la crisis.
“Encontramos que había una serie de ayudas acumuladas o abarrotadas en bomberos de Ocaña. Para eso la Comisión se trasladó hasta allá para preguntar qué era lo que ocurría. Es muy preocupante que, viendo esta situación humanitaria, que es evidente en los ocho albergues, no se estén suministrando, se estén fraccionando algunos mercados que tienen unos destinatarios previstos”, dijo el procurador delegado Sarmiento.
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La comisión que visitó la región del Catatumbo también advirtió deficientes condiciones para la estadía de los desplazados en los albergues temporales en materia de baterías sanitarias y lavamanos que garanticen condiciones mínimas de salubridad. “Esto se ha ido superando poco a poco, pero preocupa que ya han transcurrido más de 14 días y esto no evolucione de la manera que corresponde”, agregó el procurador delegado.
El Ministerio de Defensa informó en su más reciente boletín sobre la situación en el Catatumbo que han sido enviadas 396.1 toneladas de ayudas humanitarias, con cierre al 30 de enero. Del total, 55.3 toneladas han llegado por parte del Ejército Nacional, 30.8 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 120 de la Gobernación de Norte de Santander y otras 190 de la Unidad para las Víctimas.
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Dificultades para el retorno
Para el Ministerio Público, no solo es difícil la situación de la región en términos humanitarios. En materia de seguridad, el ente advirtió que las condiciones aún no están dadas para garantizar un retorno seguro de las comunidades a sus territorios. Ya esta semana el ministro de Defensa, Iván Velásquez, había advertido que esa era una condición fundamental para recuperar el control de la región.
“Creemos que es muy prematuro hablar de un retorno porque las condiciones de seguridad no están dadas. Resaltando, por ejemplo, la gran cantidad de minas antipersonales. El Catatumbo es una zona que históricamente ha estado con muchas minas”, dijo el procurador Sarmiento.
Agregó que en municipios como Sardinata no se ha podido avanzar en las misiones de desminado, suspendidas desde hace un tiempo por la situación de orden público. “No están garantizadas las condiciones para hablar de retorno” agregó el funcionario del Ministerio Público.
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El pasado 25 de enero el Ministerio Público emitió también un comunicado refiriéndose a la situación en la zona y a su disposición para investigar los crímenes en contra de firmantes del Acuerdo de Paz y hacer seguimiento a la atención de la crisis por parte de las instituciones.
“Se deben brindar las garantías a las comunidades del Catatumbo y de manera oportuna suministrar las ayudas humanitarias ante este grave hecho, y de esa forma lograr que se garantice el adecuado funcionamiento de las instituciones. Es inconcebible que los grupos armados ilegales de esta región no respeten los derechos y el Derecho Internacional Humanitario”, dijo el procurador general, Gregorio Eljach.
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El Catatumbo tras dos semanas en guerra
A dos semanas de haber iniciado la escalada de violencia en el Catatumbo, el panorama de seguridad y orden público no muestra signos de mejoría. A la cifra de cerca de 53.000 desplazados se suman 660 personas que han sido evacuadas de la zona en 53 vuelos humanitarios, por cuenta de amenazas o afectaciones en el fuego cruzado.
Otras 52 personas han muerto en los enfrentamientos, según cifras del Ministerio de Defensa. Sin embargo, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, le dijo a El Espectador que su istración calcula que podrían ser al menos 90 personas. Muchas de ellas, indicó, habrían sido inhumadas por las comunidades ante las dificultades para sacar los cuerpos de las zonas de difícil . Otros aún no habrían sido recuperados por la persistencia de los ataques en terreno.
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La cifra de firmantes del Acuerdo de Paz desaparecidos también aumentó a diez: seis en Teorama, dos en El Tarra, uno en Convención y otro en Tibú. Al menos seis han sido asesinados selectivamente, por lo que instituciones como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) han pedido medidas urgentes de protección.
También ha aumentado el número de soldados desplegados en la zona: más de 10.000 a la fecha. La Presidencia de la República emitió un decreto el pasado 30 de enero a través del cual, entre otras medidas, designó a un comandante militar para que “ejerza control operacional sobre los efectivos de las Fuerzas Militares y de Policía durante la vigencia del Estado de Conmoción Interior”.
En la mañana de este 31 de enero, los mandatarios de Colombia y Venezuela, Gustavo Petro y Nicolás Maduro, anunciaron el inicio de la “Operación Relámpago del Catatumbo”. Se trataría de un despliegue antinarcóticos de la fuerza pública al lado venezolano de la frontera, que es un corredor privilegiado para las operaciones del narcotráfico por parte de los grupos armados.
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“Se ha iniciado una operación militar antinarcóticos en la frontera colombo/venezolana. Buscamos la colaboración entre ejércitos en la lucha contra el ELN. Una frontera sin mafias debe ser el objetivo final para tranquilidad de la población, la paz y la soberanía”, escribió el presidente Petro en su cuenta de X.
Este diario consultó al Comando del Ejército Nacional y la Segunda División de esa institución para conocer detalles al respecto. Sin embargo, las autoridades manifestaron que aún no se tiene conocimiento de dicha operación ni detalles sobre la participación de las Fuerzas Militares de Colombia.
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