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La reforma a la justicia es un hecho. La Cámara de Representantes aprobó en último debate el proyecto que busca cambiar el sistema penal acusatorio de Colombia, para hacerlo más sencillo, rápido y responder la protección y garantías de los derechos de las víctimas.
Este martes 27 de mayo, la plenaria de la Cámara de Representantes se reunió para el último debate de la iniciativa impulsada por la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General y el Ministerio de Justicia.
En la cámara baja se reunieron los representantes de algunas de las máximas autoridades judiciales del país para acompañar el último debate del proyecto en el Congreso y ultimar acuerdos y detalles con los políticos para que el proyecto pueda pasar a la Casa de Nariño y sea firmado por el presidente Gustavo Petro.
En la plenaria de la Cámara, la iniciativa salió adelante con 96 votos, a pesar de que varios congresistas decidieron no participar. Argumentaron que en la Corte Suprema de Justicia se adelantan procesos en contra de ellos y que en aras de la transparencia no debatirían ni votarían. La iniciativa no obtuvo votos negativos.
En la última sesión, habló la presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema, la magistrada Myriam Ávila Roldán, quien dijo a los representantes a la Cámara que esta “es una iniciativa que realmente va a beneficiar y potenciar la istración de justicia”. Además, el presidente de la Corte, Octavio Augusto Tejeiro Duque, agregó que “la Corte estima que el proyecto es uno de importancia grande para el país. Es un proyecto que implica acercar la justicia al ciudadano, acelerar los tiempos de justicia, que implica el sentido de justicia”.
La iniciativa inició su recorrido por el Congreso desde octubre de 2024, cuando el magistrado Gerson Chaverra (entonces presidente de la Corte), Ángela María Buitrago (exministra de Justicia) y Luz Adriana Camargo (fiscal general) radicaron el proyecto que llegó buscando retomar la justicia premia. Es decir, que se den beneficios y se prioricen figuras como los preacuerdos y principios de oportunidad, valiosas alternativas para la terminación anticipada de los procesos.
En el Congreso, aunque salió victoriosa la iniciativa, algunos legisladores pusieron de presente que esta reforma se quedó corta. Por eso, algunos de los representantes a la Cámara, como John Jairo González Agudelo, de las circunscripciones especiales de paz (CITREP), invitaron a que en la próxima legislatura se presente una nueva reforma que abarque más problemáticas que afectan el sistema judicial.
¿De qué trata la reforma a la justicia que se aprobó?
La reforma a la justicia que aprobó el Congreso busca básicamente cuatro cosas. En primer lugar, la reparación integral para las víctimas en procesos penales, para que los casos puedan terminar cuando, en ciertos delitos, los victimarios participen en procesos de reparación de las víctimas. En segundo lugar, priorizar la justicia premial, es decir, dar beneficios judiciales para que, por ejemplo, la Fiscalía pueda negociar un principio de oportunidad incluso antes de iniciar una investigación formal. La finalidad está en que se podrían acortar los tiempos en las investigaciones y descongestionar los juzgados.
En tercer lugar, el proyecto apunta a las pruebas anticipadas. Es tal vez el aspecto más técnico, pero relevante, porque le permitirá a la Fiscalía pausar o detener un proceso penal si una persona acusada decide colaborar con la justicia. Para eso, deberá recoger su testimonio como prueba anticipada, con el fin de asegurar que esa información pueda usarse más adelante en el juicio.
Por último, busca ampliar los términos en que un juez otorga la libertad de un procesado o condenado, para evitar excarcelaciones masivas en delitos de alto impacto y en cuyas víctimas necesitan especial protección.
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