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El gobierno de Gustavo Petro, en nombre del Estado colombiano, reconocerá responsabilidad internacional y le ofrecerá excusas este jueves a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Se trata de la agrupación de campesinos y víctimas del conflicto armado que, desde 1997, se reunieron en una sola comunidad con autogobierno en el Urabá antioqueño, plantándose contra toda forma de guerra y declarándose neutrales del Estado. Una carrera reconocida internacionalmente y que se mantiene en el tiempo, a pesar de la cacería armada en su contra, que ha dejado decenas de muertos.
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La Comunidad, distribuida en diferentes fincas que fueron abandonadas durante la guerra, se ha declarado en oposición abierta a cualquier grupo criminal de los que han pasado y todavía permanecen en la zona. Y, con el tiempo, se declararon independientes de las instituciones del Estado, ante a inoperancia y la asociación de fuerzas de seguridad con grupos criminales. Así lo demuestran las sentencias judiciales y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que contienen los datos relacionados con, por ejemplo, la masacre de febrero de 2005, cuando militares de la Brigada VXII del Ejército permitieron la muerte violenta de ocho campesinos, entre ellos cuatro niños, a manos de paramilitares.
Según las pruebas allegadas ante la CIDH, solo entre 1997 y el 2000 se recopilaron 66 hechos victimizantes, individualizados en detenciones arbitrarias, saqueos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y torturas contra de la Comunidad. Por hechos de esta naturaleza, el gobierno se comprometió desde el año pasado a construir un monumento en honor a las víctimas. Se ubicarán placas y murales en los territorios del dominio de la Comunidad de Paz. El Estado publicará un libro que recopile la historia de los pobladores. Se solicitará a la Fiscalía la creación de un grupo de fiscales e investigadores del CTI que permitan concluir las pesquisas sobre la sostenida persecución.
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La organización ha denunciado la persecución y el asesinato de alrededor de 300 de sus , entre 1997 y la actualidad. Por ello, solicitaron la condena de Colombia por acción de las autoridades y omisión de las mismas ante el sistema interamericano de derechos humanos. La solicitud se presentó en 2008 y recién en este gobierno, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (Andje) llegó a un acuerdo de solución amistosa con la Comunidad, para que Colombia asumiera responsabilidad y, así, evitarle al Estado una condena internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Esta asunción de responsabilidad contribuye a prevenir la repetición de conductas gravísimas que han marcado dolorosamente la historia de esta comunidad. A la fecha se viene avanzando en otros puntos del acuerdo de solución amistosa en temas como formalización de tierras. Asimismo, en concertación con la comunidad, también se iniciarán obras de adecuación de caminos de herradura, instituciones educativas rurales y un centro de salud, además de acciones en temas de memoria histórica”, explicó la Presidencia de la República.
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Además del presidente Petro, al acto de reconocimiento con la Comunidad de Paz asistirán integrantes del gabinete ministerial, funcionarios públicos, embajadores, alcaldes de ciudades europeas y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y religiosas que han acompañado a la Comunidad de Apartadó durante más de dos décadas. El acto público se realizará en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño.
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