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Este viernes 16 de mayo, el juez quinto penal del Circuito de Bogotá rechazó el preacuerdo al que había llegado Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con la Fiscalía. Esto, por su participación en el desfalco a la entidad pública, en un entramado de corrupción que ya ha salpicado también a congresistas, ministros y altos funcionarios del gobierno Petro.
El preacuerdo buscaba que López fuera condenado a una pena de seis años y 2 meses de cárcel. Además, que debía pagar una multa de $724 millones que, según la Fiscalía, ya regresó en su totalidad. Para el juez que revisó el preacuerdo, para la gravedad de los hechos aceptados por Olmedo López, y en especial, que las víctimas fueron comunidades de especial protección, como los indígenas de La Guajira, no se puede avalar una condena de apenas seis años de cárcel.
Para el juez, la Fiscalía cometió al menos nueve errores cuando negoció el preacuerdo con López. Entre ellos, que no hizo los cálculos adecuados para rebajar la pena a seis años, sobre todo porque los hechos investigados fueron de altísima gravedad y se apropiaron de millonarios recursos de la Nación. Además, que no se podía hacer una reducción en el monto de la multa, pues obligar a López a pagar apenas $724 millones, cuando fue la cabeza de una empresa criminal que habría desviado más de $7.000 millones.
De acuerdo con los detalles del proceso, Olmedo López y la Fiscalía llegaron al acuerdo, a cambio de información clave que entregó el testigo sobre cómo funcionó este esquema ilegal que desvió dinero público a bolsillos de terceros de manera ilegal. El preacuerdo abarca dos delitos: concierto para delinquir y peculado por apropiación, por los cuales López iba a recibir una rebaja en su pena del 40 % y tendría que pagar una millonaria multa.
En concreto, la negociación ocurrió en el marco de los hechos de corrupción que se dieron en la compra de 40 carrotanques de agua que iban, supuestamente, a aliviar las necesidades del departamento de La Guajira. Según la Fiscalía, ese se firmó por $46.800 millones, dejando un sobrecosto de $14.163 millones que se habría quedado Olmedo López, Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd, y Luis Eduardo López, un empresario de Pasto (Nariño).
Además de haberse quedado con una parte de esos sobrecostos, la Fiscalía sostiene que también se desvió dinero para pagar dos millonarios sobornos, supuestamente para los expresidentes del Senado y a Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente, quienes fueron capturados por estos mismos hechos el pasado 7 de mayo por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Lo que el ente investigador ha sostenido durante las audiencias de este y otros casos, los sobrecostos y posteriores sobornos se habrían pactado luego de una orden directa del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, con la que se le adicionó $700.000 millones al presupuesto de la Ungrd en 2023. De ese valor, según la Fiscalía, un total de $100.000 millones estaban destinados para gestionar el contrato de los carrotanques y otros convenios afines.
Una vez adjudicado el contrato por $46.800 millones a Impoamericana Rogers SAS, empresa propiedad de López, se abrió la puerta para empezar a repartir los recursos. A los bolsillos de Olmedo López llegaron $724 millones, a los de Sneyder Pinilla $342 millones y, quien recibió la mayor parte fue Luis Eduardo López, que se embolsilló $7.821 millones. Parte del acuerdo que han negociado los tres implicados es devolver este dinero al Estado.
En cuanto a López, la Fiscalía señaló que ya devolvió $724 millones como reparación de los hechos. Durante la audiencia en la que el juez rechazó la negociación, Olmedo López leyó una declaración escrita en la que volvió a pedir perdón por sus acciones y dijo vivir con miedo por lo que le pueda pasar por haberse convertido en uno de los principales testigos de este entramado de corrupción.
Al exdirector de la Ungrd se le cortó la voz cuando le pidió perdón a su esposa, a sus hijos y además de su familia, y le pidió al juez que no lo traslade de la prisión donde se encuentra, pues teme por su vida. “Hablar con la verdad no puede ser una condena a la muerte”, expresó López. Ahora, la Fiscalía podrá renegociar el preacuerdo, según las indicaciones que dio el juez. Solo la defensa de López apeló la decisión, por lo que ahora el caso seguirá en estudio ante el Tribunal Superior de Bogotá.
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