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La Fiscalía General de la Nación anunció este martes 13 de mayo la imputación de cargos a ocho personas por su presunta participación en el esquema de corrupción que desvió recursos públicos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), y que en los últimos días, llevo a la captura de los congresistas Iván Name y Andrés Calle.
Entre los implicados de esta reciente imputación, figura César Manrique Soacha, exdirector del Departamento istrativo de la Función Pública, quien deberá responder por varios delitos relacionados con un convenio irregular por $100.000 millones suscrito entre la Unidad y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
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La Fiscalía señaló que tanto Manrique, como siete personas más, estuvieron implicados en distintas maniobras para direccionar la contratación pública y apropiarse indebidamente de cuantiosos recursos estatales del convenio entre la Unidad y la ANT. El exdirector Manrique será imputado por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
Por su parte, El abogado Édgar Riveros Rey enfrentará cargos por presunto concierto para delinquir agravado, peculado, interés indebido en la contratación, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado. Otros de los señalados son Sonia Rocío Romeo Hernández y Óscar Enrique Cárdenas Angulo, contratistas de la Unidad, quienes también deberán responder por delitos relacionados con peculado y falsedad documental.
Además, fueron vinculados al proceso Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, directivos de la Corporación Mixta Yapurutú, y Jorge Aristizábal Rodríguez, funcionario de la Función Pública, junto con Ana María Riveros Barbosa, contratista de la Ungrd, estos dos últimos por el delito de lavado de activos.
La investigación contra Cesar Manrique
Las pruebas recolectadas por la Fiscalía en contra de César Manrique Soacha, quien asumió como director del Departamento istrativo de la Función Pública el 24 de agosto de 2022, se basan principalmente en documentos y testimonios aportados por Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la Unidad de Gestión del Riesgo. Ambos declararon en interrogatorios y diligencias dentro del búnker de la Fiscalía, donde entregaron información clave sobre la operación ilegal.
Según la Fiscalía, Manrique estaría vinculado directamente con la solicitud de traslado de $100.000 millones desde la Agencia Nacional de Tierras (ANT) hacia la Ungrd, a través de un convenio interinstitucional. El objetivo de esta maniobra habría sido direccionar contrataciones específicas y pactar sobornos del 7 % sobre el valor de cada contrato adjudicado.
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Para estructurar esta operación, Manrique habría actuado en conjunto con Luis Carlos Barreto, exsubdirector para el Conocimiento del Riesgo de la Ungrd, quien ya fue condenado a tres años y siete meses de prisión por su rol en el esquema. Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía presentó por primera vez una serie de pruebas contra los tres implicados, y detalló que la contratación irregular habría sido soportada en 21 órdenes de proveeduría, cuyo valor total supera los $228.000 millones. De ese total, siete contratos específicos fueron financiados con recursos de la ANT por más de $96.347 millones, correspondientes a los fondos solicitados por Manrique.
La fiscal del caso, María Cristina Patiño —delegada ante la Corte Suprema de Justicia—, indicó que entre Olmedo López y César Manrique existió un acuerdo para facilitar la transferencia de los recursos a cambio del pago de comisiones ilegales. Según la investigación, las coimas del 7 % serían distribuidas entre López, Pinilla y otros funcionarios de la UNGRD involucrados en el trámite de la operación ilícita.
Durante la diligencia, la Fiscalía detalló los siete contratos financiados con los recursos de la ANT. El más alto se firmó por $42.426 millones con el Consorcio Plantas Desalinizadoras Uribia 2023, para la compra de plantas con autonomía energética mediante es solares. Otro contrato, por $29.000 millones, fue suscrito con la Corporación Mixta Yapurutú para la adquisición de 40 carrotanques de agua destinados a La Guajira.
Este contrato es distinto al que dio origen al escándalo público, en el que otros 40 carrotanques fueron contratados con la empresa del contratista Luis Eduardo López, conocido como “el Pastuso”, operación que presentó sobrecostos millonarios y que también llevo a la condena de López por cinco años y ocho meses de prisión.
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Un tercer contrato, por $11.199 millones, fue adjudicado a ACF Ingeniería SAS para operar y mantener sistemas de aerodesalinización. Otro, por $6.555 millones, se firmó con la Unión Temporal Bases de La Guajira, y tenía como fin construir plataformas de concreto reforzado para la instalación de tanques de agua en tres municipios. Además, se suscribió un contrato por $4.351 millones con Tecnoaguas SAS para mantenimiento de pozos subterráneos en Maicao (La Guajira). Los dos contratos restantes fueron por $2.547 millones con Siloh Group SAS y por $261 millones con el Grupo Consultor e Ingenieros SAS, ambos para labores de interventoría.
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