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Armando Benedetti, nuevo ministro del Interior designado en el gobierno de Gustavo Petro, presentó un recurso con el que busca que se caiga la acusación en su contra en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por presunto tráfico de influencias. El político, que viene de ser jefe de Despacho de Presidencia, fue llamado a juicio por el alto tribunal por el llamado caso Fonade, en el que, al parecer, habría incidido para favorecer a una empresa para quedarse con un millonario contrato, cuando era senador del Partido de la U.
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Los abogados de Benedetti presentaron el recurso a la Sala de Instrucción antes de que el llamado a juicio en contra del ahora ministro designado quedara en firme. En él, sostiene que no se acreditó realmente el delito de tráfico de influencias por el cual fue acusado. Para ellos, el alto tribunal no presentó las pruebas que demostraran la supuesta intervención de Armando Benedetti para mover hilos dentro de Fonade, sino que, según los abogados, solo se tuvo en cuenta una aparente solicitud que hizo, pero de la cual, señalan, no hay ningún documento que lo sustente.
La defensa del político resalta que la acusación está mal sustentada y que no hay pruebas realmente dicientes de que Amando Benedetti, cuando fue senador del Partido de la U, haya incurrido en el delito de tráfico de influencias. En la investigación, que inicialmente era también por el delito de interés indebido en contratos, le faltó la práctica de pruebas y toma de testimonios claves, señalando a la magistrada Cristina Lombana, quien fue ponente del caso, de perseguir al ahora ministro del Interior designado.
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El recurso de la defensa de Benedetti entra ahora a la revisión de la Sala de Instrucción, que revisará los argumentos para decidir si cometieron un error en la acusación, como lo plantean los abogados del político, o si el llamado a juicio se hizo adecuadamente.
En sus investigaciones dentro del caso, el alto tribunal encontró que Benedetti, aparentemente, aprovechó su poder como senador del Partido de la U entre 2016 y 2017 para favorecer la contratación de una empresa con Fonade. Esto lo habría hecho con ayuda de dos condenados exsenadores de esa colectividad: Musa Besaile y Bernardo El Ñoño Elías.
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Benedetti está bajo las pesquisas de la corte desde 2018, cuando fue denunciado un entramado de corrupción conformado por congresistas del Partido de la U para aprovechar su poder y dirigir contratos dentro de Fonade. Dicho engranaje de políticos torcidos fue confesado por Musa Besaile y El Ñoño Elías. Además, un testimonio clave es el que tiene a Benedetti entre la espada y la pared en un momento donde parece ser intocable, al menos dentro del gobierno. Jorge Iván Henao Ordóñez, exasesor de Fonade y amigo personal del Ñoño, confesó haber hecho parte del entramado y le aseguró a la justicia que fue usado por el entonces senador Armando Benedetti para favorecer a la empresa Sociedad Cameral de Certificación Digital (Certicámara S.A.).
Los testimonios de los dos políticos y el exasesor coinciden en que las ilegalidades resultaron de la entrega del control burocrático de Fonade al Partido de la U, por haber apoyado a Juan Manuel Santos para ser reelegido como presidente de la República en 2014. Ese pago de favor político, le dijeron a la Corte, derivó en que los congresistas metieran las manos para torcer y direccionar contratos. Benedetti, según esas versiones, también lo hizo, aunque siempre lo ha negado. Aun así, el expediente del caso, que inicialmente era por interés indebido en contratos y tráfico de influencias, detalla cómo fue que el ahora jefe de despacho de la Presidencia se movió dentro de Fonade y se valió, aparentemente, de Henao Ordóñez para que Certicámara se quedara en 2017 con un contrato de más de $741 millones.
Con esas pruebas, la Corte determinó el pasado 6 de febrero que hay con qué llevar al ahora jefe de despacho de Presidencia a juicio por tráfico de influencias, pero no por interés indebido en contratos. Según la Sala de Instrucción, no había pruebas de que Benedetti se interesara como tal en el contrato que se le dio a Certicámara, sino que solo intervino para que la empresa lo obtuviera.
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