La travesía de las mujeres wayuu para abortar en La Guajira

Abortar en La Guajira no es solo un reto: es una travesía marcada por el silencio, la distancia y el miedo. Muchas mujeres como Sonia*, se han enfrentado a esta misma encrucijada. Ella proviene de un rincón del país donde el calor se respira y se fija al cuerpo, como si fuera un recordatorio de que la tierra aquí no da tregua, ni siquiera para las mujeres que deciden sobre sus propios cuerpos. Sonia es hija de ese pueblo que muchos consideran sagrado por su raíz indígena, pero donde a veces se defiende tanto la cultura, que se olvida la humanidad de quienes la habitan.

Camina por su comunidad envuelta en una manta guajira larga, como manda la tradición wayuu. Y hay algo en ella que no pasa desapercibido: el color encendido de sus vestidos, como quien no teme hacerse ver, como si quisiera que su cuerpo hablara por sí solo de su convicción. Esa misma fuerza fue la que la llevó a no dudar que tenía derecho a abortar. Sonia narra cómo se aferró a esta decisión, aun cuando hacerlo implicaba desafiar a su familia, a su cultura, a los médicos y hasta al mismo Dios, según le dijeron en la IPS de su pueblo.

Sonia tenía miedo. No al aborto, ni a su decisión, sino al hecho de pedirlo en voz alta. En su pueblo, donde todos se conocen, ir a un centro de salud significaba exponerse. Allí la conocía el médico, la enfermera, incluso el hombre de seguridad. Cualquiera de ellos podía contarle a alguien, y ese alguien podía ser de su familia. Fue ese temor el que la obligó a trasladarse a Valledupar, capital del departamento vecino del Cesar, para realizarse el procedimiento. Salió huyendo del posible señalamiento de su cultura.

Mientras el vallenato que suena de fondo hace vibrar las paredes y los mototaxis levantan el polvo con su paso, Sonia narra cómo eligió en silencio. Por más fuerte que tuviera que mostrarse, sabía que era una decisión que no podía compartir. “Ni su pareja, ni sus comadres la entenderían” cuenta, en entrevista con El Espectador. El juicio en su comunidad es tan grande, que no le quedó otra opción que inventar una historia. Dijo que había sido una pérdida inesperada por un accidente, que se había caído de un chinchorro (hamaca).

En teoría, en Colombia, cualquier niña, adolescente, mujer o persona con capacidad de gestar puede interrumpir voluntariamente su embarazo de manera segura, legal y gratuita hasta la semana 24 de gestación. Sin embargo, en este departamento, la autonomía reproductiva sigue siendo limitada por barreras culturales, institucionales y territoriales.

También le puede interesar: Lo que nos dicen 20 mil casos de tutelas sobre los riesgos de negar el aborto

Con el 45 % de su población perteneciente al pueblo indígena wayuu, según el DANE, La Guajira es un territorio desértico en donde se entrecruzan pobreza, abandono estatal, barreras lingüísticas y normas tradicionales. Por eso, el aborto sigue siendo un tabú, no castigado por jueces, sino por la comunidad. Muchas mujeres wayuu se enfrentan al miedo de ser juzgadas, expulsadas o castigadas moralmente por sus familias. Ese miedo las empuja al silencio, y este silencio perpetúa la desinformación.

Una cosmovisión “matriarcal”

Foto: Eder Rodríguez

Para el pueblo wayuu, la maternidad no es una elección: es un mandato cultural. El clan se hereda por línea materna, y las mujeres son vistas como “dadoras de vida” y garantes de la supervivencia del pueblo, según las fuentes consultadas por El Espectador. Esa creencia ha sido reforzada con discursos religiosos cristianos que presentan el aborto como un pecado, una traición a la identidad ancestral.

“Existe una criminalización social muy fuerte. Aunque legal, el aborto está tan mal visto que muchas mujeres ni siquiera se atreven a preguntar por sus derechos”, afirma Jazmín Romero Epiayú, fundadora del Movimiento Feminista de Niñas y Mujeres Wayuu. Su organización ha documentado casos de niñas forzadas a la maternidad, matrimonios infantiles y violencia sexual dentro del núcleo familiar, que quedan impunes en nombre de las tradiciones culturales.

En 2024, la Corte Constitucional abordó esta tensión al anular dos sentencias que negaban el aborto a mujeres indígenas, alegando que prevalecía la autonomía de los pueblos originarios. El tribunal reafirmó que las prácticas y creencias culturales de estas comunidades no pueden usarse para restringir o negar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Aun así, las autoridades indígenas siguen teniendo poder sobre las decisiones, y el miedo a las sanciones internas persiste.

Según un informe de UNFPA, en algunas comunidades indígenas, estas sanciones pueden incluso derivar en castigos como el destierro o la expulsión espiritual. Por eso, en muchos casos, las mujeres optan por prácticas tradicionales y clandestinas. Si bien históricamente las comunidades indígenas han utilizado plantas medicinales para la anticoncepción e incluso para inducir abortos, gran parte de este conocimiento se ha perdido o se mantiene en un ámbito extremadamente privado, compartido solo dentro del círculo familiar más cercano.

Como recuerda Sonia, “antes, nuestras ancestras usaban plantas medicinales para interrumpir embarazos. Eso todavía pasa. No sé por qué se piensa que esto es nuevo para nosotras”. Aunque llegó a intentar abortar tomando una de esas bebidas ancestrales, ella también añade que le dio miedo y prefirió seguir insistiendo por el sistema de salud.

En comunidades pequeñas, la cercanía también es una barrera. Las mujeres no se sienten libres de ir a un centro médico a pedir una cita de IVE.

Por esto, muchas optan por quedarse en silencio, no pedir ayuda y abortar a escondidas. A la fecha, no existen cifras sobre el al aborto en esta región.

Un viaje sin garantías

En muchos casos, la atención médica más cercana está a más de seis horas de camino y los traslados no están cubiertos por las EPS. A esto se suma la doble vía en el a salud indígena: el Sistema General de Seguridad Social (SGSSS) y el Sistema de Salud Propio Intercultural (SISPI). En teoría, deberían articularse, en la práctica, ninguno funciona bien, según investigaciones realizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social e informes de la Cámara de Representantes, realizados en 2024.

Las mujeres que buscan una IVE deben trasladarse largas distancias, a veces a Maicao o, como en el caso de Sonia a Valledupar. Esto implica un gasto mayor y lidiar con requisitos impuestos por algunas EPS indígenas, como pedir autorización a las autoridades tradicionales, lo que no está contemplado en la normativa de aborto. Por otra parte, muchas IPS carecen de personal capacitado, desconocen el marco legal del aborto o no tienen medicamentos como el misoprostol, según información recopilada por el Movimiento Feminista de Niñas y Mujeres Wayuu.

La lengua es otra barrera. En muchas comunidades, no se habla español o se domina de forma parcial, y cuando deben trasladarse a estos centros de salud, se encuentran con que las entidades no cuentan con personal que hable wayuunaiki (idioma autóctono del pueblo wayuu). Además, según el DANE, el 60 % de las mujeres indígenas en zonas rurales no tiene cédula, lo que les impide afiliarse a una EPS o acceder formalmente al sistema.

Han pasado más de tres años desde la despenalización del aborto en Colombia, pero en La Guajira, ese derecho sigue siendo apenas una promesa lejana. Para las mujeres wayuu y de otras comunidades indígenas, tomar esta decisión sigue siendo un camino para afrontar de forma solitaria, casi como si aún fuera ilegal. “Como si el derecho a decidir estuviera solo reservado para las mujeres de las grandes ciudades”, concluye Sonia.

*El nombre de la mujer en esta historia ha sido cambiado para proteger su privacidad e identidad.

**Este artículo hace parte del reportaje “La geografía del silencio: el aborto para mujeres indígenas, afro y migrantes en Colombia”, realizado con el apoyo del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (Clacai).