Deadnaming, la revictimización de Sara Millerey tras su asesinato

El asesinato de Sara Millerey González, es el reflejo de la máxima expresión de violencia que recae sobre las personas con experiencia de vida trans.

Foto: Archivo Particular

Su nombre era Sara Millerey. No le decían o se hacía llamar así; ese era su nombre identitario y no reconocerlo constituye también un acto de violencia. Su asesinato que ha causado indignación y rechazo por la crueldad de los hechos, también ha fomentado una ola de discursos transfóbicos que niegan su identidad de género y de revictimización para ella y su familia.

Pese a que Sara era una mujer trans, cuando se conoció el caso, José Rolando Serrano, Secretario de Seguridad de Bello, se refirió a ella utilizando pronombres masculinos y el nombre jurídico, es decir, el que aparecía en la cédula y que no correspondía con su identidad de género. Aunque en entrevista con este diario el funcionario aseguró que no hubo intención de desconocer su identidad como mujer trans, sectores de la sociedad civil y desde el movimiento por los derechos de las personas trans afirman que sí constituyó un acto de violencia simbólica que refuerza prejuicios sobre la población.

“Por información oficial, yo me remito al dossier de Policía Nacional y a la noticia criminal en la que Sara aún no había hecho el tránsito con Registraduría para el ‘cambio’ de su nombre. Sé que hubo algún tipo de indignación por parte de algunos de la población LGBTIQ+ y ofrezco una disculpa a las personas que de pronto se sintieron ofendidas. Pero no hubo ninguna mala intención y quisiera que nos enfocáramos más en lo que pasó y cómo lo vamos a atender, más que detenernos en una nominación”, afirmó Serrano a El Espectador.

Sin embargo, no se trata de un asunto de “nominación”; fue una acción revictimizante que, de hecho, va en contravía de la normativa y jurisprudencia de la Corte Constitucional. Esta práctica, conocida como deadnaming, consiste en llamar a una persona trans por el nombre que le fue asignado al nacer y que ya no corresponde con su identidad de género. Este acto no es un simple error istrativo; es una forma de violencia simbólica que revictimiza a las personas trans, incluso después de su muerte. Al utilizar el deadname, se invalida la identidad de la persona y se perpetúa la discriminación y el estigma que históricamente ha enfrentado esta población.

Como explica en entrevista Cam López, cofundador de La Oficina de Asuntos T, un espacio dedicado a la investigación, incidencia y difusión sobre las realidades de las personas trans en Colombia, estas son respuestas institucionales transfóbicas. “Eso es continuar la violencia contra ella y contra el dolor colectivo de las personas trans. Lastimosamente, la sociedad en general tiene tan naturalizada la violencia que se cree que es ‘solo un nombre’, y por eso es que necesitamos imágenes tan desgarradoras para accionarnos”, afirma López, quien es una persona con experiencia de vida transmasculina.

El uso del deadname o la malgenerización, que es el uso de pronombres y expresiones que no reflejan el género de una persona trans de forma intencional, tienen graves consecuencias. Según organizaciones como Colombia Diversa y la Red Comunitaria Trans, estas prácticas están ligadas al “estrés de minorías”, un fenómeno documentado por la psicología que muestra cómo las personas trans enfrentan un desgaste emocional constante al tener que defender su identidad en entornos hostiles o poco informados.

En Colombia, la Corte Constitucional ha reconocido en varios fallos el derecho de las personas trans y con identidades de género diversas a ser nombradas y reconocidas de acuerdo con su identidad de género, incluso si no han completado un trámite legal de corrección del nombre o del componente “sexo” en sus documentos. Según el alto tribunal, respetar el nombre elegido y los pronombres de una persona trans no es una concesión: es una obligación. En 2022, reiteró que negar el uso del nombre identitario en espacios públicos o institucionales puede constituir una vulneración del derecho a la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad y a la no discriminación.

El caso de Sara no es aislado. En el país, muchas personas trans asesinadas son registradas y nombradas por las autoridades con sus nombres jurídicos y el sexo asignado al nacer. Esto, como explica Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, lleva a un alto subregistro que impide dimensionar y abordar adecuadamente los impactos que la violencia por prejuicio tiene sobre esta población. Además, aunque desde hace tres años existe una directiva que exige a la Fiscalía investigar los delitos contra la población LGBTIQ+ desde una perspectiva de género, como denuncia Valery Parra Ramírez, activista trans de Medellín, la mayoría de los casos no superan la etapa de investigación.

Por esto, en crímenes tan violentos y tan visibles como este, proteger y reconocer su identidad de género es fundamental. Como reflexiona el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, en Colombia las personas trans, particularmente las mujeres trans, mueren tres veces. “La primera, en vida: a través del rechazo familiar, la exclusión escolar, la negación de derechos laborales, de salud, de vivienda. La segunda, físicamente, a manos de una violencia que no solo mata, sino que tortura, que marca con sevicia. Y la tercera, de forma institucional: cuando el Estado no investiga, no protege, no repara, y deja en la impunidad la mayoría de los casos”.

Los mensajes y comentarios en redes sociales que malgenerizan a Sara y se burlan de su identidad de género, como explican las personas y organizaciones consultadas por este diario, no solamente son hirientes, sino violentos y reflejan lo arraigada que está la transfobia en la sociedad. Son acciones que impiden que los crímenes motivados por el odio y el prejuicio sean visibilizados como parte de una sistematicidad de violencia estructural contra la población con identidades de género diversas, una de las más vulnerables en el país.

Por eso, el llamado que hacen activistas y defensores de los derechos de la población LGBTIQ+ es a llamar y reconocer a Sara por quien era: una mujer trans. Usar el nombre identitario no es un acto simbólico, es una acción concreta que tiene efectos legales, sociales y de memoria. Es el punto de partida para garantizar derechos, pero también para humanizar a quienes, como Sara, han sido asesinadas en medio de un contexto de discriminación persistente.