Así se vivió la audiencia pública de la Ley Integral Trans

Más de 200 personas se inscribieron para participar en la audiencia pública del Proyecto de Ley Integral Trans.

Foto: Agencia Arrebol

Este jueves 24 de abril se llevó a cabo la audiencia pública del proyecto de ley que busca garantizar los derechos fundamentales, como el a la salud, la educación, el trabajo, la justicia, la identidad y una vida libre de violencias para personas trans y no binarias. La sesión inició con un minuto de silencio por la memoria de Sara Millerey y demás víctimas de la violencia transfóbica en el país. Durante la jornada se escucharon los conceptos de representantes de entidades del Estado, organizaciones de la sociedad civil y especialistas.

El Proyecto de Ley Integral de Identidad de Género, como se titula el articulado, fue radicado el pasado 31 de julio como una iniciativa de procedencia ciudadana. Más de 1400 personas con identidades de género diversas —es decir, quienes cuya identidad de género no coincide con el sexo que les fue asignado al nacer— participaron en la elaboración del documento. Esta es la primera vez en la historia del país que el movimiento trans se articula de forma masiva por un objetivo común.

El propósito de esta iniciativa legislativa es saldar una deuda histórica en la garantía de derechos de esta población. Si bien Colombia es uno de los países más avanzados en la región en esta materia, especialmente a través de sentencias de la Corte Constitucional, no existe un mecanismo unificado que permita el goce efectivo de estos derechos. Solo en lo que va de 2025, al menos 14 personas trans han sido asesinadas en Colombia, y en los últimos seis años se han registrado más de 200 casos. Es por esta razón que los promotores del proyecto alertan la necesidad de legislar en esta materia.

Uno de los puntos clave que fue reiterado durante la audiencia, tanto por personas trans y no binarias asistentes como por expertos, es que este proyecto “no es un asunto de modas o ideologías, es un tema de derechos humanos”. Por eso, hacen especial énfasis en la integralidad, ya que va más allá de ser una iniciativa por la autodeterminación de género, que es la posibilidad de que cada quien elija libremente con qué género se identifica. Este proyecto contempla medidas en materia de a la justicia, salud, trabajo, educación, vivienda, participación ciudadana, conflicto armado, situación militar, ruralidad, deportes, arte y cultura.

La voz del Gobierno Nacional estuvo representada por el viceministro de Diversidades, Juan Florián, y delegados de los Ministerio de Justicia y Salud, quienes expresaron que ven reflejado en este proyecto el respeto a la diversidad, los derechos humanos y el cambio. Por eso, consideran que esta es una iniciativa que contribuye efectivamente a la erradicación de las violencias que atraviesan a las personas diversas. Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, afirmó que esta iniciativa es, fundamentalmente, el reflejo de la lucha de las personas trans por su reconocimiento como sujetos políticos, y que quienes se oponen al proyecto y a los derechos humanos que busca garantizar la iniciativa son “personas que están del lado de la discriminación y la violencia”.

Aun así, los sectores que se oponen a este proyecto de ley afirmaron durante la sesión que se trata de una “imposición ideológica”, que se está atentando contra la libertad de culto, la patria de potestad, los derechos de los niños y se está negando una “realidad biológica” para “privilegiar a una minoría”. Sin embargo, no es la primera vez que se escuchan estos argumentos en el Congreso cuando se discuten iniciativas sobre población LGBTIQ+ e identidad de género. De hecho, según las fuentes consultadas por este diario, son los mismos argumentos basados, en prejuicios y contribuyen a la desinformación, que han sido utilizados contra el proyecto de ley que busca prohibir las mal llamadas terapias de conversión y a favor de la iniciativa conocida como “Con los niños no te metas”.

Como explica Izabel Solyszko Gomes, doctora en trabajo social e integrante de la Unidad de Género de la Universidad Externado, este tipo de argumentos para rechazar la iniciativa se fundamentan en creencias religiosas y determinismos biológicos que, de hecho, van en contravía de los avances y hallazgos científicos de las últimas décadas. Por eso, la experta hace un llamado “a la laicidad, a la diversidad de pensamiento y al permanente avance de la garantía de derechos de las personas trans”.

Por otra parte, la audiencia pública también fue un espacio para comentarios sobre algunos de los artículos del proyecto de ley. Específicamente, la Registraduría Nacional habló sobre la necesidad de establecer un periodo específico de tiempo para hacer las modificaciones al registro civil pues en este momento el proyecto no establece un plazo. Asimismo, desde la Defensoría del Pueblo se habló sobre fortalecer y especializar las comisarías de familia y visibilizar la violencia por prejuicio.

Otro punto que llamó la atención de las personas participantes, y que mencionan como prioritario para el debate legislativo, son los tipos penales que propone el proyecto de ley. La Ley Integral Trans plantea incorporar agravantes al delito de feminicidio cuando se trate de actos letales cometidos contra personas con experiencia de vida trans. Esto permitiría tipificar y sancionar específicamente crímenes como el transfeminicidio, el travesticidio y homicidio motivado por identidad de género, que, por ejemplo, aplicaría cuando la víctima es una persona no binaria o de otra identidad de género diversa. Así, estos delitos quedarían reconocidos en la normativa.

A la fecha, 17 países han legislado por los derechos de las personas con experiencia de vida trans, pero el proyecto colombiano, según sus promotores, es quizás el más ambicioso por su enfoque integral. A partir de este momento, la iniciativa comienza oficialmente su curso por el Congreso y necesita pasar cuatro debates para convertirse en ley de la República. Sin embargo, como apuntan expertos, no será un trámite sencillo.