Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Con el acompañamiento de autoridades militares y de policía, funcionarios del Ministerio Público y entidades del orden local, fue adelantada el pasado miércoles, 26 de febrero, la recuperación del predio La Floresta, ubicado en el corregimiento Torcoroma (municipio de San Martín), para ser entregado a familias campesinas y de pescadores, como anunció el presidente Gustavo Petro durante la entrega masiva de tierras en el Cesar, hecha en noviembre en Chimichagua.
De acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el procedimiento avanzó sin contratiempos, ya que el predio era ocupado solo por algunas personas al servicio del arrendatario del inmueble, quien, hasta el momento de la recuperación, proseguía en labores de sacar los últimos animales que tenían en la posesión y otras pertenencias que aún quedaban en el lugar.
“La diligencia estuvo acompañada por la Agencia Nacional de Tierras, beneficiarios de la Asociación de Campesinos y Pescadores del corregimiento Puerto Oculto (Asocampesac) y voceros de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, Sur del Magdalena y Procesos de los Santanderes (Cisbcsc)”, manifestó el Gobierno nacional.
“Recuperamos el predio y, a su vez, lo estamos entregando a la Asociación de Campesinos y Pescadores del corregimiento Puerto Oculto, del municipio de San Martín. Este predio estaba en manos del narcotráfico y el paramilitarismo. La Agencia Nacional de Tierras se los está entregando a alrededor de 36 familias, que lo van a poner a producir”, expuso Alexandra Pineda Ortiz, asesora de la Dirección General de la ANT.
Para las familias beneficiarias, la entrega de La Floresta, de 399 hectáreas de tierra, es un nuevo comienzo en sus vidas, puesto que tendrán lo que han anhelado por años: un terreno propio para poder cultivar el alimento para el sustento propio y de los habitantes de la región.
Claudia Machuca Navarro, vocera de la Cisbcsc, quien participó en la entrega, relató las dificultades en el acompañamiento a la asociación beneficiaria: “Ha sido un proceso muy complejo por todo lo que representa, porque fueron asesinados los compañeros Teófilo Acuña y Jorge Tafur. Su asesinato afectó psicológicamente a todo el proceso de la Comisión y a la organización de base, que era donde ellos estaban en ese momento”, describe la también activista por los derechos del campesinado y agrega que “hoy, en honor a ellos, estamos reivindicando sus derechos, los cuales se han venido vulnerando todo este tiempo. Agradecemos al presidente Gustavo Petro, al doctor Juan Felipe Harman (director de la ANT) y a la doctora Alexandra por el compromiso que tienen con la Comisión de Interlocución de mantener vivo el legado de nuestros compañeros asesinados en el 2022”.
Cabe señalar que los líderes sociales Acuña y Tafur, asesinados en Puerto Oculto, eran reconocidos defensores de la tierra y voceros de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, Sur del Magdalena y Procesos de los Santanderes (Cisbcsc). Además, formaron parte de la organización campesina Coordinador Nacional Agrario (CNA) y del Congreso de los Pueblos, motivo por el cual se atribuye la entrega de La Floresta al fruto de su labor en el activismo social.
En este contexto, es relevante destacar que el predio recibido por Asocampesac estuvo por más de 10 años en poder del Fondo para la Reparación de las Víctimas y, en los últimos nueve años, permaneció arrendado a un particular para su usufructo. Este inmueble perteneció a Juan Francisco Prada Márquez (alias Juancho Prada), excomandante del Frente Héctor Julio Peinado Becerra, de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quien fue condenado por el Tribunal de Justicia y Paz en diciembre de 2014 por su responsabilidad en delitos contra el derecho internacional humanitario y los derechos humanos.
“A este comandante y su frente se le atribuyeron 4.479 asesinatos, 565 desapariciones y 434 desplazamientos. Cruentos hechos que permanecen en la memoria de miles de surcesareses y tienen que ver con masacres que datan de hace 30 años, cuando fueron asesinados en El Marqués y Puerto Patiño, corregimientos cercanos a San Martín, 15 hombres, la mayoría pescadores”, afirma la ANT.
Es así como la entrega del predio La Floresta representa un paso significativo en la lucha por la justicia y la reparación a comunidades campesinas victimas del paramilitarismo en el país. Para las 36 familias campesinas y de pescadores beneficiarias, este hecho no solo significa el a un territorio propio, sino también la reivindicación de años de resistencia y lucha por sus derechos.
Mientras avanzan en la consolidación de sus proyectos productivos, la memoria de los líderes sociales que impulsaron este proceso seguirá presente como un recordatorio de la deuda histórica con las comunidades rurales y de la importancia de garantizar su protección y acompañamiento en la construcción de un futuro digno.