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El Gobierno de Estados Unidos anunció un nuevo recorte de 450 millones de dólares a la Universidad de Harvard, correspondientes a subvenciones otorgadas por ocho agencias federales. Esta medida se suma a la decisión tomada el mes pasado, cuando señaló que entre sus planes estaba congelar 2.200 millones de dólares en subvenciones y 60 millones de dólares en contratos con la institución.
Durante más de 75 años, el gobierno federal ha financiado investigaciones y proyectos académicos de Harvard mediante subvenciones y contratos que, junto con las inversiones propias de la universidad, han sido clave para consolidarla como una de las instituciones educativas más influyentes del mundo.
La noticia se conoció por medio de un comunicado del Grupo de Trabajo Conjunto de la Casa Blanca para Combatir el Antisemitismo, en el que se acusa a Harvard de haber “fracasado repetidamente a la hora de afrontar la discriminación racial generalizada y el acoso antisemita en su campus”.
De acuerdo con el conjunto, “los estudiantes judíos son objeto de insultos sistemáticos, agresiones físicas e intimidación, sin que la istración universitaria tome medidas significativas”.
Sin embargo, en el comunicado no detallan cuáles son las ocho agencias federales del Gobierno que suspenderán su apoyo, y solo se confirma que el valor total asciende a 450 millones de dólares.
El Gobierno había enviado una lista en la que detallaba una serie de exigencias que debía cumplir Harvard si deseaba “mantener la relación financiera con el gobierno federal”. Pero, la institución se ha negado a acatarlas, argumentando que atentan contra su autonomía institucional.
Cabe resaltar que en el centro de la controversia está una acusación grave: según la istración de Trump, Harvard no ha cumplido bien con su deber de prevenir y enfrentar el acoso antisemita, que se caracteriza por ser una forma de discriminación y hostilidad contra personas judías.
Aunque Harvard no se ha pronunciado oficialmente sobre este nuevo recorte, el pasado 21 de abril presentó una demanda contra el Gobierno de Trump, calificando los recortes de financiación como “ilegales”.
“Ningún gobierno -independientemente del partido que esté en el poder- debe dictar lo que las universidades privadas pueden enseñar, a quién pueden itir y contratar, y qué áreas de estudio e investigación pueden seguir”, señaló la institución en su demanda.
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