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Este lunes 19 de mayo, la Procuraduría General de la Nación alertó que 11 entidades territoriales del departamento de Casanare no habrían garantizado el Plan de Alimentación Escolar (PAE) en las instituciones educativas de su competencia durante este 2025. Los municipios en cuestión, de acuerdo el Ministerio Público, son Monterrey, San Luis de Palenque, Maní, Pore, Villanueva, Sácama, La Salina, Trinidad, Nunchía, Támara y Recetor.
Es por ello que el órgano de control inició un proceso de indagación previa, con el fin de identificar a los presuntos responsables. Por su parte, la Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare está adelantando las acciones disciplinarias correspondientes “por presuntamente no garantizar la planeación y prestación oportuna del PAE para la vigencia de 2025”.
En el caso particular de San Luis de Palenque, Maní, Pore y Villanueva, para el momento en que se realizó el seguimiento, los municipios no habían iniciado la prestación del servicio. Además, la Procuraduría señala que las poblaciones de Sácama, La Salina, Trinidad, Nunchía y Támara no dieron respuesta a los requerimientos exigidos en la vigilancia preventiva. Tampoco se tiene certeza sobre la fecha efectiva de la prestación del servicio de alimentación escolar.
Del mismo modo, se han adoptado medidas contra las autoridades del municipio de Recetor, en donde se dio un presunto incumplimiento del acuerdo de bolsa común que fue suscrito con la Gobernación de Casanare. El Ministerio Público, en suma, seguirá vigilando el PAE en otros municipios del departamento, como Paz de Ariporo, Hato Corozal, Tauramena, Aguazul, Chámeza y Orocué.
La noticia se conoce tan solo un par de semanas después de que el organismo de control abriera una investigación disciplinaria contra varios exfuncionarios de la alcaldía del municipio de Purificación, en Tolima, también por un asunto relacionado con el PAE: las posibles irregularidades en la ejecución de los recursos destinados al programa entre 2022 y 2023.
La situación, según señaló la Procuraduría en ese momento, se debió a la falta de gestión para coordinar un uso eficiente del dinero, así como a la escasa articulación con la Gobernación del Tolima para asegurar que el programa continuara, “resultando en una afectación directa a la población estudiantil”.
De esa manera, la Procuraduría abrió la indagación de Cristhian Andrés Barragán Correa, exalcalde de Purificación, y los exsecretarios de Educación del municipio, Oscar Eduardo Tafur Villarreal y Deisy Leticia Ospina Devia. El Ministerio Público determinaría si sus acciones, relacionadas con la ejecución del dinero, constituyeron una falta disciplinaria.
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