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Desde el 21 de mayo hasta el 21 de junio, la Alcaldía de Apartadó decretó toque de queda para menores de edad, tras el aumento de violencia entre adolescentes y jóvenes, incluidos homicidios y agresiones en riñas. La medida restringe la presencia de menores de edad en espacios públicos y establecimientos comerciales entre las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m., salvo si están acompañados por un adulto responsable.
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El decreto, respaldado por operativos de la Policía, el Ejército y entidades como la comisaría de familia, lo expidieron luego de una serie de hechos graves en barrios del municipio. En el más reciente, un menor de 15 años fue herido con arma blanca por un joven de 20 años durante una riña. Además, en el mismo sector, un joven fue asesinado con más de 30 puñaladas cuando intentaba escapar de un grupo de agresores. Las autoridades atribuyen estos hechos a disputas entre pandillas juveniles.
“Este decreto tiene una vigencia de 30 días con el cual buscamos prevenir y controlar el conflicto juvenil que se ha venido presentando en el municipio de Apartadó en los últimos días. A partir de hoy iniciaremos los operativos con la fuerza pública, Policía, Ejército, comisaría de familia y demás órganos competentes para hacer cumplir este decreto”, dijo Rubén Montes, secretario de Gobierno de Apartadó.
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Según la istración, los menores de edad que incumplan serán llevados a un lugar designado por la Alcaldía hasta que sus padres o acudientes legales los recojan. Por la primera infracción, los responsables deberán firmar un acta de amonestación. Si reinciden, el ICBF los citará a talleres obligatorios sobre crianza. Quienes no asistan podrán ser sancionados con trabajo comunitario.
Montes explicó que los padres también se exponen a comparendos de hasta dos salarios mínimos si sus hijos violan el toque de queda. La Policía de Urabá aseguró que ya tienen ubicados los puntos donde se reúnen grupos juveniles y que reforzaron patrullajes para evitar nuevos hechos de violencia.
La medida hace parte de las políticas locales de protección integral, con las que buscan preservar los derechos fundamentales de niños y adolescentes y prevenir su exposición al reclutamiento por estructuras criminales.