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Más de 4.000 trabajadores de la empresa Afinia, filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM) que opera en algunos departamentos de la región Caribe, anunciaron una huelga para la primera semana de junio tras varios meses de negociaciones fallidas con la gerencia. El Sindicato del sector Eléctrico – Sintraelecol, que agrupa a los empleados, ha denunciado condiciones laborales precarias y prácticas que, según ellos, vulneran sus derechos.
La huelga afectará la operación de Afinia en los departamentos de Cesar, Córdoba, Sucre y en el municipio de Magangué (Bolívar). Cabe mencionar que la subestación ubicada en Cartagena, que hace un par de semanas protestó por las mismas razones, no se unieron al anuncio de esta huelga, puesto que llegaron a negociaciones con la gerencia local.
Aunque no se prevé una desconexión masiva del servicio de energía en los departamentos mencionados, la suspensión de actividades implicará que no habrá cuadrillas disponibles para atender emergencias como daños en transformadores, ni personal para recibir peticiones, quejas o recursos en las oficinas de la empresa.
Los trabajadores exigen acuerdos de formalización laboral, en el caso de aquellos tercerizados, y mejoras en sus derechos económicos, aspectos que consideran fundamentales para reducir la precarización laboral. Las negociaciones con el gerente general de Afinia, Ricardo Arango, que vienen realizándose desde hace varios meses, no lograron avanzar en estos puntos, lo que motivó la decisión de convocar a la huelga.
“Existe una tendencia sostenida hacia la precarización del empleo, manifestada en la falta de estabilidad, la negativa a reconocer derechos convencionales y la persistencia de un modelo de tercerización que afecta a más de 6.000 trabajadores”, sostuvieron desde el sindicato.
La situación se enmarca en un contexto de dificultades financieras, según la empresa, que ha reportado un aumento en pérdidas y bajos niveles de recaudo, entre ellos los subsidios por parte del Gobierno Nacional, que ya fueron girados a la entidad y que, según los trabajadores, persiste en el no pago a los trabajadores.
El sindicato advierte que las presuntas dificultades financieras se debe a que el Grupo EPM impone un “modelo de integración vertical” y que este “estaría orientado a maximizar transferencias de capital hacia la casa matriz en Medellín, en detrimento de los recursos que podrían destinarse a mejorar las condiciones del personal en la Región Caribe”, indicaron.