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En la madrugada de este miércoles 16 de abril, el juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Barranquilla legalizó la captura de 16 de las 17 personas que fueron capturadas en la costa Caribe por presuntamente hacer parte de una red de robo de tierras, que se apoderó de predios en Soledad y Barranquilla, cuyo avalúo rondaría los $22.000 millones.
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En medio del proceso se han conocido detalles que dan cuenta cómo operaba la red, que se apropió de terrenos que habían sido restituidos por el Gobierno Nacional y hasta de un predio destinado para la construcción de un megacolegio. De igual forma, en medio del entramado, han figurado los nombres de tres registradores de Instrumentos Públicos, dos inspectores de Policía, un notario, un calificador de Instrumentos Públicos y un asesor jurídico de la Alcaldía de Soledad.
La audiencia
La Fiscalía pidió la orden de captura e imputó a las 17 personas capturadas por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción y omisión, cohecho, asociación para la comisión de delitos contra la istración pública, urbanización ilegal y estafa agravada, todo esto por la apropiación de tierras que se estaría haciendo de forma sistemática desde 2019.
Ante lo ocurrido, el presidente Gustavo Petro señaló que sumadas a las capturas ya hechas, se tendría previsto involucrar en el caso a 16 personas más, con lo que se estaría judicializando a toda la estructura ilegal que operaba en el Atlántico.
En medio de la audiencia no se legalizó la captura de uno de los acusados. “Todas las capturas son legales, excepto en el caso del señor Marlon Mora Montesino. Vemos que la orden de Mora Montesino se comió la mitad del enunciado: ‘Fecha de los hechos, hechos ocurridos desde el 30 de enero de 2019 hasta la fecha’. No dice más, quizás por el copia y pegue”, indicó el juez.
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¿Cómo operaba la red de robo de tierras?
Según explicó el brigadier general Yecid Peña, comandante de la Región 8 de la Policía Nacional, el grupo de delincuentes expedía documentos de propiedad, sin matrícula, en los cuales omitían revisiones y estudios jurídicos, con los que exigían ante las autoridades los predios, pero además los vendían.
Sumado a esto, los registradores de Instrumentos Públicos permitían el reloteo de los predios, mientras que los notarios facilitaban la expedición de las escrituras, sin tener en cuenta, nuevamente, las matrículas y el pago de impuestos. Así revendían las tierras usurpadas que sumadas dan 277.000 m², es decir, el tamaño de tres estadios Metropolitanos.
Junto a esto, se investigan presuntas intimidaciones y relación con asesinatos de personas que se resistían a ceder sus terrenos. “Sí o sí hay vínculos de grupos al margen de la ley interesados en apoderarse de estas tierras, delito tan grave que inclusive, de acuerdo con nuestras estadísticas, también ha producido muertes a través del sicariato por personas que de alguna u otra forma se resisten a entregar sus propiedades”, aseguró Peña.
Los predios robados
Las autoridades dieron a conocer que la red no solo se apropió de predios privados, sino también de algunos entregados en restitución, parques y hasta destinados a proyectos específicos, como fue el caso del terreno que se tenía previsto para la construcción de un megacolegio en Soledad, que finalmente fue parcelado y cada parte vendida a $50 millones. Este miércoles continúan las audiencias de imputación de cargos, por lo que se espera que se den más detalles de cómo operaba la banda.