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Apenas se posesionó como director regional de la Unidad para las Víctimas en Chocó, el excomisionado de la Verdad Leyner Palacios se enfrentó con varias paradojas. La primera, que fue el encargado de implementar los planes de reparación de la comunidad de Bojayá, tras la masacre del 2 de mayo de 2002, donde justamente él perdió a 28 familiares.
La segunda, que su intención de acelerar la reparación a las víctimas que ha dejado el conflicto en las últimas dos décadas y el retorno de cientos de personas afros e indígenas que han sido desplazadas se han estrellado con la peor coyuntura por el desfinanciamiento de la entidad y un agravamiento de la situación humanitaria en su departamento por la expansión del Clan del Golfo y sus enfrentamientos con el ELN.
¿Qué significa para usted, como víctima del conflicto armado, ser hoy el director de la entidad que atiende a las víctimas en Chocó?
Me ha significado mucho aprendizaje y una oportunidad de reencuentro con el territorio. Salí de la región y no había podido volver a mi labor de defensor de derechos humanos. También ha sido un momento de encontrarme con realidades muy dolorosas. A mi juicio, Chocó ha retrocedido en seguridad y convivencia. La degradación del conflicto armado ha deteriorado muchísimo más las relaciones de las organizaciones, del tejido social y familiar. Encontrar esa realidad me deja bastante entristecido.
¿Qué encontró?
Pensaba que la huella del conflicto no estaba tan profunda, pero aquí se justifica una extorsión como medio válido para sobrevivir, y eso es inaceptable. Otro choque ha sido encontrarme con una entidad muy centralizada, donde los procedimientos son bastante complejos de agilizar. Ante un panorama tan difícil, hay muchas limitaciones y dificultades para operar. Eso es desesperante. Fue una buena oportunidad haber llegado aquí, pero me siento muy angustiado porque la expectativa de la sociedad es muy grande, muy alta. Aquí hay muchos desafíos que quizá la fuerza y la voluntad de uno no son suficientes para superarlos.
Se le escucha muy frustrado…
Ha sido muy frustrante no poder a estar a la altura para avanzar, por ejemplo, en el mejoramiento del centro regional, que es el edificio más feo de la ciudad y se necesita adecuarlo porque no hay condiciones de dignidad para las víctimas.
A uno le duelen mucho esas cosas, pero bueno, en medio de todo también hay cosas gratificantes. Se han implementado algunos proyectos productivos, como el de gallinas ponedoras con las mujeres de la zona norte de Quibdó; protocolizamos dos planes de reparación colectiva para Acadesan (Consejo Comunitario General del San Juan) y los 19 consejos comunitarios de Bojayá. También un plan de reparación con la comunidad indígena de Guaduadito, del litoral del San Juan. Por primera vez en la historia de nuestro departamento se firma un acuerdo en clave de reparación colectiva con el pueblo wuaunán.
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Las reparaciones colectivas han sido los procesos más rezagados en la Unidad de Víctimas, ¿cómo va eso?
Guadualito es un resguardo pequeño, de unas 87 familias, en el que los impactos de la guerra han sido muy profundos. Por eso es muy significativo haber protocolizado el plan, por la dimensión y la forma como se construyó, teniendo en cuenta que, como lo reconoció el informe de la Comisión de la verdad, ese pueblo está en peligro de extinción física y cultural. Ellos llevaban más de 15 años esperando la indemnización, por eso era urgente la intervención. Es la primera vez que la entidad logra una acción afirmativa en el marco de la protección a esta población. Firmar un plan de reparación es una medida concreta para canalizar gestión institucional, es ir rompiendo esas cadenas de invisibilización y de abandono histórico en el que han estado los más desprotegidos y golpeados por el conflicto. Lo interesante es que se definen acciones concretas del Estado: construcción, dotación, entrega de mobiliario, entrega de útiles, entrega de elementos y eso compromete a cada una de las instituciones del Estado. La intervención de la Unidad compromete recursos directos hasta por 4.900 millones de pesos.
¿En qué consisten los planes de reparación de Acadesan y de Bojayá?
Acadesan es una organización que está ubicada en cinco municipios de la zona del San Juan: Nóvita, Sipí, Litoral del San Juan, Istmina y Condoto y se compone por 72 comunidades afro e indígenas, está en una región que cuenta con muchos recursos económicos por la minería a gran escala. Es un sujeto de reparación porque hace unos 10 años ellos rendieron una declaración ante la Personería y la Defensoría del Pueblo en la que manifestaban cómo sufrieron confinamiento, masacres, asesinatos, reclutamiento de menores y cómo sus líderes sufrieron amenazas, cómo las Farc y el Eln cooptaron su autonomía, su capacidad de organización, afectaron sus reglamentos internos, su convivencia, cómo les quitaron algunos bienes y los utilizaron para la guerra y cómo han utilizado su territorio para la instalación de minas antipersonales, para el saqueo de la minería y también para cultivos de uso ilícito en su territorio. Hoy a esa afectación se suman las AGC. Ellos llevan 8 años en espera de la protocolización del plan. Por eso, el 13 de diciembre fue histórico.
Lo que más me impactó fue cuando les pregunté en qué van a utilizar la indemnización y me dijeron que en la construcción de unas casas comunitarias, en una emisora comunitaria, quieren hacer la escuela, mejorar los centros de salud y las canchas deportivas. La gente está utilizando la indemnización para solucionar y proveer una serie de derechos que históricamente no ha tenido y eso es un poco paradójico. Me alegra porque al menos unos muchachos van a tener más posibilidades para evitar que se vayan a algún grupo armado.
¿Cómo está esa región del San Juan hoy?
Hoy es una zona en la que se han dado al menos nueve paros armados, está en constante confinamiento. Todos los días estamos vinculando gente al Registro Único de Víctimas. Cuando nosotros indemnizamos una persona, están entrando al menos cinco más al registro. Esa es la dimensión del desborde de la situación del San Juan. Por ejemplo, hemos entregado más de 20.000 toneladas de alimentos en estos últimos 5 meses. La población nos está reclamando atención psicosocial. Por la gravedad y los impactos de la guerra, algunas personas no duermen, están en un nivel de estrés bastante preocupante. Es una zona en disputa por la presencia de cultivos de uso ilícito y narcotráfico.
Usted fue parte del comité de víctimas de Bojayá buscando la reparación ante el Estado y ahora está del otro lado, ¿cómo ha sido ese proceso para usted?
Después de la masacre fue que empezó mi liderazgo en el territorio. Participé como defensor de derechos humanos en la construcción del documento con las argumentaciones para el Estado y estuve en la declaración que se hizo ante la Defensoría del Pueblo. Es un documento de 80 páginas construido con las comunidades afros e indígenas. Y ahora, paradójicamente, me correspondió iniciar la implementación de la primera medida del plan de reparación de Bojayá, y uno tiene en la memoria cómo sufrió la comunidad, y está también mi familia. Hace poco revisé mi proceso de indemnización y encontré que tengo seis desplazamientos, ni yo me acordaba. Eso da cuenta del impacto del conflicto armado en las familias de Bojayá. Hay personas que registran hasta ocho y 10 hechos victimizantes en su vida, y uno dice, ¿cómo un pueblo resiste tanto?
¿Y qué parte de los planes se han implementado?
Ya entregamos indemnizaciones a los 19 consejos comunitarios, aproximadamente 698 millones de pesos. Ellos decidieron que van a construir polideportivos, están comprando bienes, como motores. Tenemos el desafío de la construcción del sendero peatonal que va desde Bellavista hasta la iglesia y convertirlo en un sendero de la memoria. La comunidad quiere sembrar árboles que están en peligro de extinción por el conflicto y ponerles los nombres de las víctimas. Todo eso significa una mayor responsabilidad, aunque no puedo dejar de decir que me da miedo.
¿Por qué?
Porque estamos implementando acciones en el contexto de la guerra y tenemos amenazas. Yo no puedo acompañar directamente muchas de las acciones y también me da miedo por los funcionarios de la entidad. Los grupos armados no están respetando la labor de una institución que debería ser catalogada como humanitaria, debería ser de las más respetadas y valoradas dado que estamos reparando los dolores de las víctimas. Y me da miedo porque no tenemos las condiciones mínimas. De los 26 municipios que nosotros atendemos, al menos 19 cuentan con un concepto desfavorable en los temas de seguridad. Eso significa que tenemos limitaciones para promover retornos de comunidades a esos territorios que están en disputa. También me da miedo por la expectativa de la sociedad chocoana porque tenemos muy pocas posibilidades de dar respuesta concreta a esas exigencias que ellos tienen.
¿Cómo es eso de que usted se indemnice a usted mismo y a su familia?
Afortunadamente la ruta de reparación es muy rigurosa, hay una plataforma que se lleva desde el orden nacional, entonces los directores no definimos a quién se entregan las indemnizaciones. Como director me ha tocado planear las visitas y ahora que fui a Bojayá en el marco de la conmemoración del 2 de mayo para atender a la gente, vino mucha gente de mi pueblo, de Pogue y ahí estaba mi mamá… le dije que le tocaba hacer la fila igual que todos para que la atendieran, pero por su condición de mayoría de edad, la gente la dejó pasar. Pero no es fácil para uno como director volver y verle la cara a la gente 23 años después y ver que a muchas personas se les murió el papá o la mamá esperando la indemnización. Y uno se cuestiona por lo que podemos hacer cuando tenemos recursos limitados, por ejemplo, por la no aprobación de la ley de financiamiento y por la reducción de la cooperación internacional que significó que seis planes de reparación colectiva y unos 45 planes de retorno y de reubicación ya no se pueden hacer, quedaron totalmente desfinanciados.
Pero hay otro elemento aun más grave. La política de reparación colectiva se debe implementar a través de la consulta previa y ese ejercicio lo garantiza el Ministerio del Interior, pero aquí en el Chocó no hay representante de ese ministerio. Entonces todas estas jornadas se deben hacer de manera virtual con funcionarios desde Bogotá y eso es un fracaso en un departamento donde no hay conectividad. A veces el ministerio nos dice un día antes que no se puede hacer la reunión, pero ya la comunidad se ha movilizado hasta el punto donde hay conectividad. Eso es tragedia para mí como director para avisarle a la gente que la jornada no se va a realizar y la gente ya gastó recursos para movilizarse. La política de implementación del Acuerdo de Paz es inviable si no tenemos la presencia permanente del Ministerio del Interior como garante de la consulta previa. El acuerdo étnico está cimentado sobre la participación y sobre la consulta previa de las comunidades étnicas.
Con todo lo que nos ha dicho, ¿qué posibilidades hay para que se dé el retorno de las comunidades que están en condición de desplazamiento en Bogotá?
De los 26 municipios del departamento, 19 no tienen condiciones de seguridad. Y no soy yo como director de la unidad quien determina el estudio de seguridad. Hay un procedimiento que está reglado: la gobernación convoca a un comité de justicia transicional, allí la fuerza pública presenta un informe, a partir de nueve categorías y las autoridades locales y otras instituciones presentamos nuestros análisis y votamos.
Ese comité sesionó hace unos 15 días aproximadamente. Eso pone a la entidad en una situación compleja porque los principios rectores del retorno son dignidad, seguridad y voluntariedad y si no se tiene uno de ellos, no se pueden hacer el retorno ni las reubicaciones y eso genera choques y dificultades con la población. En el caso concreto de la zona de Andágueda, la mayor población corresponde al municipio de Bagadó, que fue valorado con concepto negativo tanto para la zona urbana como la rural.
Uno de los criterios es la presencia de los actores armados y en esos municipios tenemos el ELN, las AGC y ya están llegando las disidencias a algunos municipios. Por otro lado, tenemos la presencia de actividades de minería, aprovechamiento forestal y actividades de narcotráfico. También se analiza si esos municipios han sido objeto de afectaciones y revisamos el histórico de alertas tempranas. Las mismas autoridades locales, los alcaldes y las personerías dicen que no tenemos condiciones para retornar. A mi juicio esto prende una alarma para el país porque eso quiere decir que el Chocó sigue quedando en un nivel de desprotección muy fuerte y se reducen las acciones del Estado.
*Esta pieza periodística hace parte de la iniciativa “Comunidades que Transforman” de El Espectador, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por su sigla en inglés) y la Embajada de la Unión Europea. Esta es una alianza para producir contenidos que narran los esfuerzos de las organizaciones comunitarias, las autoridades y el sector privado en la construcción de paz.
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