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En las montañas del sur de Nariño, en la calidez del Caribe samario y en los agitados caminos del Catatumbo, mujeres diversas —campesinas, afrodescendientes, indígenas, migrantes, víctimas del conflicto armado— han construido una agenda común por la paz territorial.
Allí, donde la guerra ha hecho más estragos, las mujeres han decidido no quedarse calladas. A través del proyecto Rumbo a la Paz, liderado por el PNUD y la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz (IMP), cientos de lideresas han construido propuestas concretas para transformar sus territorios y hacer peticiones que lleven a una paz con justicia social y equidad de género en medio de los procesos de diálogo con los Comuneros del Sur, en Nariño, la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), en Catatumbo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, en Santa Marta y de forma más tangencial, el ELN - aún cuando el proceso está detenido-.
El proyecto Rumbo a la Paz ha sido fundamental para visibilizar, sistematizar y posicionar las demandas de las mujeres en los territorios. Su enfoque metodológico, basado en la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU que remarca la importancia de las mujeres en la construcción de paz y seguridad, se ha centrado en el reconocimiento de distintos tipos de exclusión y ha permitido construir planes de transformación con legitimidad social y pertinencia territorial
Este reportaje recoge las voces, demandas y propuestas de mujeres organizadas en Santa Marta, Norte de Santander y Nariño, revelando una hoja de ruta que, si es tomada en serio por el Estado y los actores en negociación, podría reconfigurar las bases estructurales del conflicto armado desde una perspectiva feminista, territorial y de cuidado.
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Nariño, el centro de la paz territorial necesita un enfoque de género
En Samaniego y Cumbal, dos municipios marcados por la presencia del grupo Comuneros del Sur, las mujeres han levantado una agenda territorial que parte del reconocimiento de sus propias condiciones: aislamiento, pobreza, violencia y exclusión estatal. A través de talleres y espacios participativos liderados por la Alianza IMP, se estructuró el ‘Plan de Transformaciones de las Mujeres para la Paz Territorial’, un documento que recoge las principales exclusiones que enfrentan las lideresas nariñenses.
María Eugenia Parra, lideresa de Nariño y sobreviviente de múltiples violencias, resume el espíritu de este proceso: “Queremos programas y proyectos que promuevan nuestra dignidad, que nos permitan reconstruir nuestras vidas y el tejido social. Hemos cargado en nuestros cuerpos y almas las marcas de la violencia, pero nos levantamos con resiliencia. Queremos un futuro libre de violencia, donde se apoyen nuestras escuelas deportivas, culturales y musicales, donde los niños cojan un balón y no un fusil, un instrumento y no un arma. También exigimos justicia: que delitos como la desaparición forzada o la violencia sexual no sean juzgados por la justicia propia, sino por la ordinaria”, explica.
Entre las propuestas más urgentes está la mejora de la infraestructura vial para facilitar la movilidad rural y la comercialización de productos, así como el impulso de la industrialización comunitaria de aceites y alimentos con base en saberes ancestrales. Las mujeres también reclaman real a salud, educación, justicia, y la creación de casas de armonización para víctimas en resguardos indígenas.
Alexandra Morán, representante legal de Avafe, Asociación de Víctimas Abrazando el Futuro con Esperanza y Razón, también hace sus peticiones.
“Queremos que se cumplan las políticas públicas que ya están en papel, que no se queden ahí. Necesitamos autonomía económica, vivienda, vías, y que las mujeres podamos sacar nuestros productos desde las zonas más apartadas. Pero también queremos verdad. La desaparición forzada es una herida abierta”, señaló.
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La participación activa en la mesa de negociación con los Comuneros del Sur es otro de los reclamos fundamentales. “Las mujeres piden ser incluidas de manera efectiva en la definición de los acuerdos que las afectan directamente y en la construcción de paz en sus territorios”, señala Ingrid Cadena, coordinadora regional pacífico de la Alianza IMP y lideresa de la Fundación Bitácora Ciudadana.
Cadena acompaña desde hace años a mujeres campesinas e indígenas de Samaniego y Cumbal, en Nariño. “Las mujeres lo primero que solicitaron fue ser parte del proceso. Conocer los acuerdos, opinar, ser escuchadas. Eso no ha pasado todavía”, denuncia.
En esta región, el grupo Comuneros del Sur tiene presencia y allí se adelanta un proceso de negociación con el Gobierno, las mujeres han alzado la voz para reclamar participación efectiva y propuestas concretas. La agenda territorial que construyeron en el marco de Rumbo a la Paz se centra en superar exclusiones históricas, como la falta de vías, el aislamiento rural, la economía precaria y la violencia estructural.
“Exigimos diálogo para saber dónde están nuestros seres queridos. La participación efectiva en las mesas es clave, porque hasta ahora no ha existido”, reafirma la lideresa Morán.
Estas mujeres han propuesto la creación de cooperativas para transformar y comercializar productos gastronómicos y artesanales, basados en saberes tradicionales. Este tipo de exclusiones, más de corte económico, parecieran no tener nada que ver con la paz, pero están ampliamente relacionadas: el equitativo a recursos y oportunidades también permite a las mujeres participar de decisiones estratégicas e incluso llegar a espacios políticos donde también han reconocido brechas.
En sus peticiones también insisten en la urgencia de justicia: “En Samaniego hay mujeres buscadoras. Ellas comenzaron con un mural. Hoy, hay una red organizada. Saben dónde buscar, pero falta apoyo”, cuenta Ingrid Cadena. El proceso de paz del Gobierno con Comuneros del Sur contempla también en su agenda un apoyo a procesos de búsqueda de desaparecidos en zonas controladas por actores armados. Las mujeres con las que ha trabajado Ingrid aún no han podido tener incidencia para participar de ese proceso.
Catatumbo: reformas en seguridad y justicia
Otro de los puntos foco de la iniciativa Rumbo a la Paz fue en Catatumbo, que sigue siendo una de las regiones más golpeadas por el conflicto. Aunque los talleres estaban pensados para hacerse en Tibú a inicio de año, la violencia que estalló justamente en enero por el ataque del ELN y los posteriores enfrentamientos de esa guerrilla con la disidencia EMBF, lo impidió. Varias lideresas no pudieron asistir a los encuentros lo que muestra otro de los impactos de lo que se ha considerado la mayor crisis humanitaria del país de las últimas dos décadas.
“Nos tocó movernos de Tibú a Cúcuta por temas de seguridad, pero mantuvimos el objetivo: que las mujeres construyeran su plan de transformaciones para la paz”, cuenta María del Pilar Sanabria, una de las facilitadoras del proceso
Las propuestas van desde el reconocimiento del trabajo de cuidado hasta reformas en seguridad y justicia. Reclaman que la protección no puede seguir dependiendo de la buena voluntad de la Unidad Nacional de Protección y que las rutas deben tener un enfoque diferencial y de género. También cuestionan que el Plan Departamental de Desarrollo no transversaliza el enfoque de los derechos de las mujeres. “La mujer no es relleno de planchas”, explicó Sanabria y agregó: “Queremos formación, protagonismo, a tierras y a contratos para cuidar el ambiente”, agregó.
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Los encuentros terminaron por hacerse en Cúcuta. Allí, las mujeres asistentes diseñaron una agenda estructurada en torno a cinco exclusiones: económica, política, rural-territorial-ambiental, jurídica y de seguridad, y cultural.
Frente a la exclusión económica, proponen exonerar de impuestos a empresas que empleen mujeres cabeza de hogar, mayores de 50 años o con discapacidad. También sugieren desmonte del IVA para emprendimientos de mujeres y fortalecimiento de redes productivas con apoyo estatal e internacional
En seguridad, exigen la erradicación de la violencia patriarcal, la regulación del uso de armas por parte de actores armados, el cese del uso de armas no convencionales y el respeto a los territorios indígenas. La presencia del Estado debe ser integral: no solo militar, sino con inversión social en educación, salud, protección y justicia.
Joana Flórez, lideresa en el asentamiento Alfonso Gómez de Cúcuta y también víctima del conflicto, recuerda la experiencia como transformadora. “Nos enseñaron a exigir nuestros derechos, a hablar con instituciones, a presentar proyectos. Nos empoderaron para denunciar cómo el Estado nos da la espalda”, asegura.
En su comunidad viven 22 familias desplazadas. “Cinco personas duermen en una colchoneta. Nos mandaron a hoteles donde nos maltrataban. No hay comida, no hay pañales, y encima nos dicen que agradezcamos lo que nos dan”, afirma Flórez. La denuncia no es menor: muchas ayudas no llegan o se entregan mal. Algunas mujeres decidieron abandonar los hoteles por el trato indigno.
Las mujeres de Catatumbo también insisten en la aplicación efectiva del protocolo de género en la titulación de tierras. Estas propuestas, articuladas con el Plan Nacional de Desarrollo y las políticas locales, pueden convertirse en una herramienta clave para la estabilización de la región.
Ruth Cotamo, mujer indígena del municipio de Villa del Rosario y vocera del Consejo de Paz de Norte de Santander, hace énfasis en esa necesidad . “Queremos titulación de tierras para las mujeres. Eso está en los protocolos, pero nadie los aplica”, dice. En los talleres de Rumbo a la Paz aprendieron a redactar propuestas y llevarlas a espacios de incidencia. “Pedimos que nos contraten para cuidar el ambiente, para reforestar, para limpiar ríos. Sabemos hacerlo. Solo falta que nos den el espacio y el recurso”, señala.
Cotamo también denuncia que en muchas zonas del Catatumbo no hay ni fiscalías, ni comisarías, ni rutas mínimas de atención. Las mujeres deben caminar horas para denunciar una agresión, y cuando lo hacen, muchas veces son revictimizadas o ignoradas. “Llegar con el ojo morado a la comisaría y que te digan que no hay cómo ayudarte es desgarrador. Por eso muchas se callan. Por eso insistimos en rutas efectivas de protección”, asegura.
También desde Norte de Santander, Jhoana García, otra lideresa, recalca que el conflicto ha dejado huellas profundas. Reclutamiento de menores, violencia sexual, amenazas, desplazamientos. “Nosotras compartimos las mismas preocupaciones. Cuando nos reunimos, todas contábamos historias similares: mujeres explotadas, niñas empujadas a la prostitución, violencia intrafamiliar. Por eso es tan importante que se nos escuche”, dijo.
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Su propuesta es clara: que las mujeres estén en las mesas, que puedan decidir sobre sus cuerpos, sus familias, sus territorios. Que se reconozca su papel como constructoras de paz. Aunque el proceso de paz con el ELN no ha estado en el centro del proyecto Rumbo a la Paz -está suspendido desde enero por el ataque a Catatumbo-, muchas de las regiones donde este grupo opera están cubiertas por estas lideresas. Las propuestas que han surgido podrían apoyar ese proceso. En zonas como Catatumbo, la presencia de esa guerrilla es una realidad.
Santa Marta: afrodescendientes por la vida y el turismo justo
En esa parte del Caribe colombiano, las propuestas de las mujeres afrodescendientes giran en torno al turismo comunitario, la justicia social y el derecho a una vida libre de violencias. Sueñan, afirman, con centros recreativos, cooperativas de guías, rutas culturales y a educación en idiomas. También reclaman un Centro Mujer y Vida que ofrezca empleo, salud y formación. Para ellas, la paz se construye desde la dignidad y el trabajo comunitario.
Entre las ideas sobresalen la creación de centros de acopio, cooperativas para mujeres en el sector turístico, espacios de formación en idiomas y guianza turística, y centros recreativos acuáticos con enfoque de género. Además, diseñaron la idea del Centro Mujer y Vida, un espacio integral para el empoderamiento económico y social, que ofrezca formación, empleo y bienestar para mujeres vulnerables.
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Álvaro Jiménez, quien hace parte del proceso de diálogo con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, reafirma que se necesita destacar el papel de las mujeres: “Las mujeres han sido eslabón de la violencia en todas las etapas del conflicto, pero también han sido las cuidadoras, las que sostienen los procesos comunitarios. Su rol debe ser reconocido y potenciado. No basta con sentarlas en las mesas, lo que importa es lo que ocurre en los territorios, en los proyectos de transformación territorial. Es ahí donde están los verdaderos pasos hacia la paz”, dijo Jiménez.
Jiménez también advierte que los grupos armados deben escuchar a sus comunidades, en especial a las mujeres. “Hay agendas de mujeres en Santa Marta, en Catatumbo, que deben ser tenidas en cuenta por todos: autoridades locales, gobernadores indígenas, líderes afrodescendientes y también los actores armados. Porque la violencia que vivimos hoy no se resuelve solo en las mesas, sino en la capacidad de construir ciudadanía desde abajo”.
A nivel nacional Ángela Cerón Lasprilla, directora de IMP, recuerda la columna de Laura Gil que la titula “la paz en pantalones” hacia el año 2012 que en el actual contexto parece estar vigente y afirma: “Recordamos que la paz se construye también con quienes no hemos hecho la guerra”.
Aunque muchas de estas propuestas no están siendo incorporadas a los planes de desarrollo municipales ni tienen garantía presupuestal, las lideresas siguen insistiendo en que no son solo una cuota del proceso, sino su corazón. “Aquí estamos nosotras”, dicen. Y no piensan irse.
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