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El actual secretario de Gobierno de San Vicente del Caguán, César Augusto Monje Fierro, empezó su carrera en el servicio público en 1998, el mismo año en el que su municipio se convirtió en sede de los diálogos de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las extintas FARC.
En ese momento era concejal. Luego ocupó diferentes cargos en la istración municipal. En 2016, cuando se firmó el Acuerdo Final con esa guerrilla, era secretario de Gobierno y estuvo muy activo en el proceso de consulta y construcción de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET.
Por eso tiene claros los aportes de su territorio a la búsqueda de la paz y las deudas históricas que el Estado tiene con este lugar en el nació, creció y se formó como público. “Nos preñaron de ilusiones y hemos parido desengaños”, dijo.
¿Cuál es la situación de seguridad y de derechos humanos del municipio?
Nosotros arrancamos el año 2025 con una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, en la que se advierte sobre algunos riesgos en el territorio, especialmente por la ruptura entre Iván Mordisco y Calarcá (que hacían parte del antiguo EMC de las disidencias de las FARC). Allí se advierten unos riesgos y se hacen unas recomendaciones. Estamos articulando las acciones teniendo en cuenta nuestras capacidades, ya que somos un municipio de sexta categoría. Confiamos en dios en que no suceda un desplazamiento masivo, ya que la respuesta que podemos dar es mínima, es muy limitada.
¿Qué advertencias hizo la Defensoría en esa alerta?
Que se pueden dar enfrentamientos por el dominio del territorio, que se puedan presentar desplazamientos masivos de la población y debemos atender a las comunidades, a los líderes sociales. En el territorio no tenemos todavía una situación que lamentar porque aquí tenemos una mesa de diálogo entre el Gobierno y el movimiento de Calarcá (Estado Mayor de los Bloques y Frentes, EBM). Eso también permite que las comunidades se pronuncien, denuncien y puedan reclamarle al Gobierno Nacional mayor atención.
Hace una semana el gobierno nacional, a través de la ANT, entregó unos títulos de propiedad en el Yarí, ¿Qué significa esto para el municipio?
Este municipio es de sexta categoría, es uno de los municipios más grandes del país y requiere de la inversión del gobierno nacional. Para nosotros es muy importante tener seguridad jurídica con las tierras, pues esa ha sido una reclamación histórica; este municipio tiene una condición por ley segunda que imposibilita tener títulos de propiedad de los predios. Con esa entrega de 63 títulos en la zona del Yarí, una zona que no se había impactado por parte de la institucionalidad con inversión social, se empiezan a desatrasar ese arrume de peticiones históricas. Hoy esos campesinos ven una esperanza, gracias a esta mesa están siendo escuchados y aspiramos que efectivamente siga llegando la inversión social, que siga llegando la seguridad jurídica para el territorio. Hay que aprovechar este momento histórico.
¿Eso significa que sí le han llegado beneficios al municipio por prestar su territorio nuevamente para los diálogos de paz?
Nosotros como istración municipal no vamos a desaprovechar esta oportunidad. Es bienvenido lo poco o lo mucho que llegue, ya que son beneficios para las comunidades. Nosotros estaremos atentos para seguir articulando y respaldando para que nos llegue.
Algunos líderes campesinos han señalado que las transformaciones territoriales que se están gestionando en la mesa de diálogo con el EMB corresponden a acuerdos incumplidos por el gobierno desde 2021 otros vienen del Acuerdo de Los Pozos hace dos años, ¿Qué opinión tiene al respecto?
En este territorio hay campesinos y campesinas que han llevado una lucha para tener un reconocimiento como sujetos de derecho, que hoy ya tienen. Y la principal reclamación ha sido la seguridad jurídica con su unidad productiva, con su pedazo de tierra. Casi el 70% del territorio está afectado por Ley Segunda (zonas de reserva forestal que no pueden tener títulos de los predios que habitan). Una salida es que se puedan constituir zonas de reserva campesina, porque esa figura permite que se puedan sustraer terrenos y tener seguridad jurídica con su pedacito de tierra. Esa reclamación se hizo nuevamente por los campesinos hace una semana antes la Agencia Nacional de Tierras. La aspiración es que además de conformar la Zona de Reserva Campesina, el gobierno llegue con proyectos productivos para el territorio, porque tenemos el espejo de lo que ha sucedido con la Zona de Reserva Campesina del Pato Balsillas que se conformó en los años noventa, es la más antigua, y apenas hace poco ha empezado a llegar la inversión social del gobierno.
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Algunas personas dicen que en el Yarí tiene influencia Calarcá Córdoba, jefe del Bloque Jorge Briceño de las disidencias del EMB, y que quienes recibieron los títulos son guerrilleros, ¿Qué puede decir al respecto?
Esa entrega es un avance y considero que es un mensaje de que para lograr la paz se deben atender las necesidades que tienen nuestros campesinos. Entregar 63 títulos en medio de tantas necesidades es un porcentaje mínimo, pero hay que mirarlo más allá. Es una muestra de que cuando hay voluntad se pueden resolver las peticiones históricas de los campesinos. Ese campesinado lleva décadas construyendo y sosteniendo las vías terciarias que ni siquiera el gobierno nacional conoce. Aquí tenemos más de 4.000 kilómetros de vías terciarias que sostienen los mismos campesinos. No han sido las FARC, han sido los campesinos que con su esfuerzo, hacen su aporte voluntario y gracias a eso cuando llega el verano sostienen su vía. Gracias a eso podemos llegar al Diamante en 4 horas y no en 4 días como era antes; antes era inimaginable ir y volver el mismo día. Este es un territorio que tiene mucha desconfianza porque han parido mil desengaños con las mil promesas que les han hecho gobierno tras gobierno.
La gente a la que le entregaron los títulos son incluso los hijos de esos colonos que llegaron hace 50 o 60 años abriendo trocha para crear sus fundos. Yo hago parte de ese proceso de colonización. Mi papá vino de Campoalegre, Huila, y mi mamá es de aquí del municipio de San Vicente del Caguán. Yo nací Hace 50 años y conozco ese sacrificio que hicieron esos primeros colonos; yo me les quito el sombrero a ellos. Es que aquí tenían que andar varios días para conseguir la sal y algo de granos. Uno conoce a esas personas que recibieron los títulos y que lograron tantos años después lo que su papá y su mamá no lograron.
¿Qué significó para este municipio ser sede de los diálogos entre 1998 y 2002? ¿Llegaron las inversiones que tanto se prometieron en ese momento?
Pasamos de tener en ese tiempo 12 o 14 barrios a tener 70; teníamos el 70% de la población concentrada en el área rural y luego pasó a ser el 50%; dos años antes habíamos inaugurado el acueducto municipal con una proyección para 30 años y se nos quedó corto en 10 años. Apenas arrancó la zona de distensión llegaron 580 familias que se asentaron en lo que se llama hoy Ciudad Bolívar. Entonces las necesidades se desbordaron. La zona de distensión generó mucha expectativa y todavía hoy tenemos necesidades de saneamiento básico, tenemos la necesidad de un acueducto. Pasaron muchos años para que volviera la institucionalidad después de la zona de distensión; recuerde que a nosotros se nos fue el juzgado, la Fiscalía, se fueron los bancos y sufrimos mucho para que volviera el sistema financiero a San Vicente.
Luego nos crearon otra expectativa con los PDET. Todos trabajamos con los campesinos y las campesinas, con los líderes sociales, soñando con el municipio que queríamos y todavía queda la deuda histórica, se hicieron unas cosas muy pequeñas, yo pienso que nos quedamos con una pequeña muestra.
Lo más difícil para nosotros ha sido el estigma que nos crearon que fue muy berraco. Yo pertenecía al gremio transportador, tenía un taxi de servicio urbano con placa de San Vicente del Caguán. Cuando iba, por ejemplo, a Bogotá, no se imagina a cuántas requisas me sometían. Cuando uno mostraba la cédula, todo el mundo lo miraba a uno como si fuera guerrillero.
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¿Qué le significó al municipio la firma del Acuerdo Final en 2016?
Durante ese proceso se sintió tranquilidad en el territorio. San Vicente del Caguán siempre le ha apostado a la paz. Acogió la población de firmantes que se desmovilizó y se quedó en el territorio; a ellos se les dio respeto y nos familiarizamos con su participación en diferentes escenarios. La preocupación hoy es por el riesgo que tiene esa población que se acogió al proceso, que creyó en el proceso. Por otro lado, los campesinos creyeron en el plan de sustitución de cultivos de coca, pero esa es otra promesa incumplida. Yo era secretario de gobierno cuando vino el Gobierno Nacional a hablar de que se iba a implementar la sustitución de cultivos de uso ilícito. Más de 500 familias le apostaron a ese programa y desde el comienzo empezó a fallar. Les prometieron que los iban a sostener durante un tiempo para poder alimentar a las familias, mientras arrancaban los proyectos productivos apoyados por el gobierno, pero nunca arrancaron. Las familias sufrieron mucho y perdieron la credibilidad en el gobierno. Nos hicieron parir desengaños, nos preñaron de ilusiones. Desde entonces estamos pidiendo seguridad para nuestro pedacito de tierra, que llegue la educación y que tengamos un hospital que nos de atención porque hoy tenemos que salir corriendo para Florencia.
¿No se ejecutó nada de los PDETS?
La ART anuncia con bombos y platillos cuando entrega cuatro cantinas de leche y aquí las necesidades son muchísimo más grandes. Además, nos piden que a las inversiones que hace el municipio con sus propios recursos que les pongamos el sello PDET. Y no estamos de acuerdo porque se supone que tenían que llegar nuevos recursos.
¿Qué trámite se realizó entre la alcaldía y la ANT con respecto al colegio que las FARC construyeron y entregaron a la comunidad el año pasado?
Somo conscientes de que estamos en un momento histórico y lo peor que podríamos hacer es ser inferiores a este momento, no podemos ver que nos llega algo y decir que no lo recibimos. Con toda esta problemática del colegio que se volvió un chicharrón, el alcalde decidió recibirlo para seguir en el tema de la formalización y lograr el propósito principal que es poner a funcionar esta infraestructura para que preste un servicio a una población que lo requiere. Son los niños, las niñas, los jóvenes y los adolescentes del territorio de una zona tan apartada. Este trámite era necesario para darle seguridad jurídica al predio donde está el colegio, ya que era un territorio baldío.
Hicimos lo pertinente con la Agencia Nacional de Tierras, llenar todos los formularios y solicitar que le adjudiquen ese bien al municipio de San Vicente Caguán. Lo que se hizo fue abrir el proceso de solicitud que hace el municipio para que se le adjudique. Ese es el primer paso, no tenemos todavía resolución de adjudicación. Eso hay que aclararlo. También hay que aclarar que el municipio no tiene la competencia de la educación en el municipio. La competencia es del gobierno departamental y lógicamente del Ministerio de Educación. Lo importante es que se pueda prestar el servicio.
¿De dónde saldrán los docentes, el presupuesto de funcionamiento y el transporte para los estudiantes?
El gobierno tiene que ser consciente, a través del Ministerio de Educación, que debe suplir las necesidades que surgen en ese colegio, como los docentes y el transporte de los estudiantes, porque el municipio no tiene la capacidad para atenderlas. El señor gobernador también ha manifestado la misma preocupación. Se creó una situación y el gobierno de responder. Ese es uno de los territorios más alejados de la urbanización, por eso ya se creó una comisión por parte del Ministerio de Educación por solicitud del rector de la institución San José de Caquetania, que tiene varias sedes para verificar técnicamente qué estudiantes irán al nuevo colegio. El reto es que no se desaproveche esa infraestructura y no nos quede un elefante blanco. Existe la preocupación de que el colegio se empiece a deteriorar y por eso se habló de llevar un programa transitorio del SENA.
*Esta pieza periodística hace parte de la iniciativa “Comunidades que Transforman” de El Espectador, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por su sigla en inglés) y la Embajada de la Unión Europea. Esta es una alianza para producir contenidos que narran los esfuerzos de las organizaciones comunitarias, las autoridades y el sector privado en la construcción de paz.
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